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18/01/2020

Otra vez, peligra la atención de pacientes con diálisis: “Estamos cansados”

Es por la deuda que la Provincia mantiene con los prestadores y que supera los $260 millones. El miércoles habrá una manifestación en las oficinas de Incluir Salud.

Otra vez, peligra la atención de pacientes con diálisis: “Estamos cansados”
(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una vez más, tras lo sucedido en noviembre del año pasado, el tratamiento de los pacientes que se someten a diálisis en el marco de la cobertura que brinda el programa Incluir Salud (ex Profe) vuelve a peligrar, a partir del incumplimiento del gobierno bonaerense en relación a los pagos adeudados. “Estamos cansados de que jueguen con nuestra salud”, señalaron quienes dependen de la atención para poder vivir.

Según relató Verónica Cucco, una de las pacientes que se dializa desde hace más de diez años, en los últimos días recibieron la noticia por parte de los prestadores: desde el miércoles dejarán de recibir la atención, como consecuencia de la deuda que la Provincia mantiene con la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que asciende a más de $260 millones de pesos.

Por ese motivo, decidieron convocar a una movilización que realizarán ese día desde las 9 en las oficinas de Incluir Salud, en la sede de Zona Sanitaria VIII, en Independencia y 11 de Septiembre.

“Estamos cansados de que jueguen con nuestra salud, necesitamos de la gente, que el gobierno deje de mentir con que paga y no paga; (parece que) porque somos pobres ellos tienen derecho a decidir cuándo vivimos y cuándo nos matan”, lamentó Verónica en diálogo con Qué digital, respecto a la situación que atraviesan los pacientes.

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a madres con siete o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables. El programa transfiere fondos a las provincias –en el caso de Buenos Aires, a través de IOMA- en busca de garantizar que todas las personas “puedan acceder a una atención de calidad”.

Sin embargo, esa atención que se brinda hace años está muy lejos de ser de calidad, ya que no se garantiza la cobertura básica para los beneficiarios. A fines de 2019 la situación llegó a un extremo por las deudas y 13 mil afiliados de Mar del Plata estuvieron al borde de quedarse sin cobertura.

Sin ir más lejos, días el propio gobierno provincial se hizo cargo de esta situación y desde el Ministerio de Salud bonaerense advirtieron que, por ejemplo, a la Provincia la Nación le debe casi 2 mil millones de pesos, lo cual afecta directamente el pago a prestadores. “Eso se representa en servicios como los de diálisis que estamos todo el tiempo pendientes si los van a cortar o no. Y entendemos a los empresarios, se les debe $700 millones, y obviamente hay que pagarles”, graficó el ministro de Salud Daniel Gollán.

Cabe recordar que en noviembre pasado, en el marco de los reclamos y la incertidumbre, el gobierno municipal intervino y anunció la apertura de una instancia de diálogo por lo que, tras diversas gestiones, se garantizaron los servicios de diálisis en el Partido de General Pueyrredon, algo que se mantuvo al menos hasta ahora.

“NO HAY MÁS TIEMPO”

En cuanto a la situación que denuncian los prestadores, en una carta documento enviada el pasado 10 de enero a la cartera bonaerense, desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires -que nuclea a más de 100 establecimientos y atiende a 850 pacientes de Incluir Salud y el Ministerio de Salud- hablaron de una “crisis terminal”.

“La deuda es de 260.287.370,88. El Estado siempre propone y dispone lo mismo: trasladar y hacer cargo de su impericia al sector privado. Lo colma de impuestos, lo somete a cargas imposibles, dilata el cumplimiento de sus obligaciones. Y el tiempo de palabras y de promesas se ha agotado”, evidenciaron en la carta enviada. Y en ese sentido, entendieron que “el cambio de autoridades no implica un nuevo comienzo del Estado” y por eso advirtieron que pese a que se ha aguardado un tiempo prudencial, “no hay más tiempo”.

No hay posibilidad fáctica de continuar atendiendo a los pacientes de Incluir Salud si no se cancela el pago de las prestaciones respecto del cual ni siquiera se nos ha anoticiado acerca de un posible cronograma”, cuestionaron y sumaron: “Los establecimientos asociados deberán afrontar el pago de salarios con aumentos y el incremento de impuestos sin percibir el pago de prestaciones legalmente adeudadas. No es viable ni sustentable”.

Ante este escenario, desde la entidad adelantaron que en caso de no existir respuestas en 96 horas –algo que no sucedió- los asociados de la entidad tendrán “plena libertad de acción a partir del 25 de enero y podrán adoptar la medida de un corte total de servicios a partir del 1 de marzo de 2020”.

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