La Defensoría del Pueblo, contra la baja de la imputabilidad
Desde el Observatorio de Niñez y Adolescencia del organismo provincial expresaron su preocupación por la iniciativa del gobierno nacional. “Ninguna cifra sostiene la baja de la imputabilidad”, advirtieron.
Ante las reformas del Sistema de Responsabilidad Juvenil que impulsa el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, entre las que se incluye la baja en la edad de imputabilidad para adolescentes de 15 años que cometan delitos graves, desde el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires rechazan la iniciativa argumentando que no hay cifras que avalen su aplicación.
El comunicado difundido por el organismo, firmado por el titular del Observatorio, el defensor Walter Martello, comienza: “Nos preocupa, que el reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes ya no es un error conceptual sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho”.
En primer lugar, desde la Defensoría exigen que antes que nada que se implemente un Régimen Penal Juvenil que derogue la Ley N° 22.278, dictada por la dictadura cívico militar en 1980, y de esa manera “garantizar a los niños, niñas y adolescentes todos los derechos reconocidos para los demás seres humanos, pero además a su vez garantizándoles la protección especial que se les debe brindar en razón de su edad y etapa de desarrollo, conforme a los objetivos principales del sistema de justicia juvenil, a saber, la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes, su formación integral y su reinserción social a fin de permitirles cumplir un papel constructivo en la sociedad”.
Desde el organismo, además, ante las “distorsiones y simplificaciones de los real”, recuerdan que tanto niños como adolescentes cuentan con todos los derechos básicos obtenidos en la Constitución Nacional. “No debemos perder de vista que gozan de derechos específicos por su condición”, recordó.
También insisten en la necesidad de políticas que prevengan los delitos: “El aspecto preventivo es, repetimos, una herramienta que hay que profundizar antes que escapar por la vía sancionatoria”. En ese sentido, advierten que los y las jóvenes con conflictos penales, “en su mayoría tienen insatisfechos sus derechos económicos, sociales y culturales”. Definen esta situación como un Estado represivo como solución a un Estado que incumple en el aspecto social, con “deudas estructurales” que son las verdaderas deficiencias a combatir.
En cuanto a la creación y expansión del sistema represivo ,alertaron que el mismo tiene sus costos y que él mismo busca implementarse sobre la base de un presupuesto limitado. “Las obligaciones internacionales del Estado Argentino son muy claras en este sentido”, agregaron.
Además, desde la defensoría afirman que tras relevamientos realizados durante 2016 en centros de responsabilidad juvenil de la Provincia, aseguran que se encontraron con un sistema que aún registra profundas deficiencias y omisiones “que se conjugan para sostener vigente un sistema tutelar y minorizante altamente lesivo”. Estas características, promovidas por la falta de inversión de recursos -humanos y materiales- en los dispositivos de ejecución y en las políticas de prevención.
