Exigen que se aplace la suspensión de pensiones por invalidez
Tras recolectar reclamos, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al gobierno nacional a aplazar el apercibimiento de suspensión de pensiones no contributivas hasta que no facilite el acceso a la renovación.
A raíz de la preocupación que desde el ámbito local fue sumando voces en todo el país, en torno a las pensiones de las personas con discapacidad, en los últimos días tomó intervención la Defensoría del Pueblo de la Nación, y este lunes, desde el organismo informaron que exhortaron a las autoridades nacionales a aplazar la suspensión de pensiones por invalidez hasta tanto no facilite el acceso al trámite de renovación para cumplir con los plazos.
En Mar del Plata, alrededor de 18 mil pensiones por invalidez están en riesgo, al igual que en todo el país, desde que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) notificó a los beneficiarios de las pensiones no contributivas que debían renovar el Certificado Médico Obligatorio (CMO) en un plazo de 60 días -prorrogable a 30 más- o en caso contrario dejarían de cobrarlas.
El problema surgió, en primer lugar, por los tiempos que se manejan en los centros de salud públicos en torno a la entrega de turnos para actualizarlo, y también porque a raíz de cambios impuestos por la Agencia, no todos los centros estaban habilitados para hacer un proceso de renovación, que ahora se realiza a través de un sitio web.
Algunos de los primeros organismos en hacerse eco de lo sucedido fueron las defensorías de los municipios bonaerenses, quienes ya advertían meses atrás en conjunto por la “inminente quita” de las pensiones: “Lo manifestado resultaría eficiente en un plano ideal. En la realidad de los establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires constituye un acto de cumplimiento imposible por el desborde actual de nuestros Hospitales”, explicaron a través de un comunicado.
En paralelo, desde la Defensoría del Pueblo local, advirtieron que son alrededor de 18 mil pensiones las que están en riesgo en la ciudad y que, ante el engorroso trámite de renovación, llegaron cientos de intimaciones a los beneficiarios.
De inmediato, ante el aumento de los reclamos, quien tomó intervención fue la Defensoría del Pueblo nacional, quien días atrás empezó un relevamiento y ahora informó que exhortó a la Agencia de dar marcha atrás con los plazos “hasta tanto no se garantice la debida instrucción a los Establecimientos de Salud Oficiales para la confección del Certificado Médico Oficial Digital”.
“Urgidos por los plazos, las personas intimadas recurrieron a Salas u Hospitales públicos, pero ninguno de ellos refería conocer el trámite por el que los ciudadanos recurrían, ni contar con medios o elementos necesarios para formalizar el trámite digital. Por ello, se dictó una resolución en la cual se hizo referencia a la responsabilidad del Estado por sus actos propios en el accionar, que desarrolla en el ámbito de sus relaciones con los particulares”, como así también a la necesidad de proveer protección especial y garantía de respeto de los derechos humanos a ese grupo vulnerable”, informaron en un comunicado.
