Luz: “Pretenden convalidar el tarifazo con una audiencia ilegal”
Consumidores Argentinos llamó a no participar de la jornada para “no convalidar la ilegalidad” y anunció que se presentó en la Justicia para impugnarla. “Solo se trata de cubrir una formalidad vaciada de contenido institucional”, apuntaron.
La ratificación de la realización de la audiencia pública por el aumento de la luz para el próximo jueves a partir de una decisión judicial tomada en plena feria generó malestar en numerosos sectores que por estas horas llaman a no participar de la misma. En este sentido, desde la ONG Consumidores Argentinos alertaron que se trata de una actividad “ilegal” y por eso se presentaron en la Justicia para impugnarla. “Solo se trata de cubrir una formalidad vaciada de contenido institucional”, apuntaron.
En concreto, a través de un comunicado la ONG cuestionó la realización de la audiencia pública el próximo jueves en el Estadio Minella ya que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, la había suspendido, pero luego de la apelación del gobierno en plena feria judicial fue convalidada. “La convocatoria es ilegal y participar en ella sería convalidar dicha ilegalidad”, señalaron desde la entidad.
En este sentido, anunciaron una presentación judicial para impugnarla y solicitar que se celebren las audiencias públicas “con el debido respeto y la información que se necesita para llevarlas adelante a fin de que verdaderamente sean representativas y se cumplan con los objetivos para los que fueron instrumentadas”.
Según plantearon, en sintonía con el fallo de Arias, hacer la audiencia en un solo lugar “con una inscripción dificultosa, en las vacaciones de invierno y en feria judicial es una muestra de la intención de impedir cualquier participación social y evitar una debate serio, plural y democrático sobre las tarifas”. Así, consideraron que “queda claro que solo se trata de cubrir una formalidad vaciando de contenido institucional un instrumento que sirve para escuchar, reflexionar y concluir sobre el servicio eléctrico y su esquema tarifario”.
Por otro lado, señalaron que la Provincia “pretende que se discuta la tarifa sin que exista información alguna vinculada a la situación contable y financiera de las empresas prestatarias del servicio público, es decir sobre sus balances, gastos corrientes, planes de inversión (y la falta de inversión), percepción de subsidios del Estado, tarifas de generación y transporte y su incidencia sobre los costos de distribución”
Así, cuestionaron que la Provincia y el Oceba -organismo de control del sector-“tratan de evitar entregar datos idóneos para poder ponderar la legitimidad y razonabilidad del incremento tarifario propuesto”.
Otro de los puntos señalados por la entidad es que cuando se realice la audiencia se encontraran suspendidas, por sendas medidas judiciales, la fijación de los precios de precios mayoristas “¿Cómo se pretende debatir una tarifa eléctrica sin que se pueda determinar el precio de su generación?”, se preguntaron.
Por último, advirtieron sobre lo dificultoso de la inscripción. “La convocatoria a participar es compleja, debe hacerse por internet y luego ratificar en la sede de Oceba habiendo solo cuatro lugares en la Provincia”, criticaron.
