Organismos piden explicaciones de Montenegro por la demolición de Villa Joyosa
Organismos de derechos humanos lamentaron la demolición del espacio señalado como posible centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar.
A veinte días del inicio del proceso de demolición de Villa Joyosa que incluyó el desalojo de unas 20 personas que allí vivían -entre ellas dos grupos familiares- organismos de derechos humanos pidieron explicaciones al intendente Guillermo Montenegro por las actuaciones llevadas adelante en un espacio señalado como posible centro clandestino de detención en la última dictadura.
A través de una carta, que también fue entregada al Concejo Deliberante, representantes de distintos organismos pidieron conocer de primera mano “cuál ha sido la razón de la demolición” del inmueble ubicado en Félix U. Camet y Ringuelet que funcionó en sus inicios como “lugar de esparcimiento“ por parte de la familia propietaria pero que, tras años de abandono, quedó en desuso, sus estructuras de deterioraron y familias enteras ocuparon las instalaciones, acumulándose denuncias de vecinos por hechos de “inseguridad” posiblemente vinculados al inmueble.
Principalmente, el pedido de explicaciones radica en que Villa Joyosa fue señalada por víctimas del terrorismo de estado como un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico-militar 1976-1983.
“Previamente habíamos sido contactados por la Defensoría del Pueblo para saber si ese lugar había estado involucrado en hechos acaecidos durante el Terrorismo de Estado y habíamos contestado informando que había testimonios de ex detenidos desaparecidos que narraban su estadía en un sitio que posiblemente es el determinado inmueble”, explicaron.
(Foto: archivo / Qué digital)
Ante ello, los organismos plantearon su “preocupación” por el hecho de tomar este tipo de decisiones “sin siquiera preguntar a la Justicia Federal”, apuntaron. De la misma manera, lamentaron que no se le haya dado intervención a la Dirección de Derechos Humanos de la Provincial y a la Secretaria homónima de Nación antes de su demolición.
Frente a esa situación, además de las explicaciones, pidieron conocer si al menos se tomaron fotografías suficientes del lugar para poder ser utilizadas como potenciales pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad.
