Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
20/11/2017

Marcha de la Gorra, en las calles contra la violencia institucional

La tercera edición se realizó junto a un festival bajo la consigna “Organización popular frente a la violencia institucional” y sumó múltiples expresiones para visibilizar las violencias y vulneraciones de los derechos de la niñez y la juventud.

Marcha de la Gorra, en las calles contra la violencia institucional
(Foto: Prensa Patria Grande)

La tercera Marcha de la Gorra reunió a centenares de personas que se sumaron este lunes en las calles de Mar del Plata a la consigna “Organización popular frente a la violencia institucional” y referentes de distintos sectores políticos y sociales destacaron el grado de participación de pibes y pibas de diferentes barrios que buscan defender sus derechos.

En el marco de la “Semana por los derechos de la niñez y la juventud” y en conmemoración de la sanción de la Convención por los Derechos del Niño, se realizó en Mar del Plata una nueva Marcha de la Gorra, expresión que tuvo una multidudinaria tercera edición para decirle no a la violencia institucional.

Tras distintas actividades que la comisión organizadora realizó durante el mes de noviembre, este lunes a las 15.30 se llevó a cabo en Luro y Mitre un festival con murgas y bandas, seguido de una importante movilización por las calles del centro.

En la segunda edición, realizada el año pasado, el lema elegido fue “Cuando la gorra crece, los derechos desaparecen”. En 2016 la convocatoria se inició en Plaza Rocha y culminó también con una marcha por las calles de Mar del Plata.

Este lunes una gran marcha compuesta por pibes y pibas de los barrios y militantes de diferentes organizaciones sociales y políticas atravesó el centro marplatense por avenida Luro hasta Santiago del Estero. De allí la marcha siguió camino hasta Rivadavia y retomó hasta el punto de partida.

En la previa de la movilización, durante el festival que tuvo lugar este lunes por la tarde a pesar del mal tiempo, se dio lectura a un comunicado elaborado especialmente para la marcha, en el cual señalaron cuestiones sobre la violencia policial, el sistema de promoción y protección de derechos y algunas de sus exigencias y propuestas a fin de garantizar que cada niño y niña “…tenga garantizado su derecho a un futuro, pero sobre todo a un presente, feliz y digno”.

EL COMUNICADO: 'ORGANIZACIÓN POPULAR FRENTE A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL'

Somos los pibes y las pibas, la juventud que pelea por sus derechos; los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas junto al pueblo solidario. Somos quienes estudiamos, en la escuela y en la calle. Las madres y los padres. Quienes sufrimos el maltrato policial y la violencia institucional. Los discriminados por usar visera. Quienes formamos parte de las organizaciones sociales, culturales y políticas. Los futbolistas que soñamos ser futbolistas. Los pibes de la esquina. Los músicos y las militantes. El presente y el futuro.

Marchamos para terminar con la violencia policial. Estamos en la calle para reclamarle al Estado que garantice nuestros derechos, y para que la sociedad los conozca. Marchamos para que no nos discriminen ni nos miren con desprecio.

Hoy nos juntamos para demostrar que los jóvenes no somos peligrosos, que queremos crecer, poder estudiar y trabajar. Salimos a la calle para que no haya más muertes por violencia de género, y porque vivas nos queremos. No queremos un Estado con Gorra, queremos políticas de promoción de derechos en los Barrios. Esta es la marcha de todos y todas. Es la lucha que no termina hasta que cada pibe y piba tenga garantizado su derecho a un futuro, pero sobre todo a un presente, feliz y digno.

El 20 de noviembre, en el marco de la “semana por los derechos de la niñez y la juventud”, y en conmemoración de la sanción de la Convención por los Derechos del Niño realizamos esta, la 3ra Marcha de la Gorra en nuestra ciudad.

  1. Estado con gorra

La violencia policial e institucional es una deuda de nuestra democracia, y ha recrudecido en el último tiempo. Desde la última marcha de la gorra en nuestra ciudad, han sucedido hechos de suma gravedad. Entre ellos, sigue preocupando el sistemático hostigamiento a pibes y pibas en los barrios, los hechos en que ingresaron Agentes de Prefectura al Complejo Universitario (violando la autonomía universitaria que garantizan la Constitución y las Leyes); la presencia de agentes policiales en escuelas secundarias pidiendo información de estudiantes; así como la persecución y hostigamiento a las murgas en plaza Rocha y otras zonas de la ciudad, y el aumento de operativos ilegales de control y requisa en el transporte público.

