Juicio a las Juntas: los “ayudantes” de Strassera y los casos de Mar del Plata
Cómo se abordaron los testimonios locales en el histórico juicio y la experiencia de Lucas Palacios, el ayudante encargado de su recolección en la fiscalía.
El Juicio a las Juntas se reinstaló en la agenda pública y mediática en las últimas semanas luego del estreno de la película “Argentina, 1985” que lo retrata desde una perspectiva particular: la del fiscal a cargo, Julio César Strassera, su adjunto Luis Moreno Ocampo y los “ayudantes” que los acompañaron en la preparación de las pruebas contra los comandantes de las Fuerzas Armadas que protagonizaron el golpe de Estado del 24 de marzo 1976.
Además del plantel estable de la fiscalía y la colaboración de María del Carmen Tucci y Mabel Colalongo, el equipo de jóvenes asistentes de Strassera lo integraron Judith König, Nicolás Corradini , Carlos Somigliana, Javier Scipioni, Sergio Delgado, Carlos Somigliana, Carlos Somigliana (h) y Lucas Palacios. Justamente fue Palacios, el más grande del grupo con 27 años, quien trabajó sobre los casos de Mar del Plata que se utilizarían en las audiencias.
Cómo y por qué se abordaron las pruebas de Mar del Plata que se llevaron al juicio, su aporte en la estrategia para lograr las condenas y la experiencia personal de un joven Palacios en la fiscalía de Strassera.
EL CONTEXTO HISTÓRICO
Los primeros años de la restauración democrática eran sobrevolados por el desconocimiento de lo sucedido por parte de un sector de la sociedad, pero también por la teoría de los dos demonios según la cual el terrorismo de Estado surgió como respuesta equiparable a las acciones armadas de las organizaciones revolucionarias. Por eso, además del decreto 158/83 a través del cual el presidente Raúl Alfonsín a solo días de asumir ordenó juzgar por el plan sistemático y genocida (solo) a los comandantes de las Fuerzas Armadas que gobernaron el país entre 1976 y 1983, también emitió el decreto 157/83 que declaraba “la necesidad de promover la persecución penal” y abría la posibilidad de enjuiciar a los dirigentes de organizaciones guerrilleras como el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y Montoneros.
Por eso también -tal como expone Emilio Crenzel en “La historia política del Nunca Más” (2008)-, el decreto 158/13 no cuestionaba la legitimidad de la “lucha antisubversiva” sino la metodología ilegal empleada por parte de las Juntas.
Ese fue el marco jurídico-político del juicio y, en parte, el clima de época en una sociedad que de todos modos ya había empezado a abrir los ojos gracias a la creación de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (Conadep). Es que ese relevamiento de miles de casos brutales que salieron a la luz en el “Nunca Más” y que sirvieron para enjuiciar y condenar por primera vez a los integrantes de las Juntas, con su difusión nacional e internacional también permitió conocer el horror -al menos el acontecido desde 1976- a quienes aún lo desconocían o no lo podían ver.
Antes que las audiencias, el Nunca Más había hecho su aporte en la “revelación” de la magnitud de las desapariciones y su coordinación, y también aportó en la creación de un consenso que luego se retomaría en el juicio: el juzgamiento de los militares se sustentaba como mínimo en lo realizado contra personas que no habían participado de organizaciones revolucionarias. Es decir, el informe permitió impedir que se generalice el silencio o la hegemonía del discurso militar y civil que negaba lo sucedido e incluso lo justificaba (Crenzel, 2008).
Así, más allá de una estrategia discursiva militar basada en la hipótesis de la guerra (con el decreto 261/75 de María Estela Martínez de Perón que habilitaba al Ejército a “aniquilar a la subversión” como argumento), el juicio terminaría por probar una cuestión que ya había sido introducida por la Conadep: además del despliegue de un plan sistemático, la represión clandestina había ido más allá de las expresiones revolucionarias y el terrorismo de Estado se extendió a prácticamente cualquier atisbo de militancia política, sindical o social que discutiera el régimen económico que se impuso junto al político.
Las audiencias empezaron el 22 de abril de 1985 en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal. Luego de escuchar unos 830 testimonios y del recordado alegato de Strassera que culminó el 18 de septiembre, la sentencia de los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio se dictó el 9 de diciembre de 1985.
Las condenas para los integrantes de las tres juntas militares que se sucedieron en el poder fueron de reclusión perpetua para Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera; 4 años y 6 meses para Orlando Ramón Agosti; 17 años para Roberto Eduardo Viola y 8 para Armando Lambruschini. El resto de los titulares de las juntas, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, resultaron absueltos.
