Marihuana para consumo personal: un habeas corpus para frenar la “persecución”
Tras la presentación judicial, hubo una audiencia pública con todas las partes, con el fin de promover consensos y mejorar los protocolos de actuación.
La Agrupación Marplatense de Cannabicultores, con el patrocinio del abogado Franco Bertolini, presentó esta semana un habeas corpus preventivo colectivo con el fin de frenar la “persecución”, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias por tenencia de estupefacientes para uso personal.
En ese marco, se concretó una audiencia pública con el fin de promover consensos y protocolos de actuación que permitan, por un lado, el pleno ejercicio de los derechos individuales de las personas usuarias de sustancias que la ley denomina como “estupefacientes”, y por el otro, la racional persecución penal de aquellas conductas predefinidas como delito.
Según datos aportados por la entidad, en base a las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2018 se iniciaron 1.418 investigaciones de las que 569 fueron por tenencia para consumo personal -el equivalente a 1,5 por día- representando el mayor tipo penal involucrado con el 40,19%.
En ese sentido, en Mar del Plata en los nueve meses de lo que va del 2019 -ya que no se aportaron datos de enero y febrero- se iniciaron al menos 3.500 investigaciones, unas trece por día, por infracción a la Ley de Estupefacientes Nº 23.737.
Por otro lado, de los reportes mensuales de seguridad elaborados por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito surge que la casi totalidad de los procedimientos policiales se realizaron en la vía pública y tuvieron como consecuencia la aprehensión y traslado a la dependencia policial de personas que tenían entre sus prendas sustancias estupefacientes (mayormente marihuana) para consumo personal. Por lo cual en los primeros cuatro meses del año, al menos 1.000 personas usuarias fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
Cabe destacar que de noviembre 2018 a noviembre 2019 hubo más de 4781 investigaciones penales preparatorias (IPP) de tenencia para consumo que efectivos policiales generaron y enviaron a la Fiscalía de Drogas y todas fueron desestimadas por inexistencia de delito. Estas acciones se dieron en el marco de la campaña bajo el discurso de la “guerra contra el narcotráfico”, pero en definitiva -según entendieron desde la Agrupación Marplatense de Cannabicultores- “estos recursos le costaron al Estado tiempo y dinero que no fueron para perseguir realmente al narcotráfico”.
UNA AUDIENCIA PARA MEJORAR LOS PROTOCOLOS
El juez de Garantías de turno al momento del ingreso del recurso de amparo preventivo, Juan Tapia, admitió el remedio constitucional y convocó a una audiencia al fiscal general, a fiscales integrantes de la Fiscalía de Estupefacientes, a la defensora general, a la Policía Bonaerense y Federal, al titular de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, y a las concejalas Marina Santoro y Verónica Lagos, quienes presiden respectivamente las comisiones de Calidad de Vida y Salud y Derechos Humanos.
La audiencia fue pública y a los efectos de promover un diálogo democrático con el fin de generar consensos y protocolos de actuación que permitan, por un lado, el pleno ejercicio de los derechos individuales de las personas usuarias de sustancias que la ley denomina “estupefacientes”, conforme lo resuelto por la Corte Suprema en el fallo Arriola y por el otro, la racional persecución penal de aquellas conductas predefinidas como delito.
Según informaron desde la Agrupación local, durante la audiencia -que contó con la presencia de representantes de las distintas partes convocadas- se ahondó acerca del traslado compulsivo de usuarios a comisarías, el incremento de las IPP en las estadísticas oficiales del Poder Judicial, y la necesidad de articular acciones interinstitucionales para trabajar sobre la problemática.
Este primer encuentro logró evidenciar con qué protocolos están interviniendo las fuerzas de seguridad y por parte de la fiscalía se permitió observar dificultades procedimentales. En este marco se logró concretar un acuerdo por parte de las policías de no traslado en el marco de tenencia para consumo, y se generó el compromiso de concretar una nueva audiencia donde poder avanzar en el trabajo coordinado.
En este contexto, el fiscal de Estupefacientes, Leandro Favaro, expuso en líneas generales cuatro tipos de situaciones que originan las IPP que recibe la fiscalía: el consumo en la vía pública, para el cual hay un protocolo de actuación en contemplación de la afectación a terceros, y los operativos o controles viales, con amplios márgenes de arbitrariedad.
Un tercer tipo de situaciones son las que tienen que ver con el ingreso a espectáculos públicos masivos, con operativos coordinados, generalmente desde la Fiscalía de Estupefacientes junto al Departamento de Drogas Ilícitas de la Policía. La situación “más preocupante”, y que quedó en evidencia en el intercambio entre las partes, es lo que se denomina “generar estadística”, la solicitud de funcionarios de alto rango hacia las fuerzas de seguridad respecto al cumplimiento de cuotas de actuaciones, que se llenan con este tipo de procedimientos. “Exigirle a la policía que haga estadística con estos procedimientos en calle es una locura”, mencionaron durante la audiencia.
En relación al perjuicio para el Estado de este tipo de procedimientos, se señalaron las horas de trabajo policial desviadas de prevenir el delito, la generación de causas con destino de archivo, combustible, tecnología, reactivos, y su consecuente respuesta en el tiempo de funcionarios judiciales que deben tomar conocimiento de causas que no prosperan y luego proceden a su desestimación.
Según estadísticas aportadas por la Agrupación Marplatense de Cannabicultores, la Fiscalía de Estupefacientes destinó anualmente 200 jornadas de trabajo de un funcionario judicial específicamente al archivo de causas de tenencia de estupefacientes para consumo personal, donde la acción penal se extingue por inexistencia de delito.
En concreto, la audiencia realizada finalizó con el compromiso del “cese inmediato de los traslados compulsivos, la articulación para protocolizar las intervenciones, el acceso a los datos de las intervenciones realizadas, y el monitoreo de las intervenciones de cara a una próxima audiencia”.
