“Los decretos conducen a un Estado burocrático autoritario”
Lo sostuvieron desde la Fiscalía Federal Nº 1 al expedirse a favor de la legitimación para interponer una acción de amparo por parte de la ONG Mar del Plata Cine por la intervención de la Afsca. “La demanda apunta a cuestionar el retroceso del Estado democrático”, señala.
Ni bien se conoció la noticia de la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -que este miércoles finalmente fue disuelta mediante la creación de un único ente que regulará las comunicaciones- la ONG Mar del Plata Cine presentó ante la Justicia un amparo con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del decreto. En las últimas horas, la Fiscalía Federal Nº1 dictaminó la legitimación para interponer la acción y en su resolución apuntó que la medida “conduce a un Estado burocrático autoritario”.
La medida fue interpuesta ante el Juzgado Federal Nº2 por el abogado José Luis Zerillo como representante de Mar del Plata Cine ONG. A través de la misma pidió la inconstitucionalidad del decreto que intervino la Afsca. Y este miércoles la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Laura Mazzaferri, se expidió a favor del reconocimiento de la legitimación para interponer la acción y estableció que el juzgado en cuestión posee competencia para resolver ya que en los decretos en cuestión “presuntamente se encuentra en vulneración de derechos constitucionales”.
De esta manera, en la resolución la fiscal sostiene: “Los decretos cuestionados vienen a romper con el paradigma del demos en la administración que proponen esas formas de participación ciudadana, conduciéndonos de regreso a la vieja pero vigente visión del estado burocrático autoritario incluso extralimitado de las salvaguardas liberales antepuestas al eventual avance del ‘soberano’ sobre los ‘súbditos'”.
En otro tramo de la resolución, la fiscal explica que la demanda “apunta precisamente a cuestionar la extralimitación y también el retroceso del Estado democrático de derecho que, en definitiva, no es otra cosa que un Estado sometido a la ley adoptada por los ciudadanos en forma libre e igualitaria”.
De esta manera es que considera que además de la competencia se encuentra habilitada la instancia. “La acción se interpone contra un acto que se reputa manifiestamente ilegal y arbitrario, contrario a la Constitución Nacional y pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional, que avanza sobre los mecanismos previstos por la propia ley para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones que atañen, precisamente, a la arena propia de los demos, la discusión política”, se sostiene.
