Manantiales: apertura de espacios, denuncia de usurpación y pedido de desalojo
La asamblea Luna Roja cuestiona el avance de dos causas judiciales impulsadas por la empresa ante la recuperación espacios públicos de la unidad turística fiscal.
A más de un año de iniciado el conflicto a partir de los incumplimientos de la normativa vigente por parte del balneario Manantiales Club de Mar, ubicado sobre la Ruta 11 a la altura de Chapadmalal, la recuperación de algunos espacios públicos impulsada por la asamblea vecinal “Luna Roja” derivó en presentaciones judiciales de la empresa Rivan SA -a cargo de la concesión de la unidad turística fiscal- en las que denuncia usurpación y además pide el desalojo de los sectores que meses atrás terminaron por ser abiertos al público en el marco de acciones vecinales. “¿Querés desalojar el uso público del lugar? ¿Te atrevés a contradecir las normativas, acostumbrado al abuso de poder?”, apuntaron desde la asamblea.
Como parte del plan de lucha y de los reclamos públicos iniciados en enero de 2021, la asamblea Luna Roja avanzó el año pasado en distintas acciones vecinales para la recuperación de espacios de la UTF concesionada al denunciar incumplimientos del pliego vigente y al exponer espacios que se encontraban en desuso y abandonados por la empresa.
Es que, previamente se había confirmado por parte del Ente Municipal de Turismo (Emtur) de una multa de $250 mil impuesta contra Rivan SA en septiembre de 2020 por falta de presentación de un Legajo Técnico de Obra acordado en el pliego, en relación a la bajada pública, los baños públicos y un área de uso recreativo que debería estar abierto al público los 365 días del año y que el concesionario asumió realizar en el contrato de concesión.
En ese marco, cuando en mayo del año pasado desde la asamblea vecinal difundieron su proyecto denominado “Reserva Natural Arroyo Lobería”, explicaron que apuntaban a incluir ejes sociales, educativos y de preservación para que allí se pudieran realizar actividades como deportes y recreación, foros y debates, talleres y exposiciones, tareas de interpretación arqueológica y paleontológica, y acciones de formación en cuestiones ambientales, legales y de preservación del espacio.
Para concretar el uso público de la Reserva, dividieron los terrenos a abordar en siete nodos, empezando por la bajada pública a la playa por la cual ya habían tenido conflictos con el concesionario. Los otros seis espacios están ubicados de forma contigua a la bajada pública de Luna Roja, estaban cercados y en parte abandonados por el concesionario, y los cuales -aseguraban- podrían ser utilizados para garantizar los servicios y espacios públicos vigentes en la licitación, y también abrir el espacio a la comunidad.
Justamente esas acciones iniciadas en el marco del proyecto vecinal terminaron por ser denunciadas ante la Justicia por parte de Rivan SA a través de una denuncia penal y una acción civil, en ambos casos contra los integrantes de la asamblea.
LAS DENUNCIAS DE LA EMPRESA
Según pudo saber Qué digital, la primera de ellas fue radicada el 18 de junio del año pasado ante la Fiscalía N°12 de Mar del Plata, a cargo de Juan Pablo Lódola, por los delitos de “asociación ilícita, usurpación por turbación de la posesión y daño”.
En esa denuncia penal, la abogada de la empresa expuso las distintas acciones llevadas adelante por la asamblea vecinal en el predio en el marco del proyecto difundido públicamente y expuso que se produjo en el sector sur del predio “el retiro de alambres y postes”, además del desmalezamiento, y en el sector norte la colocación “sobre la banquina de seguridad de la Ruta 11 de un cartel antirreglamentario que publicita un supuesto acceso público hacia la playa”. También sostuvo que días después se produjo el ingreso de integrantes de la asamblea al espacio conocido como la “excapilla” que la empresa usaba como depósito.
Algunos días después de esa denuncia penal, la empresa también se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial N°1, a cargo de Heber Daniel Amalfi, para denunciar a la asamblea y pedir que se ordene un desalojo de esos espacios recuperados por las y los vecinos como públicos que describió como “intrusados”.
“Los sujetos individualizados, quienes se atribuyen ser integrantes de una supuesta agrupación autodenominada Asamblea Luna Roja afirmando -sin sustento ni soporte legal alguno- ser ‘representantes’ de los ‘vecinos’ de Playa Chapadmalal, a partir del mes de enero del año 2021 procedieron a ejecutar toda una serie actos unilaterales turbando la posesión de la empresa en la UTF Arroyo Lobería”, sostiene la demanda. Y afirma que desde junio de 2021 “ejercen actos unilaterales sin autorización alguna del concesionario y/o de las autoridades municipales, y en contra la voluntad de la empresa”.
De esta manera, la presentación habla de “graves perjuicios que estos hechos están causando a la empresa y a los intereses de la comunidad” y pide que el juez “ordene la restitución del sector del predio intrusado y la recuperación para la empresa Rivan SA del pleno use y goce del predio adjudicado por el Emtur permitiéndole el cumplimiento de sus obligaciones contractuales como concesionario”.
LA RESPUESTA DE LA ASAMBLEA
En este contexto, esta semana desde la Asamblea Luna Roja emitieron un comunicado en el que alertaron por la situación y cuestionaron el avance de las causas judiciales. “Al cumplirse un año de la recuperación comunitaria para el uso público de una pequeña parte de la UTF Arroyo Lobería, Manantiales Club de Mar pretende imponer su régimen totalitario: no quiere aceptar que ese bosque es una reserva pública, quiere que sea un ‘club privado’, y para eso, intenta forzar un desalojo por vía judicial“, plantearon inicialmente.
De esta manera, expusieron que el territorio de siete hectáreas de UTF Arroyo Lobería “es un bien de dominio público, administrado por el Estado municipal para el uso público” y remarcaron que “Manantiales Club de Mar es un emprendimiento privado, con derechos de explotación en el espacio acordados en una ordenanza, pero sin embargo, aunque hayan sectores privados como un restaurante o un spa las siete hectáreas de la Unidad Turística Fiscal deben siempre contar con espacios que cobijen el uso público”.
Y reseñaron que “un pequeño sector de la superficie abandonada y usada como basureros ilegales por Rivan comenzó a ser usada de manera acorde a las ordenanzas: un parque público, un lugar pequeño de bosque en el que puede hacerse un picnic, disfrutar de la naturaleza y alimentar vínculos sociales”. También afirmaron que la “superficie recuperada corresponde apenas al 6,8% de la superficie total de la UTF y ha sido receptora de mucho público durante la temporada de verano y en las jornadas libres y gratuitas realizadas en el lugar”.
De este modo, cuestionaron que la empresa busca desalojar ese espacio: “¿Desalojar qué? ¿Qué querés desalojar, Rivan? ¿Qué te pensás? ¿Que es un depósito esto? ¿Por qué no desalojaste cuando eran dos basureros clandestinos? ¿Querés desalojar el uso público del lugar? ¿Te atrevés a contradecir las normativas, acostumbrado al abuso de poder?”, concluyeron.
