La cárcel de Batán, colapsada: la medida judicial frente a derechos que “no suman votos”
Las novedades en torno al fallo que impide nuevos ingresos por la sobrepoblación y la visión de la Comisión por la Memoria de un problema estructural y fuera de agenda.
A partir de lo relevado en distintas inspecciones de la Suprema Corte de Justicia, desde hace semanas rige la prohibición de nuevos ingresos de personas a la Unidad Penal N°15 de Batán, una medida que se hace eco de las condiciones de encierro a las que son sometidas las personas privadas de su libertad como consecuencia de la sobrepoblación. Las últimas novedades en torno a esa resolución judicial y cómo se llega hasta esta situación crítica en el abordaje de una problemática que no suma votos y, como tal, carece de un lugar preponderante en la agenda política para garantizar derechos básicos como parte del proceso de reinserción de quienes ingresan al sistema penitenciario.
Semanas después de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtiera -una vez más- por el incremento de la población detenida en contextos críticos, la jueza Mariana Irianni, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Mar del Plata ordenó en el marco de un habeas corpus correctivo iniciado el año pasado impedir el ingreso de personas en virtud de la sobrepoblación y el hacinamiento en el que sobreviven quienes son alojados en la UP N°15.
Con el correr de los días, no obstante, esa prohibición sigue vigente pero con modificaciones, ya que actualmente solo rige la limitación para personas detenidas o condenadas que pertenezcan a departamentos judiciales ajenos al de Mar del Plata.
Augusto Infante es Director del Programa de Intervenciones Complejas y Colectivas del área Contra la Tortura de la CPM, organismo que fue convocado por la jueza como el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura para intervenir en las audiencias. En diálogo con Qué digital, explicó cómo continúa el trámite de la resolución y brindó un panorama sobre lo que se vive en la UP N°15 y el resto del sistema penitenciario bonaerense.
LA RESOLUCIÓN
La resolución de la jueza Mariana Irianni se modificó la semana pasada y, según explicó Infante, se limitó a personas que provengan de otros departamentos judiciales: “Esa fue una resolución aclaratoria que emitió la jueza a pedido de la Defensoría General, que justamente evaluó el impacto que podría tener para los detenidos del Departamento Judicial Mar del Plata no poder acceder a la UP N°15″, señaló.
A su vez, otra de las novedades en torno a la resolución fue que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia hizo una presentación para dejarla sin efecto al asegurar que la Sala V del Tribunal de Casación tiene una causa abierta para resolver las cuestiones estructurales y de alojamiento en comisarías, por lo cual el Ministerio sostiene que ese tribunal debería tener competencia respecto de la cuestión de la sobrepoblación.
“En Casación están diciendo que tienen que vaciarse las comisarías, y el Ministerio de Justicia entiende que si los jueces impiden el ingreso de nuevas personas a las cárceles, ellos no pueden sacar a la gente de las comisarías y entienden que el juez competente para hacerlo es el Tribunal de Casación”, detalló Infante y explicó que esas dos cuestiones fueron planteadas en un recurso que ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
De todos modos, aclaró que la medida -con sus aclaratorias- continúa en vigencia porque el recurso presentado por el gobierno provincial no tiene efecto suspensivo. “Se está aplicando o debería estar aplicándose pero la última palabra la va a tener la Cámara”, aclaró.
La de la Unidad Penal N°15, no obstante, no es una resolución novedosa. Ante las condiciones de hacinamiento que se replican en todas las cárceles y que el gobierno provincial apunta a abordar de manera casi exclusiva construyendo nuevas cárceles, también se multiplican las limitaciones judiciales en otros departamentos.
Estas resoluciones dicen: hasta este límite de sufrimiento estamos dispuestos a someter a esta gente
“Hay en muchísimos departamentos judiciales y hay muchísimas unidades que están sujetas a medidas del mismo tenor. Una gran parte están restringidas por una decisión judicial de este tipo, porque la problemática es tan vasta que la única solución que tienen los jueces son este tipo de prohibiciones, que tampoco vienen a resolver la cuestión de fondo, pero al menos ponen un límite“.
LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN
Según los peritos judiciales, en la Unidad Penal N°15, construida hace 42 años, hay casi 1600 personas detenidas cuando en realidad tiene una capacidad de 746. Sin embargo, Infante aclara que el “problema estructural” de la sobrepoblación” es una cuestión que atraviesa a todo el complejo (integrado también por la Unidad Penal N°50 de mujeres y la Alcaidía Penitenciaria), como también al Destacamento Femenino de Alberti y Chile. Y, en un nivel macro, “caracteriza a sistema de encierro punitivo en general, en todos sus niveles”, advierte.
