Flota pesquera: diputados oficialistas rechazan el decreto de “modernización” de Macri
Presentaron un proyecto de rechazo al DNU 145/19 en el cual el expresidente promovió la renovación recién en 40 años y vulneró la soberanía de los recursos pesqueros.
Legisladores oficialistas presentaron en el Congreso nacional un proyecto de rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia N°145/19 en el cual el expresidente Mauricio Macri dispuso la “modernización” de la flota pesquera nacional en un plazo de 40 años y poniendo en juego paralelamente la industria y la soberanía nacional al no promover el recambio en los astilleros locales y permitir que los permisos de pesca queden en exclusivo control de bancos.
En el marco de constantes expresiones en contra al decreto de modernización, sobre todo por parte de familiares de víctimas de hundimientos como la Multisectorial Ningún Hundimiento Más, quienes ya estaban trabajando en un proyecto junto a los legisladores Pino Solanas y Alfredo Luenzo -no así de empresas armadoras-, esta vez los propios diputados Ailén Carol, Mirta Soraire, Julio Solanas y Guillermo Carmona (ahora oficialistas) son los que proponen el rechazo, a la espera de la respuesta del presidente, Alberto Fernández.
En primer lugar, expusieron que el decreto sobrepasa las atribuciones del Poder Ejecutivo al avanzar sobre disposiciones de carácter legislativo sino que, además, “atenta contra los intereses nacionales y la soberanía pesquera” del país. Es que –cabe recordar- el DNU llegó mientras en las comisiones se discutía un proyecto de renovación que tenía el visto bueno de familiares de víctimas de hundimientos. “No existe urgencia alguna para hacerlo fuera del período ordinario”, advirtieron.
Según señalan en el proyecto, detrás de la denominada “modernización” de la flota, el expresidente persiguió la intención de esconder “intereses y cambios estructurales” a través de los cuales promovió la transformación de una actividad productiva como la pesca, a una inmobiliaria y financiera: “Todo ello en desmedro de una política pesquera nacional sustentable”, aseguran.
En segundo lugar, lamentaron por la posibilidad de los empresarios pesqueros de utilizar los permisos y cuotas de pesca como garantía a la hora de pedir créditos para renovar los buques, a pesar de que los recursos pesqueros “que se habilitan en forma transitoria mediante instrumentos, que son de propiedad exclusiva del Estado Nacional, y el empresario, es un mero concesionario”, añadieron.
“Esta participación de los bancos en la renegociación de la venta de los permisos de pesca, le genera al estado una pérdida de control de los recursos, si los bancos transfieren los permisos pesqueros, como instrumentos financieros. Como consecuencia de ello, se enajena el patrimonio nacional, y por lo tanto, la potestad del estado en su capacidad de administrador de los recursos naturales, y al mismo tiempo, un total vaciamiento de las políticas pesqueras”, continuaron.
