Nueva protesta contra la expansión petrolera: “Intentan vendernos humo”
Los distintos espacios que conforman la Asamblea por un mar libre de petroleras se manifestaron en el centro de Mar del Plata apuntando contra quienes se expresaron a favor, como la CGT local.
La Asamblea por un mar libre de petroleras realizó una nueva manifestación en las calles de Mar del Plata en el marco de lo que denominan “Atlanticazo“, para exponer una vez más su rechazo a la expansión hidrocarburífera frente a la costa bonaerense. “Intentan vendernos humo“, exclamaron en torno a las distintas voces a favor del proyecto que se expresaron en las últimas semanas.
Este “4A“, la Asamblea y los distintos espacios que la conforman protagonizaron una nutrida movilización que partió desde la Rambla hacia el centro, que incluyó la lectura de un documento y un paso por la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) Mar del Plata.
El paso por la CGT se desprende de la declaración realizada por la central días atrás, manifestando su apoyo a la expansión hidrocarburífera hacia la costa marplatense y bahiense, y también asegurando que hay “alguna presión sectorial y sin fundamento” en su contra.
Por eso, en un comunicado dado a conocer en las últimas horas advirtieron por el “fuerte lobby” alrededor del proyecto, en el cual incluyeron no solo a la central obrera sino también a funcionarios, fundaciones, cámaras empresariales y grandes medios de comunicación. “Intentan vendernos humo“, aseguraron al respecto, manifestando además que, en virtud de las importantes expresiones de rechazo, se trata de un proyecto “sin licencia social”.
En ese sentido, cuestionaron la declaración de la CGT, asegurando que “más del 65% de sus trabajadores se encuentran en negro” y que la central, en cambio “apoya al gobierno en su apuro por sacar petróleo del mar, pero no dice nada de la situación local“, apuntó al respecto Rocía García, integrante de Tribuna Ambiental.
En cuanto al argumento utilizado para expresarse a favor del proyecto, aseguraron que se trata de discursos que “lograron instalar el fracking y la megaminería en distintos territorios sacrificados en favor de la rueda capitalista” y que, en esos mismos espacios, no hubo tal derrame de ganancias y puestos laborales que se esgrime: “Esas comunidades no sólo no disfrutan de ese derrame económico tan enarbolado, sino que además sufren las consecuencias de los desastres generados por las empresas“.
Así, se expresaron también en torno al estudio de impacto ambiental de la empresa Equinor difundido en las últimas semanas por distintos medios y que en su momento había sido presentado ante los requerimientos de la Justicia en el tratamiento de los amparos en contra: aseguran que el estudio omite los “impactos acumulativos” y que solo se centra en el potencial daño de la prospección sísmica -en la cual se “buscan” los hidrocarburos en el lecho marino-, en tanto que todavía se desconoce “una evaluación de impacto ambiental de la totalidad del proyecto petrolero“.
Puntualmente en lo que respecta al proyecto impulsado por el gobierno nacional, aseguran que por tratarse de una extracción apuntada a aguas profundas y ultraprofundas, se realizará en condiciones que “hacen a esta actividad muy riesgosa y con alta probabilidad de accidentes”.
“No sólo por los derrames que se producen sino también por el aumento del tránsito marítimo en los territorios que son transformados en puertos petroleros, lo que afecta la vida marina y con ello, la actividad pesquera de costa”, agregaron en torno a la cuestión ambiental, donde el Puerto de Mar del Plata aparece como foco de los trabajos a realizar por la firma noruega.
Por otro lado, destacaron la “multiplicación” de las asambleas en contra del proyecto de expansión petrolera en distintas ciudades de la Costa Atlántica: “El extractivismo no tiene licencia social y cada vez somos más los territorios que nos organizamos para ponerle un freno”.
Actualmente, los proyectos autorizados por el gobierno nacional, por su naturaleza, están previstos para octubre de 2022, ya que por las demoras en los plazos no se pudieron llevar adelante este verano. Actualmente, la judicialización del proyecto espera por una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en torno al recurso interpuesto por el gobierno. La Cámara debe resolver si confirma o no la decisión del Juzgado Federal N°2, a cargo Santiago Martín -quien además fue confirmado al frente de las actuaciones- de hacer lugar a una medida cautelar en la tramitación de los cuatro amparos en contra.