Según el informe 2022 de la CPM, como parte de lo que califican como la “consolidación de políticas punitivistas” en 2021, la población encarcelada -en una tendencia que se repite hace años- subió exponencialmente a una tasa general de 306 cada 100 mil habitantes en la Provincia, la más alta del país y de la historia bonaerense. Esos números, en Mar del Plata se traducen a una tasa que subió de 173 a 280 cada 100 mil habitantes en los últimos diez años. En promedio, el porcentaje de sobrepoblación, calculan, llega al 111%, número que no solo habla de personas condenadas, sino también a las jurídicamente inocentes, es decir, procesadas o sin condena firme.
Puntualmente en Batán -explica el director del programa- las celdas están originariamente pensadas para una persona y en las inspecciones llegaron a encontrar algunas ocupadas por cuatro detenidos. “Son de muy reducidas dimensiones y tienen que armarlas aunque en algunos casos hay gente que duerme en el piso con colchones. En esas condiciones sobreviven. La circunstancias son realmente muy graves“, graficó.
El de la sobrepoblación es, en palabras de Infante, el problema que “termina repercutiendo en las condiciones en las que se encuentran los edificios, particularmente la Unidad N°15”, y que también deriva en el resto de las condiciones de detención: “Partimos de la sobrepoblación porque necesariamente es la que después empieza a afectar el acceso a derechos en general de las personas que permanecen en la unidad, en todos los sentidos. Particularmente en la resolución judicial importa las condiciones materiales del edificio, pero no es el único impacto, hay otro tipo de problemas“.
Hechos de violencia, dificultades vinculadas a la cantidad de horas que pasan las personas dentro de los pabellones y las celdas, condiciones materiales deficitarias, la imposibilidad del acceso a la salud o cualquier otro recurso sanitario que se necesite, son algunas de las problemáticas que surgen rápidamente en la entrevista con Infante.
“Si la unidad no ofrece posibilidades de acceso a la salud, tampoco se tienden puentes con el sistema público externo, no existen los enlaces, las referencias. Las cuestiones vinculadas a la alimentación, la calidad y el déficit de alimentación como la imposibilidad de cualquier estrategia estamental del Servicio Penitenciario Bonaerense ante la cantidad de gente con la que tienen que trabajar, eso repercute en en malos tratos, falta de atención, de mediación real ante las circunstancias que se les aparezcan como personal de custodia”, agregó.
EL ABORDAJE Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde la CPM, como también desde distintos espacios y especialistas en la problemática, coinciden en que no es una situación que se soluciona de una sola forma, como construyendo nuevos establecimientos penitenciarios. “La respuesta tiene que ser multicausal, e involucra incluso un cambio de un paradigma cultural, a su vez la modificación de leyes regresivas, la necesidad de que se destine un presupuesto para solucionarlo, el desarrollo de políticas públicas para pensar lo postpenitenciario que es una deuda enorme de la Provincia. Decisiones de carácter de seguridad social para acompañar, la generación de empleo genuino, de revisar el sistema de registro de antecedentes penales que limita el acceso a trabajos, tenemos un montón de cuestiones a abordar para la modificación del sistema”, consideró.
Sin embargo, para que eso suceda, primero tiene que darse algo que está faltando: que la problemática supere los límites que impone a nivel político las construcciones sociales en torno a la figura del detenido y sea incluido en la agenda. “Hoy la vida de una persona privada de su libertad no le importa a nadie porque no suma votos. Todo lo contrario, los espanta porque se ha construido una idea en torno a las políticas de seguridad que es un juego de suma cero para estas personas: tienen que sufrir, estar en un lugar en donde la pasen lo peor posible y ahí falta un canal de reflexión, porque esas personas van a recuperar la libertad en algún momento“.
Por último, cuestionó la gestión del presupuesto destinado para la población penitenciaria: “Decimos que falta política pública para las personas privadas de su libertad pero a la vez hay un enorme presupuesto destinado. ¿Qué está pasando con ese presupuesto? ¿A dónde va ese dinero destinado a cada persona privada de su libertad? Si la gente no come, no tiene remedios, viven en lugares inmundos y no acceden a derechos. Hay que empezar a pensar cómo se ejecuta y cómo se cumple con el presupuesto que tiene asignado el SPB”.
