Patronato de Liberados, en lucha: salarios, presupuesto, precarización y derechos en disputa
Mientras se lleva adelante la paritaria, los trabajadores de la dependencia estatal iniciaron una campaña a nivel provincial y ya tomaron medidas de fuerza.
Trabajadores y trabajadoras del Patronato de Liberados iniciaron esta semana una campaña a nivel provincial en reclamo por salarios dignos, presupuesto acorde para mejorar la atención y contra la precarización en el área, por lo cual incluso ya tomaron las primeras medidas de fuerza. En la regional Mar del Plata, unos 45 trabajadores asisten a unas 3000 personas prácticamente sin recursos.
Mientras las y los estatales bonaerenses continúan con la negociación paritaria, el área dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia está atravesando una lucha puntual frente a reclamos históricos de un trabajo muchas veces invisibilizado. A ello se suma que trabajan con un colectivo -como son las personas privadas de su libertad o, en este caso, las que ya cumplieron sus condenas- doblemente estigmatizado: por la sociedad y también por las políticas públicas comenzando por los propios trabajadores encargados de garantizarles derechos.
Con el hashtag #CampañaSueldoDignoEnPatronato, los trabajadores y trabajadoras nucleadas en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciaron una campaña con el objetivo de que sus salarios superen la línea de la pobreza -hoy cobran en promedio 29 mil pesos-, que los doten de recursos para garantizar una asistencia eficaz en medio de la cuarentena y el teletrabajo, y que no haya precarización entre los trabajadores, a pesar de que en un 90% son profesionales y otros casos como el personal de limpieza, son tercerizados.
Hasta el momento las medidas de manifestación que llevaron adelante fueron virtuales: el miércoles no se conectaron al “legajo electrónico” a donde día a día las y los trabajadores deben loguearse y que es requerido institucionalmente. “Como medida se propuso eso, que se suma a las acciones en las redes”, contó una de las trabajadoras en diálogo con Qué digital.
Además de los últimos cuatro años de desfinanciamiento del área, lamentan que hasta el momento el Patronato no recibió mejoras en la asistencia en medio de la crisis sociosanitaria actual: “No se han tomado medidas a nivel provincial ni local en la mejora de la asistencia. Se ha propuesto un programa como Potenciar Trabajo que pertenece a Desarrollo Social, pero el patronato todavía no cuenta con cupos”, sumó.
A esa situación, agregó que el Patronato no cuenta con recursos propios y muchas veces depende del trabajo colaborativo con organizaciones sociales para garantizar asistencia efectiva a las personas, a quienes hoy por hoy el Estado únicamente brinda alimentos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social.
“Queremos que se recomponga la discusión salarial y además las mejoras en las estrategias de atención a la población con la que trabajamos, y contar con recursos y programas propios. Por ejemplo, el Patronato tiene un programa de atención de las personas que se llama Pospe (NdR: Programa Post Penitenciario de Inclusión Social, destinado a proveer subsidios para favorecer las “trayectorias de inclusión” en los primeros meses). Llevaba un retraso de tres años y recién ahora se empezaron a cobrar programas que se habían tramitado en 2018 porque no hay presupuesto para el patronato”, graficó.
Es que las demandas son integrales. Las deficiencias salariales y laborales derivadas del teletrabajo y la condiciones de contratación se complementan con un presupuesto del dispositivo que está “devastado”, que dificulta el trabajo de los profesionales y que contribuye a la vulneración sistemática de los derechos del colectivo. “Si ahora una persona solicita ayuda para poder mejorar sus condiciones de vivienda, no tenemos nada”, sostuvo.
“Nosotras trabajamos con la población que más vulneración de derechos tiene. La persona que sale de una detención sale totalmente estigmatizada, lo cual dificulta su inserción en el mercado laboral y hasta en la obtención de su DNI. Ese tipo de gestiones son las que hacemos nosotras. Al no haber recursos, esa situación se traslada a la población. Hay una decisión estructural de dónde se pone el dinero, si compramos más balas o restituimos estos derechos”, cerró, con referencias a las últimas políticas presupuestarias del gobierno provincial.
