Le piden a la Corte la suspensión preventiva de Fernández Garello
Lo hicieron desde la Comisión Provincial por la Memoria, organismos de derechos humanos y sindicatos. Remarcaron que el tribunal provincial “cuenta con suficientes atribuciones para intervenir”.
Los reclamos por la continuidad del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en su cargo se mantienen luego de semanas de la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria que lo vincula con delitos de lesa humanidad. Esta vez, diversos organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que suspenda preventivamente al fiscal.
Con una conferencia de prensa en la sede local de Abuelas de Plaza de Mayo representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, movimientos sociales y demás organizaciones dieron detalles de la presentación formulada ante la Corte que busca la suspensión preventiva del fiscal general Fernández Garello.
“La Suprema Corte tiene dicho que en ejercicio de la superintendencia Poder Judicial cuenta con suficientes atribuciones para intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia y en situaciones en las cuales se acusa a magistrados de la comisión de delitos comunes les ha otorgado licencias compulsivas separándolos de sus cargos mientras se tramita el jurado de enjuiciamiento que tratará su destitución definitiva”, argumentaron.
En este sentido, las organizaciones consideraron que “dejar en manos de un funcionario de la última dictadura militar con una seria sospecha de participación en la comisión de delitos de lesa humanidad la política criminal aplicable en un departamento judicial de tanta conflictividad social como lo es el de Mar del Plata afecta a la recta justicia y mucho más aún cuando tiene sobre sí la experiencia de haber sido parte del engranaje represivo la inteligencia estatal del terrorismo de estado que estuvo orientada al espionaje, infiltración, persecución, detención y desaparición de activistas políticos, sociales, sindicales, religiosos y de derechos humanos”.
En este sentido, acusaron que Fernández Garello “ocultó su condición de ex agente de inteligencia en los diferentes procesos de selección que transitó previo a ser designado como juez de garantías y luego como fiscal general del departamento judicial de Mar del Plata conducta que incompatible con el ejercicio de la función pública en un estado democrático de derecho”.
En noviembre, la Comisión Provincial por la Memoria presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que lo involucrarían en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.