RECOLECTAR LA PRUEBA
Al ser demorado el juicio de “depuración” iniciado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la legislación permitió que lo asuma la justicia civil. Así, en octubre de 1984 lo tomó la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, y la acusación quedó a cargo del fiscal Julio César Strassera. Junto a su adjunto, Luis Moreno Ocampo, empezaron a convocar un equipo de trabajo que sería integrado prácticamente por ayudantes muy jóvenes (menores de 30 años), que se encargarían de recolectar la prueba de centenares de casos, principalmente con una fuente en particular: el informe Nunca Más que la Conadep había entregado en 1984, y los aportes de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El equipo del Ministerio Público tenía cinco meses para buscar aquello que aporte a la estrategia del fiscal: principalmente mostrar que las Juntas habían coordinado un plan clandestino que se aplicó de manera sistemática, con torturas y desapariciones de los cautivos incluso más allá de la represión a organizaciones guerrilleras. Para hacerlo, al tratarse de un accionar clandestino y desplegado en tiempos sin garantías constitucionales, debían recurrir a fuentes alternativas a las habituales.
“Teníamos 5 meses para buscar la prueba y nadie tenía experiencia de un juicio oral porque no había habido, menos de esa envergadura. Y menos sabíamos cómo juntar la prueba. Ahí fue Luis quien nos cambió la cabeza y nos dijo que teníamos que buscarla de otra manera, por fuera de los expedientes judiciales”, recuerda Palacios, en diálogo con Qué digital.
Frente a ese corto tiempo disponible y la gran cantidad de testimonios, el trabajo era arduo: “Eran jornadas interminables. Laburábamos desde las 8, 9 de la mañana hasta terminar. No había sábado, domingos ni feriados. Pero nadie dijo nunca nada por eso, no estábamos cansados, estábamos con mucha adrenalina”.
SUS PRIMEROS DÍAS, EL TRABAJO DIARIO Y EL JUICIO
Palacios había sido empleado de la Procuración General desde 1974, casi en paralelo a empezar a estudiar de Derecho. Junto a Corradini, llegó a estar designado en un trabajo derivado del decreto que ordenaba juzgar a las organizaciones guerrilleras: el secuestro (y posterior liberación) de Heinrich Metz, gerente de Mercedes Benz, por parte de Montoneros, en medio de un reclamo por reincorporación de despedidos que luego derivó en represalias y desapariciones en la comisión interna que se investigan actualmente en un juicio oral. El secuestro del empresario, en tanto, sería una de las causas que allanó el camino para la extradición de Mario Firmenich.
“Era un laburo pesado, no estaba muy cómodo, muy a gusto. Un día Luis Moreno Ocampo, que era secretario de Procuración y ya lo habían nombrado fiscal adjunto de la fiscalía de Strassera, me dijo si no quería ir a trabajar a la fiscalía. Así que me fui. Corradini había empezado unas semanas antes que yo. La Cámara acababa de tomar la causa y había notificado a la fiscalía que el juicio se hacía y había que hacerse cargo de la prueba”, recuerda.
El trabajo no era nada fácil, la presión de enjuiciar a los comandantes era importante e incluso derivó en amenazas. Si bien asegura que no recibió intimidaciones a título personal, sí recuerda que hubo una amenaza de bomba el día que empezaban las audiencias y que llegó a intervenir un escuadrón antibombas en la fiscalía. También recuerda los llamados al teléfono que utilizaban, pero que estaban tan naturalizados al punto tal que Judith, con 19 años, “una vez atendió el teléfono y le dijo que el horario de atención a las amenazas ya había terminado”.
Al ser jóvenes y ante la “adrenalina” que sentían por la tarea que estaban llevando adelante, afirma que prácticamente no tenían tiempo de sentir miedo ni cansancio: “Teníamos un grado de inconsciencia que quizás nos lo daba la edad. El más grande del grupo era yo y no tuvimos sensación de miedo. Laburábamos desde las 8 hasta la 1 de la mañana y nos íbamos caminando. Sí nos pasaba que vivíamos trayendo a nuestras cabezas las imágenes de las cosas que uno leía, de golpe me despertaba a la noche sobresaltado”, recuerda.
(Foto: Télam)
Tampoco -relata- sintió miedo al ver de cerca a los comandantes, aunque sí le llamó la atención cómo Videla en las audiencias que participó “se la pasó leyendo un libro sobre la vida de Jesucristo” y le impactó cuando Massera tuvo la posibilidad de hablar y “mirando a los jueces dijo que ellos eran los acusadores de hoy pero el día de mañana iba a volver y no sé qué más. Fue muy impactante”.
MAR DEL PLATA EN LA ESTRATEGIA
La coordinación entre las Fuerzas Armadas era el objetivo a probar y Mar del Plata, más allá de tener centros clandestinos de detención de todas ellas, tenía un rol asignado en la estrategia: sumar pruebas de la Fuerza Aérea. Para ello, se volvieron claves los casos vinculados al centro clandestino de detención de la Base Aérea, conocido por las víctimas como “La Cueva”.
“Necesitábamos casos de la Fuerza Aérea que no había muchos. El grupo de los chicos seleccionábamos los casos, los llevábamos a la fiscalía, los conversábamos todos en grupo y sobre la base de prueba más certera o fuerte era que decidíamos incluirlos”, recuerda Palacios y aclara que en principio se habían incluido muchos más que los 709 que preliminarmente seleccionaron para el Juicio.