Estas prácticas violentas y estigmatizantes, van acompañadas por un aumento de la criminalización y represión de la protesta social, que es el primero de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, llave para poder acceder a los restantes derechos que tenemos.

En ese sentido, sin lugar a dudas el hecho de mayor gravedad fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de represión ilegal desplegado por Gendarmería contra la comunidad mapuche de Pul Loff Cushamen, Chubut. Por eso, reafirmamos la responsabilidad del Estado en estos hechos, y exigimos la renuncia de la ministra Patricia Bullrich, y que se avance en la determinación de la verdad, juicio y castigo a los culpables.

En nuestra ciudad, recientemente, pudimos observar la injustificada violencia policial contra trabajadores y trabajadoras cooperativistas que reclamaban en Desarrollo Social que el Estado les pague los trabajos que realizaron, y por eso advertimos que el discurso manodurista de los gobiernos local, provincial y nacional provoca el envalentonamiento de las fuerzas de seguridad.

  1. Promoción y protección de derechos.

Este fortalecimiento de la cara represiva del Estado, se ve agudizado por la ausencia cada vez mayor del Estado en la promoción y aseguramiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según datos de UNICEF del año 2016, en nuestro país hay 4 millones y medio de pibes y pibas pobres, y un millón y medio de los cuales están la Provincia de Buenos Aires.

Así, entendemos que la violencia policial y la ausencia de derechos son dos eslabones de un círculo vicioso en el cual la violencia policial encuentra más lugar y más grietas para agravar la situación de los pibes y las pibas, gracias a las ausencias en el desarrollo de políticas de promoción y protección de derechos.

En el orden provincial, a más de de 10 años de sancionadas las leyes de promoción y protección de derechos de la niñez y la adolescencia (Leyes 26.061 y 13.298), sólo se han fortalecido los eslabones de la cadena punitiva, y se han agudizado las ausencias del Estado en cuanto a políticas de Protección y Promoción de Derechos.

En el plano local, y como denunciamos el año pasado, no se renovaron los programas culturales que permitían a más de 13500 pibes y pibas acceder a algo tan básico como el derecho a la educación, la cultura y el esparcimiento.-

En un escenario general de achicamiento del estado, retroceso en materia derechos, de recorte a programas para niños, niñas y jóvenes, de desdén por la educación pública, falta de políticas de trabajo genuino para jóvenes, la propuesta del estado no puede ser seguir acentuando su cara represiva y buscar penalizar a los pibes cada vez más chicos. Ningún pibe nace chorro ni policía, y asusta que la única propuesta laboral que se haga desde el estado para los jóvenes sea ser policía.-

Por eso decimos que cuando la única cara del Estado que conocen nuestros pibes y pibas es la que viene con Gorra y Bastón, la ausencia del Estado también es violencia: violencia institucional.

Mientras tanto, y a pesar de que según datos de la Procuración en la Provincia de Bs. As. la participación de niños y adolescentes en la comisión de delitos ha bajado en el período 2014-2016, desde el Estado Nacional se avanza con un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que incluye la baja en la edad de punibilidad, lo cual en nada aportará a resolver los problemas de “inseguridad”, y sólo servirá para profundizar aún más la estigmatización de la juventud y niñez de los sectores populares. Un país sin un proyecto para sus pib@s es un país sin presente ni futuro. Y un país que propone cárcel para sus pib@ es, directamente, un país sin proyecto. Por eso, decimos NO A LA BAJA en la edad de punibilidad-.

  1. Por el derecho a tener derechos.

La democracia no es un fin en sí mismo, sino que es un modo de garantizar al pueblo la posibilidad de hacer visibles sus exigencias y problemas, a la vez que exigir soluciones en el marco del respeto de sus derechos. Sin embargo, quieren hacernos creer que la democracia es votar una vez cada dos años, y que frente a la ausencia y vulneración de derechos nada se puede hacer.

Así, hay una política que pretende corrernos del lugar de ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho, reemplazando esta condición por la de personas individuales puestas a triunfar en el marco de la lucha y competencia con nuestros pares. Por eso los discursos que hacen hincapié en la meritocracia y el emprendedorismo como supuestas vías para el desarrollo no hacen más que abandonar la búsqueda de la igualdad y la justicia, reemplazándolas por la competencia entre “pares”, y negando y desconociendo el lugar del Estado en el aseguramiento y fortalecimiento de aquellos derechos que, por mandato Constitucional, nos amparan a todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente a los niños, niñas y adolescentes.-

Pero nosotros sabemos que los derechos que a lo largo de la historia hemos conquistado, fueron conseguidos gracias a la lucha colectiva y a la participación y lucha de la Sociedad Civil, porque democracia es mucho más que votar. Y sabemos que para ejercer nuestros derechos debemos conocerlos, pero además, para ejercerlos y ejercer la democracia, entendemos que es fundamental la organización colectiva y el derecho a la protesta.

