La Justicia suspende las obras del “centro para perros” de Laguna de los Padres
Así lo informaron desde la Defensoría del Pueblo, desde donde realizaron la presentación de un amparo ante la falta de respuestas del gobierno para realizar un estudio de impacto ambiental.
A partir de la presentación de un amparo por parte de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, la Justicia resolvió detener las obras del “centro para perros” que se lleva a cabo con el impulso del intendente Carlos Arroyo en Laguna de los Padres. La decisión se tomó en el marco de los fuertes cuestionamientos que el organismo mantiene junto a las comunidades educativas de la zona, respecto a una posible afectación del medio ambiente y de la necesidad de que se realice previamente un estudio de impacto ambiental.
Según informaron desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad, la jueza de garantías Lucrecia Bustos resolvió en las últimas horas hacer lugar al recurso de amparo presentado por el organismo con el patrocinio de la abogada Sandra Liliana Cavallucci y ordenó detener las obras del “Centro de Recuperación Canina y de Adiestramiento de Perros de Asistencia” instalado frente a la “Playa de los patos” en la Laguna de los Padres.
La medida cautelar, de acuerdo a lo explicado, dispone suspender las obras por 60 días y exige que el Municipio realice un estudio de impacto ambiental que deberá ser practicado por una entidad autárquica e independiente como la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sus facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Agrarias.
“Para llevar adelante este proyecto el Ejecutivo municipal ha cerrado con alambrado olímpico un predio de 21335 metros cuadrados a los que, en caso de continuar con los trabajos, se trasladarían perros rescatados de la calle”, puntualizó la Defensoría, desde donde ya desde hace meses mostraron su oposición a la obra por considerar de que “a pesar de ser necesario dar una respuesta a la problemática de los perros sueltos la Laguna de los Padres es el peor lugar para instalar caniles, lo que modificaría gravemente el ecosistema y la biodiversidad de la reserva natural”.
En torno a la decisión tomada por la jueza, desde el organismo explicaron que “se tomó en cuenta la legislación nacional y provincial de medio ambiente, la Constitución Nacional, el decreto-ley de traspaso de la reserva desde la Provincia al Municipio, el Código de Ordenamiento Territorial y la ordenanza del uso de la laguna.
En este sentido, los defensores Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán sostienen que la construcción del centro para perros en el lugar “generaría contaminación acústica, del suelo, del agua de la laguna y de las aguas subterráneas. Dicha contaminación además de los ladridos y aullidos contempla el orín de los perros que genera eutrofización, es decir aumento del nitrógeno en las aguas con riesgo que puede llevar a la muerte de los peces y al crecimiento de cianobacterias tóxicas, las heces que traerían parásitos propios de los canes, los medicamentos suministrados a los mismos y el peligro de escape de los perros formando jaurías”.
A fines de septiembre la Defensoría había intimado al gobierno de Carlos Arroyo a paralizar las obras y había amenazado con presentarse en la Justicia, hecho que finalmente ocurrió ya que el intendente se negó a detener las obras al descartar que el espacio vaya a afectar el medio ambiente, y así acusó a los defensores de realizar “consideraciones genéricas e infundadas” y de “incurrir en un grosero yerro legal”.