El CCD La Cueva (Foto: archivo / Marcelo Núñez)
“La idea era mostrar en la audiencia casos paradigmáticos que habían sido ejecutados en todo el país con una metodología y había que probar que había un plan estratégico que se había desarrollado de manera similar. Por eso fue que después de esa selección que hicimos de casos y lectura de denuncias viajamos a grandes ciudades del interior”, reconstruye Palacios, que no viajó a Mar del Plata al menos en ese proceso de recolección y se sirvió de los legajos producidos por la delegación marplatense de la Conadep, principalmente casos vinculados a la denominada “Noche de las corbatas“, el secuestro de 14 personas -en su mayoría abogados laboralistas- perpetrados entre junio y julio de 1977.
Palacios recuerda que por aquellos días había “mucha resistencia” de familiares para declarar por miedo o desconfianza, y que quizás por ello tampoco había abundante información sobre esos casos en la Conadep y recuerda que “le costó mucho” que participen de las audiencias por el dolor que les provocaba rememorar todo lo sucedido, sobre todo a quienes además habían sido víctimas directas de la represión: “La elección de la Noche de las corbatas fue porque el caso era brutal. En un par de noches en el ’77 se llevaron a 14 abogados y gente que había hecho alguna representación sindical o estuvo ligada en algún momento con ellos, que habían actuado en Mar del Plata, en el Puerto, con los pescadores, etcétera”, enumera.
Específicamente, en el Nunca Más se relatan dos casos puntuales vinculados a la “Noche de las Corbatas”: Norberto Oscar Centeno (detenido el 7 de julio y asesinado días después tras ser torturado en La Cueva) y el de Jorge Candeloro (secuestrado junto a su pareja Marta García el 7 de junio en Neuquén y asesinado tres semanas después al ser torturado en La Cueva).
Sobre la actuación de las distintas dependencias policiales y militares en Mar del Plata, el informe afirma que “se estableció aquí también una estricta coordinación entre las tres Fuerzas, así como también la conexión con otras áreas represivas” y, en ese sentido, se menciona como “esclarecedor” el testimonio brindado por Marta García de Candeloro, pareja de Jorge y también víctima de la escalada represiva. Es que los Candeloro fueron detenidos en Neuquén y alojados en una Delegación de la Policía Federal, luego trasladados al CCD La Escuelita, de Bahía Blanca -perteneciente al Ejército- antes de su destino final, la Base Aérea de Mar del Plata, previa intervención del GADA 601.
“El lugar (NdR: La Cueva), salvo en los momentos de interrogatorios, controles, preparación de operativos o traslados estaba a cargo de personas que cubrían guardias desde las siete u ocho de la mañana hasta el otro día a la misma hora. Al parecer uno de ellos era el responsable y el de mayor grado, perteneciente a la Aeronáutica, el otro perteneciente al Ejército” (Testimonio de García. Nunca Más, 2003).
Jorge Candeloro y Marta García. (Foto: Infobae)
El de Centeno, por su parte, ilustraba “las más duras represalias” que recayeron sobre abogados que ejercían vinculados al ámbito laboral, un sector que se debía disciplinar para imponer el régimen económico que implantó la dictadura militar, aunque en el informe Nunca Más no se incorpore ese análisis sobre el modelo económico.
“ME CAMBIÓ LA CABEZA”
Palacios afirma que no tenía ninguna “inclinación” política pero asegura que al empezar a trabajar con la denominada “Causa 13/84” del juicio a las Juntas y cruzarse con casos como el de Candeloro o Centeno, su cabeza “cambió”.
“A pesar de que tenía conocidos cercanos que estaban desaparecidos y estuvieron en la ESMA, cuando llegué a la fiscalía y como le pasaba a gran parte de la sociedad, tenía una venda en los ojos. Yo era parte de ese sector que negaba lo que había pasado y cuando llegué a la fiscalía me cambió la cabeza. Nos dimos cuenta que la historia de terror de los últimos siete u ocho años del país pasaba por nuestras manos, y empecé a ver una realidad que para nosotros era desconocida como lo fue para muchas personas hasta que comenzaron las audiencias“, recuerda.
Ese cambio en su cabeza fue casi tan importante como el peso del trabajo que le fue designado hace 37 años: “El juicio para mí fue el laburo más importante y más grande que hice desde que tengo memoria. Todos tenemos esa misma sensación. Fue lo más importante que hicimos en nuestras vidas. Ahora, con la película, empezamos a tomar una dimensión distinta pero, como dice Luis Moreno Ocampo, los verdaderos héroes fueron los testigos. Yo creo que nosotros fuimos un instrumento para mostrar lo que pasó“.
Aunque luego del Juicio a las Juntas siguió ejerciendo como abogado -hasta hace unos años en el estudio jurídico de Moreno Ocampo Palacios- trabajó en el Poder Judicial hasta 1988, cuando empezaba a resquebrajarse la justicia iniciada en 1985: “En aquel momento me parecía que ya no había mucho espacio para seguir. Después pasó lo que pasó, la Obediencia Debida, los indultos…”.
(Foto: Télam)