Frente al individualismo y el vacío de los espacios públicos que nos proponen, nosotros y nosotras seguimos reivindicando que juntos y juntas es que podremos avanzar en una sociedad más justa e igualitaria, partiendo de asumir que la organización es, si no el único, el principal límite a las problemáticas sociales que nos atraviesan.

La organización de las y los jóvenes, y la participación colectiva para la resolución de los conflictos y el acceso a derechos, es lo que anteponemos al ninguneo y la violencia estatal, para resistir las políticas neoliberales y para conquistar los derechos que faltan cuando abundan las necesidades.

Por todo esto, venimos a decir:

Que en el siglo XXI no podemos seguir confiriéndole a la Policía la facultad de detener por averiguación de identidad a cualquier persona, porque atenta contra el derecho a transitar libremente y a la presunción de inocencia que nos amparan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, exigimos la derogación del inciso c del artículo 15 de la Ley de unificación de las normas de organización de las policías No 13.482, que posibilita la Detención por Averiguación de Identidad.

Que exigimos la puesta en marcha del órgano de contralor externo de la Policía Local, establecido en los arts. 30 a 34 de la ordenanza n° 21.993, ​porque el control externo, civil y democrático, de las fuerzas de seguridad es parte fundamental para poder pensar en políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos y la democracia.

Que exigimos el fin de la criminalización y represión a la Protesta Social, que la inmediata Libertad de todos los presos políticos; y que expresamos nuestra solidaridad con las y los cooperativistas salvajemente reprimidos en la sede de Desarrollo Social;

Que más policía no es más seguridad, y que es necesario que el Estado investigue, persiga y castigue el delito organizado, y la complicidad de las fuerzas policiales con su desarrollo y regulación; por lo cual denunciamos y repudiamos la connivencia de la fuerza con las redes de trata y el narcotráfico;

Que rechazamos el protocolo “anti” LGTTB, por ser inconstitucional y discriminatorio;

Que urge la ampliación de las partidas presupuestarias ​destinadas a salud y educación, y a la implementación de políticas de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Que el Estado tiene que garantizar y desarrollar políticas de prevención y atención al consumo problemático de sustancias, mediante la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), cuya reforma por decreto rechazamos por regresiva;

Que los 11 Centros de Protección de Derechos de la Niñez, denominados en la ley 13.298 como “Servicios Locales”, deben tener sus equipos completos, como establece el art. 20 de la ley mencionada: con un psicólogo, un abogado o abogada, un/a trabajador/a social y un médico, y que éstos deben funcionar en los territorios.

Que proponemos la puesta en marcha de un Consejo Municipal de promoción de DDHH, como el implementado en Punta Indio por iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria, para planificar, promover y garantizar políticas públicas desde el Municipio frente a esta temática.

Que exigimos la reapertura y reanudación de los planes y programas de desarrollo educativo y cultural que fueron cerrados, para que esos más de 13000 pibes y pibas puedan continuarlos (PEBA, Almacenes Culturales, Orquestas infanto-juveniles, etc).

Que debe implementarse con urgencia el Cupo Laboral para personas trans, porque reconocer es reparar.

Que necesitamos el fortalecimiento y reanudación del programa PRO.GRE.SAR, para posibilitarnos a las y los jóvenes poder terminar nuestros estudios.

Que estamos convencidas de que el Estado debe garantizar programas de trabajo y empleo digno especialmente orientados hacia las y los jóvenes. Por eso, rechazamos todo intento de reforma que amenace las conquistas que en materia laboral y de la seguridad social hemos logrado como Pueblo, y acompañamos el reclamo por la puesta en marcha de la ley emergencia social, por un salario social complementario, y por el aguinaldo social para los trabajadores de la Economía Popular. Que nadie cobre por debajo del Salario mínimo Vital y Móvil.

Por políticas que promuevan el desarrollo del deporte social, y la plena puesta en funcionamiento de los Polideportivos Municipales, bajo gestión social de los vecinos y vecinas de los distintos barrios de la ciudad.

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20/11/2017