La Defensoría, contra el “debilitamiento” del área de Bromatología municipal
Los defensores formalizaron una presentación en busca de la derogación de un decreto que, entienden, limitará las acciones de control sanitario en la ciudad.
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon formalizó esta semana y luego de numerosos reclamos y denuncias recibidas por parte de especialistas una presentación en el Concejo Deliberante a través de la cual exhorta al intendente Guillermo Montenegro a retrotraer un decreto a través del cual subordinó las tareas de control del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud a la Subsecretaría de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Para los defensores Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán, es un intento por “debilitar” y “limitar” las acciones de control sanitario en la ciudad.
Es que, a través del Decreto N°1664/21 del 24 de septiembre, el intendente decidió “burocratizar” las tareas del Departamento de Bromatología al colocar a la Secretaría de Gobierno y a la Subsecretaría de Inspección General como intermediario de las inspecciones, tanto en la realización de constataciones como en las medidas a adoptar por incumplimientos como clausuras o decomisos.
Entre las razones que establece el decreto, se sostiene que al estar las tareas de inspección diversificadas en distintas áreas, “no siempre actúan de manera coordinada” y se asegura que “obstaculiza el normal funcionamiento del comercio y la industria”, afectando a la “generación de empleo“.
Por eso, Montenegro consideró necesario que la Secretaría de Gobierno sea la intermediaria en las tareas que afectan a sectores como comercios, gastronomía, industria, establecimientos de salud, clubes, sedes sociales y actividades en la vía pública, también en lo que respecta al “resguardo de la higiene, seguridad, salubridad y convivencia”.
Ante ello, desde la Defensoría solicitaron formalmente la derogación del decreto, ya que aseguran que la medida podría afectar el funcionamiento del Departamento.
En ese sentido, señalaron que el personal de Bromatología “cuenta con la mejor reputación entre sus pares a nivel provincial y nacional”, aseguraron que es “el único con su propio laboratorio de análisis para productos sin TACC, aptos para celíacos”, y destacaron su labor en lo que hace a la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria (ETA).
En consecuencia, expusieron que la medida del gobierno apunta a “limitar el contralor de la higiene alimentaria” y que es “potencialmente peligrosa para la salud pública” ya que pone en riesgo “la salud de los habitantes de General Pueyrredón y la de los miles de turistas que nos visitarán en la próxima temporada estival”.
Mientras el decreto hace foco en la supuesta obstaculización a la generación de empleo, desde la Defensoría manifestaron que con la subordinación de la inspección bromatológica “no se priorizarán las capacidades sanitarias“, con todo lo que ello implica.
Por último, sostuvieron que el decreto decantará en una “burocratización, debilitamiento y ridiculización” del Departamento, incluso entendiendo que la medida es “ilegítima, ilegal y arbitraria”.
