Fallo contra el aborto: “El juez López busca frenar derechos sexuales y reproductivos”
Lo expresaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Mar del Plata y pidieron “un nueva resolución respetuosa en materia de derechos humanos”.
Conocida la polémica resolución tomada este lunes por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, de hacer lugar a una medida cautelar y suspender la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Mar del Plata cuestionaron que el magistrado “busca frenar derechos sexuales y reproductivos” y ante la apelación que realizará el gobierno nacional pidieron “una nueva resolución respetuosa en materia de derechos humanos”.
Desde la Campaña impulsora de la histórica ley que terminó por ser sancionada en el Congreso de la Nación en diciembre pasado y promulgada por el gobierno en enero emitieron un comunicado para repudiar “el fallo del juez López que busca frenar derechos sexuales y reproductivos”.
“Nos vemos en la necesidad de aclarar que los abortos se van a seguir realizando dentro y fuera del sistema de salud, porque las mujeres y disidencias con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, reconocido por ley nacional”, expresaron, en primer término de la Campaña, responsables de 15 años de lucha en búsqueda del acceso al aborto legal.
En ese sentido, remarcaron que “el debate nacional está saldado“: “La democracia, por medio de las instituciones correspondientes, analizó la cuestión y resolvió una ley que contó con el análisis pormenorizado de aspectos sanitarios y constitucionales”.
En otro tramo del comunicado lamentaron no verse sorprendidas con “sectores minoritarios antidemocráticos” que “quieren obturar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, valiéndose de alianzas misóginas”. También solicitaron el dictado de “una nueva resolución respetuosa de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Y, fundamentalmente, hicieron foco en el trabajo que se mantiene para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio nacional. En ese sentido, plantearon que ese trabajo “cuenta en Mar del Plata con una fuerte participación en el sistema de salud” y puntualizaron que la ciudad “tiene un protocolo municipal, y adhesión provincial al protocolo nacional para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
En la misma línea, expusieron que tanto el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) como el Materno Infantil y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales “cuentan con personal idóneo para brindar información y realizar los abortos de forma segura, libre y gratuita”.
Además, entre las acciones que llevó adelante el Estado, recordaron que a nivel nacional se cuenta con una línea (0800 222 3444) “donde con una llamada gratuita y confidencial cualquier persona puede acceder a información científica y laica sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, así como del acceso a la interrupción voluntaria de embarazos no deseados; y donde se realizan derivaciones y recepcionan denuncias sobre la obstrucción en el acceso a estos derechos”. Finalmente, destacaron la tarea desarrollada por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir para “garantizar las prácticas y el trato digno”.
La acción de amparo contra la ley del aborto legal que derivó en la resolución tomada este lunes por el juez López -un activo militante en contra de la legalización y despenalización del aborto en Argentina- fue presentada por un particular, Héctor Adolfo Seri, y concretamente tiene como objetivo “que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610” al considerar que “el plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”.
En el marco de la tramitación de ese amparo es que el juez López dictó este lunes la medida cautelar hasta tanto resuelva la cuestión de fondo que motiva el amparo y ordena el Estado Nacional “la suspensión de la aplicación de la mencionada norma, protocolos y resoluciones“. Este mismo lunes a la noche desde el gobierno nacional adelantaron que apelarán la polémica resolución.
