La muerte de Etchecolatz: “Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel”
Desde la Comisión Provincial por la Memoria exigen que los juicios de lesa humanidad se “aceleren y profundicen”.
Este sábado murió el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los máximos exponentes del terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar y principal apuntado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, en 2006. Su muerte, para la Comisión Provincial por la Memoria, es una muestra de que “los genocidas deben terminar sus días en la cárcel“, para lo cual se hace necesaria una “aceleración y profundización” de los juicios de lesa humanidad.
La última vez que Miguel Osvaldo Etchecolatz gozó de una prisión domiciliaria había sido entre fines de 2017 y principios de 2018, y fue en su casa del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Desde entonces, permanecía detenido en la Unidad N°34 de Campo de Mayo en el marco de las múltiples condenas que acumuló desde 1986 y que, desde 2006, seis de ellas fueron unificadas a perpetua.
El hecho de la muerte misma del represor -que en las últimas semanas había sido trasladado en mal estado a una clínica- evidencia el propio paso del tiempo y la necesidad imperiosa de justicia. El hecho de que haya fallecido con prisión efectiva y en una cárcel común, también aparecen como un objetivo cumplido por parte de los organismos de derechos humanos. “Vivió y actuó como verdugo, murió como verdugo. Sin un trazo de humanidad. Pero en la cárcel, reafirmó la nuestra“, reza la introducción de un comunicado emitido por la CPM tras conocer la noticia.
“Murió Miguel Osvaldo Etchecolatz. Sin decir qué pasó con Jorge Julio López. Sin dar información sobre Clara Anahí. Sin arrepentirse de ninguno de sus crímenes. Reivindicando una y otra vez su rol durante la última dictadura militar”, añadieron, sobre los casos más paradigmáticos que rodean a su accionar durante la última dictadura y que incluyen, por ejemplo, su participación en 21 centros clandestinos de detención en su rol como director de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
En ese sentido, desde la CPM destacan que, a pesar de los reiterados intentos de la Justicia por otorgarle la prisión domiciliaria -la última de ellas facilitada hace unas semanas por parte de la sala II de la Cámara de Casación Penal Federal- el expolicía calificado como uno de los “máximos responsables del genocidio” falleció en una cárcel común.
En lo que respecta a su accionar en la última dictadura, desde la CPM remarcan que ofició como “mano derecha” de Ramón Camps y su circuito clandestino, con más de dos decenas de centros de detención por los cuales pasaron miles de personas, algunas de las cuales pudieron dar testimonio en los sucesivos juicios que se fueron llevando adelante.
Etchecolatz, rememoran, fue responsable del secuestro de Clara Anahí, bebé de tres meses e hija de Diana Teruggi, militante de Montoneros asesinada en un operativo. Su abuela, Chicha Mariani, fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y quien la buscó incansablemente, hasta su muerte y ante el silencio del expolicía.
Además, como parte del prontuario de Etchecolatz, recordaron su responsabilidad en la serie de secuestros de estudiantes secundarios en La Plata, conocida como “La noche de los lápices”, por lo cual en 2012 fue condenado a reclusión perpetua en el marco del juicio denominado “Circuito Camps”.
(Foto: Carlos Cerleme / Télam)
Ya en democracia, también lo recuerdan como responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para el primer juicio en el que se lo condenó a cadena perpetua por torturas y homicidios: un día antes de conocerse la condena el albañil desapareció y desde entonces no se sabe su paradero.
Al recordar su paso por Mar del Plata en 2017, desde la CPM remarcan que “la única casa para un genocida es la cárcel” y, en relación a las prisiones domiciliarias que aún siguen en pugna en la Justicia, remarcaron que las mismas constituyen “nuevas modalidades de impunidad“. De la misma forma funcionan -lamentan- “la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar”.
“Frente a la muerte del genocida, que pone en evidencia todo lo que todavía nos falta para conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura, la demanda por más justicia se torna inevitable y urgente. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria“, concluye el comunicado, haciendo énfasis al histórico proceso de juzgamiento llevado adelante en el país.
