Licitación de colectivos: “No hay razones para una prórroga”
La Defensoría del Pueblo expresó su desacuerdo ante la posibilidad de que el Municipio prorrogue por tres años el contrato de concesión, en base a la falta de motivos “válidos”.
Mientras desde distintos sectores de la oposición le reclaman al gobierno empezar a discutir el nuevo pliego de bases y condiciones que regula el servicio de transporte público de pasajeros, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución mediante la cual dejó en claro su desacuerdo con la posibilidad de que pueda prorrogarse por tres años la vigencia del contrato concesión, ante la ausencia de “razones válidas”, el descontento de los usuarios y el hecho de que los empresarios del transporte se encuentran procesados en el marco de la causa conocida como “choferes fantasmas”.
En concreto, desde la Defensoría le encomendaron al Ejecutivo “que se proceda en tiempo y forma al llamado a licitación para una nueva concesión” y recomendaron que en la misma se establezca la incorporación de cláusulas que mejoren la accesibilidad al servicio, fundamentalmente la incorporación de unidades de las denominadas de “piso bajo”.
La resolución suscripta por los defensores del Pueblo Fernando Rizzi, Walter Rodríguez y Fernando Cuesta considera que ante la proximidad de la culminación del plazo contractual de la concesión del servicio, y teniendo en cuenta que la ordenanza vigente prevé un plazo de 3 años de prórroga, esa opción “debe ser interpretada con carácter restrictivo y siempre que concurran justificados motivos para acceder a ella”.
“La prórroga es una facultad unilateral exclusiva del Municipio, que puede o no otorgarse, no existiendo derecho alguno al concesionario para solicitarla. No existen razones válidas para otorgar una prórroga, sin perjuicio de lo que puedan solicitar al respecto los grupos empresariales”, expusieron los defensores.
Y en ese sentido, recordaron que más allá de los tecnicismos “existe en la ciudadanía en general un grado alto de insatisfacción por la modalidad de prestación del servicio de transporte colectivo”, por lo que a su parecer “es tiempo propicio para tomar la experiencia de estos 12 años de vigencia del contrato, para reformular lo necesario”.
Además, desde la Defensoría no pasaron por alto el hecho de que los empresarios del transporte se encuentran procesados en la causa conocida como “choferes fantasmas”, acusados de haber falseado datos en las declaraciones juradas para obtener mayores subsidios por parte del Estado.
Al respecto, señalaron que esta situación “echa un velo de duda y desconfianza en la parte concesionaria y vicio en la prestación, (lo cual) abona la inconveniencia de prorrogar el contrato”.
Ante este escenario, y teniendo en cuenta que el contrato vence a finales de este año, para los defensores “existen notorios motivos para que se prepare un nuevo llamado a licitación, con los replanteos pertinentes, a fin de iniciar al fin de la actual concesión, un nuevo período aggiornado surgido de la igualdad y la libre competencia entre los oferentes”.
