Flota pesquera: Macri oficializó el polémico DNU de “modernización”
Lo presentó luego de reunirse con funcionarios y empresarios. Desde la Multisectorial Ningún Hundimiento Más habían advertido su rechazo a un decreto que “garantizar los negocios de armadores, bancos y astilleros extranjeros”.
El presidente Mauricio Macri oficializó este lunes el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que establece bases para la “modernización” de la flota pesquera, en el marco de la reunión de la “Mesa de Pesca” que se desarrolló este lunes en la Casa Rosada entre funcionarios, empresarios y cámaras del sector. El DNU es fuertemente criticado por Ningún Hundimiento Más por “garantizar los negocios de armadores, bancos y astilleros extranjeros”.
Según el gobierno, el decreto busca “promover la renovación de la flota de buques con permisos vigentes de pesca que le permitirá al sector potenciar su cadena de valor e impulsará la generación de empleo en la industria naval nacional”. A pesar del proyecto presentado por el senador Pino Solanas, a partir del cual se iba a plantear el debate entre distintos sectores, el gobierno decidió cerrar el debate con un decreto y tras una serie de reuniones con algunos empresarios.
De la reunión participaron el presidente, sus ministros de Producción y Trabajo y Agroindustria, Dante Sica y Luis Etchevehere, la gobernadora María Eugenia Vidal y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, junto a empresarios y cámaras del sector.
De acuerdo con el borrador del decreto presentado ante los empresarios, cumplido el plazo de 20 años, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años. No obstante, la misma podría ampliarse a 60 años si los empresarios acreditan reparaciones en el 60% de las naves o si se fija como destino la captura de calamar.
A su vez, prevé “incentivos” para los buques que sean reemplazados a través de astilleros nacionales. Otro de los puntos polémicos del decreto está en que los propietarios de buques podrán ofrecer sus permisos de pesca como garantía de forma complementaria a la hipoteca naval, junto a la autorización de pesca y la cuota individual de captura.
Esto se suma a que, en enero, el gobierno habilitó una línea de crédito a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la adquisición de buques pesqueros construidos en astilleros radicados en el país, por un monto total de 500 millones de pesos.
EL RECHAZO DE NINGÚN HUNDIMIENTO MÁS
Desde la Multisectorial formalizada luego del hundimiento del Repunte, advirtieron que el decreto no modifica mucho la situación actual del puerto marplatense, ya que se garantiza que continúen navegando barcos de 60 años de antigüedad. “Es totalmente a contramano de lo que sucede en el mundo, donde se establecen límites a la navegabilidad de las embarcaciones (máximo 40 años)”, advirtieron.
Asimismo, agregaron que se firmó un acta de acuerdo junto a algunos empresarios para la reducción de aranceles para la adquisición de buques usados en el extranjero, y que “la industria naval nacional seguirá restringida a la construcción de buques pesqueros de eslora inferior a los 35 metros”.
También cuestionaron la adquisición de buques, en la cual los empresarios a partir del decreto podrían construir un barco y poner de garantía el recurso pesquero, pese a que, por ley, es propiedad exclusiva del Estado y el empresariado es solo un concesionario. “¿Qué sucederá si los armadores no cancelan los préstamos? Los bancos se quedarán con los permisos de pesca y el Estado perderá control sobre los mismos”, apuntaron.
“No hay ni protección, ni promoción de la industria, hay entrega y apertura de nuestro caladero para las embarcaciones que se descartan en Europa y el mundo. Por eso afirmamos nuestro rechazo absoluto a la actitud del gobierno de cerrar el debate con la intención de garantizar los negocios de armadores, bancos y astilleros extranjeros”, lamentaron.
