Más rechazos a la reubicación de la “zona roja”: “Se acentúa el poder de las mafias”
Desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata expresaron su preocupación al conocer detalles del proyecto del oficialismo y cuestionaron la postura que asumiría el Estado.
El proyecto para reubicar la “zona roja” en las inmediaciones del Estadio José María Minella continúa generando rechazo por distintos sectores. En este marco, desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata expresaron a través de un comunicado su preocupación argumentando que la propuesta no contempla la asistencia integral de personas que, en su mayoría, son vulneradas por redes de narcotráfico y cuestionaron el rol que asumiría el Estado con ese posicionamiento.
A través de un comunicado, desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata indicaron que ven con “profunda preocupación” el proyecto que se presentó en Concejo Deliberante que “tiene como fin la regularización de la prostitución en la vía pública”.
“Se trata de una iniciativa que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de prevención, investigación y sanción del delito de la explotación sexual y trata de personas, y de lucha contra las formas más graves de vulneración de los derechos de las mujeres, travestis y trans”, advirtieron.
Según establecieron, la ley argentina está fundada en los convenios internacionales, por lo cual “prohíbe las posiciones reglamentaristas, que procuran que el Estado administre, controle y eventualmente explote la prostitución”. Además, aseguraron que las experiencias en el mundo indicaron que de este modo “se acentúa el poder de las mafias y redes de trata y narcotráfico, al generar espacios que promueven sus ganancias”.
En cambio, plantearon que “la posición abolicionista, tomada por nuestro país desde principios del siglo XX y liderada por el abogado socialista Alfredo Palacios, se ha centrado en castigar a los explotadores y asistir -y no perseguir ni criminalizar- a las personas en situación de prostitución”.
A su vez, destacaron que Mar del Plata fue vanguardia en todo el país en la sanción de ordenanzas que protegen los derechos de personas en situación de prostitución. En concreto, desde el año 2009 al 2016 se legisló localmente y se generaron políticas de prevención a la situación de prostitución que se ven expuestas las personas más vulnerables. “Pareciera que en el 2021 venimos a retroceder en este camino recorrido, ya que el proyecto ahora presentado va en flagrante sentido contrario a dichas normativas”, analizaron.
Por otro lado, expusieron que el autor de la iniciativa, entre los considerandos, reparó en el artículo 68 del Código Contravencional bonaerense, que habilitaba la persecución y cárcel de personas en prostitución, el cual fue derogado en 2018. En este sentido, advirtieron que el proyecto “va en contra de esa derogación, y propone criminalizar a las personas en situación de prostitución que no se encuentren dentro del espacio que se busca reglamentar”. Y en esta línea recordaron que en la ciudad actualmente no hay una sino cuatro áreas distintas donde mujeres y travestis se encuentran inmersas en esta situación.
Además, ven con preocupación que el proyecto presentado por el concejal Nicolás Lauría y la Secretaría de Seguridad municipal no repara en cuál es la realidad de las personas en situación de prostitución, mujeres, trans y travestis, migrantes en muchas ocasiones, no tienen acceso al empleo formal ni a la educación. “De esta manera, el sistema prostituyente se nutre de sus cuerpos, los explota y los violenta”, analizaron.
“La Mesa no busca decir cómo vivir o sobrevivir a nadie, pero sí exige que el Estado promueva el desarrollo humano de las personas, les brinde alternativas de vida para que la libertad de elección pueda ser un derecho y no un camino sin salida”, señalaron en el comunicado.
Es por eso que exigieron “políticas públicas concretas que garanticen derechos, no sólo a las personas víctimas de trata y explotación sexual, sino también a quienes están insertas en el sistema prostibulario y denuncian la violencia de género que implica ser oferta sexual para varones prostituyentes”.
Por último, solicitaron que el gobierno municipal, provincial y nacional articule e implemente políticas de “prevención y de asistencia”, y a su vez que “se genere en particular una línea de empleo específica para mujeres, travestis y trans en prostitución, que acompañe la implementación del cupo laboral trans que rige en las administraciones públicas”.
“Entendemos desde esta Mesa, que avalar posiciones reglamentaristas sería aceptar y naturalizar la explotación sexual, sin perspectivas de promoción humana para las mujeres y travestis en situación de prostitución”, cerraron.
