Gremios industriales debatieron en Mar del Plata un “acuerdo estratégico” hacia 2030
Con planteos a largo plazo pero con foco en las elecciones, la Confederación de Sindicatos acordó en Mar del Plata propuestas a empresas y gobiernos.
En medio de una crisis política y económica, con una precarización y empobrecimiento acuciante de la clase trabajadora a nivel nacional y local, agudizada en los últimos años a pesar de un crecimiento de la economía, gremios del sector industrial de todo el país se reunieron en Mar del Plata para delinear una propuesta destinada al sector empresario y político, con objetivos a largo plazo pero también enfocadas en el cambio de gobierno de este año en las elecciones.
Este viernes se reunió en Mar del Plata la Confederación de Sindicatos de la Industria de la República Argentina (Csira), integrada por más de 40 organizaciones gremiales de todo el país, con el principal objetivo de dar a conocer su “Propuesta para un acuerdo industrial, productivo y social” de cara a las elecciones del 2023.
El documento final del encuentro -del que incluso participó el secretario de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, José Ignacio de Mendiguren y el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa– consta de más de 40 páginas en las que desglosaron cómo debería ser el programa industrial del país en los próximos años y fue titulado “Acuerdo Estratégico de Desarrollo de la Industria, del Agro y de la Biotecnología Argentina 2030”.
En líneas generales los gremios buscarán consensuar con el sector patronal y político “fortalecer la matriz de industrialización, integrando los sectores y desarrollando las cadenas de valor, convocando a la vinculación virtuosa”, que también incluya a las universidades nacionales y organismos científicos estatales
Entre los principales ejes del documento final, desearon que el modelo de desarrollo industrial “se funde en la cultura del trabajo” y que la extracción de recursos naturales -principalmente alimentos, minerales y energía– incluya el agregado de valor a las materias primas en el origen de la cadena y una ley que modifique el ordenamiento territorial para “priorizar la producción, el uso del suelo y del agua”.
También, pidieron que se fomente -por ejemplo, a través de legislación, una industrialización en el marco de una transición energética, es decir, utilizando fuentes renovables de energía, y que los insumos difundidos (elementos como el aluminio, polímero o vidrio que permiten a la industria agregar valor en la cadena productiva) dejen de estar concentrados en pocas empresas y se desdolarice su costo. Para ese último punto, propusieron la creación de un “Instituto de Insumos Difundidos”.
En lo que respecta a las nuevas tecnologías, el “acuerdo” apunta a que sea utilizada para reinsertar a trabajadores al mercado laboral formal, reconvertir puestos de trabajo en aquellos vinculados a nuevas modalidades de producción y que se impulse la exportación de desarrollos.
A su vez, rechazaron la idea de que los salarios deben achicarse para mejorar la estructura de costos de las manufacturas y pidieron que la capacitación y la formación técnico-profesional sea una política de Estado de prioridad.
Un párrafo aparte mereció el actual endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. Al respecto, señalaron la importancia de conocer las responsabilidades del préstamo, si fue utilizado para la especulación y que la deuda sea pagada “por los responsables de haberla tomado”. Entre otras cuestiones, también subrayaron las consecuencias de la política bimonetaria, la gestión de los aportes a la salud de los trabajadores, la violencia de género y el déficit habitacional como factores que hacen al bienestar de las y los trabajadores.
Por último, entre sus conclusiones y de cara a los debates electorales, remarcaron que ese proceso de industrialización que buscan potenciar tiene que contar con participación de distintos sectores intervinientes y, sobre todo, con el Estado como árbitro: “Estas responsabilidades no pueden recaer en manos de privados“, marcaron.
“Estas directrices elaboradas por la CSIRA serán presentadas y debatidas con el sector empresario representativo de cada uno de los eslabones de las diferentes cadenas de valor, a fin de poder tener una propuesta integral y consensuada de trabajadores y empresarios, única forma de darle viabilidad de implementación. Posteriormente será presentada al Estado Nacional, en los ámbitos de sus competencias, y a los futuros actores y actoras protagonistas del proceso electoral 2023”, concluyeron.
