Penal de Batán: ante graves denuncias, la Justicia ordenó garantizar la atención médica
La tramitación de un habeas corpus alcanza a todas las unidades. La Comisión por la Memoria denunció “nula atención médica, desidia y falta de medicamentos y acceso a tratamientos”.
Falta de personal médico suficiente para la cobertura de guardias mínimas de atención y falta de medicamentos y de acceso a tratamientos específicos son solo algunas de las situaciones que llevaron a la Justicia de Mar del Plata a ordenar a las autoridades del Complejo Penitenciario de Batán, compuesto por las unidades 15, 44 y 50, garantizar la atención de la salud de las y los internos a partir de la tramitación de un habeas corpus iniciado en enero. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciaron la existencia de una “enorme cantidad de fallas, ausencias y desidia en cuestiones de atención médica”, cuestionaron las respuestas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y de la Dirección de Salud Penitenciaria y alertaron que esas falencias derivan en un “incremento de las muertes”.
De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Andar de la CPM, la grave situación se mantiene hace años y ha ido agravándose, pero en enero a partir de un habeas corpus en favor de internas del pabellón 1 de la Unidad Penal N° 50 volvió nuevamente a quedar expuesta y obligó a la Justicia a ordenar a las autoridades penitenciarias que tomen medidas que desde el organismo lamentan que todavía no se ejecutaron.
Inicialmente, el 5 de enero mujeres alojadas en el pabellón 1 de la Unidad Penal N° 50 presentaron un habeas corpus colectivo que fue acompañado por CPM para exigir controles ginecológicos, atención médica adecuada y provisión de insumos y medicamentos. Esa acción fue resuelta favorablemente dos días después por parte del titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 2, Juan Galarreta.
En esa resolución el juez ordenó la incorporación de personal de salud, controles periódicos y atención ginecológica, además de solicitar información respecto a la provisión de medicamentos, entre otros puntos.
Desde la CPM relataron que pasados 20 días de esa resolución, nada cambió en la Unidad Penal N°50 por lo que resolvieron, además de reclamar el cumplimiento de la sentencia, la ampliación del objeto del habeas corpus hacia el resto de unidades -la N°15 y la Alcaidía Penitenciaria N°44- al exponer que “atraviesan una idéntica vulneración de derechos”.
En esa segunda presentación, desde la Comisión por la Memoria alertaron que “producto de la enorme cantidad de fallas, ausencias y desidia en cuestiones de atención médica en el Complejo Penitenciario de Batán a lo largo de los años se registra un incremento exponencial de las muertes”.
“Esas muertes guardan vínculo directo con padecimientos de salud no atendidos, faltas de controles periódicos, carencia de diagnósticos y tratamientos, pero, además, genera experiencias vitales marcadas por el padecimiento que significa vivir con dolor crónico y sin asistencia, con secuelas incapacitantes para toda la vida, con la angustia de no saber si se va a poder continuar un tratamiento por interrupción de las terapias, de los medicamentos, de la atención sanitaria”, describió el organismo.
A ello, también agregaron la incompleta campaña de vacunación contra el coronavirus llevada adelante en las unidades penales. “La campaña de vacunación ha sido parcial, recibiendo la población alojada solo una dosis de vacuna”, describieron y plantearon que hasta el momento “no hay plan para continuar la vacunación” lo cual agravó el impacto de la tercera ola de contagios.
Tras esa presentación -relataron desde la CPM- el 28 de enero el Juzgado de Ejecución Penal N°2 volvió a resolver de manera favorable y amplió el habeas corpus hacia todo el Penal y ordenó al director de Salud Penitenciaria del Complejo que, bajo apercibimiento de concretarse una denuncia por desobediencia, informara nombres de los médicos clínicos o ginecólogos que intervienen en cada unidad penal, frecuencias de controles médicos y procedimientos de ingreso de medicamentos. También ordenó que se informe sobre faltantes de medicación, la modalidad de seguimiento sobre internos e internas que padezcan diabetes, epilepsia o hipertensión y, en esos casos, si se cuenta con los instrumentos o reactivos necesarios.
En su nueva resolución, el juez Galarrera planteó, de acuerdo a lo informado por la CPM, haber constado “la falta de suficiente personal médico para la cobertura de guardias médicas en las tres unidades penales” y cuestionó no contar con “informe alguno sobre servicio diario o especialidades que se brindan que pueda indicarse como complementario a este régimen de guardias”.
“Se indican sólo cinco días de guardia activa en la UP 15, sin cobertura activa los viernes y sábados. Por otro lado, un único profesional cubre el servicio de guardia –también pasiva– en las UP 44 y 50, sin otro indicador sobre qué otro tipo de atención se brinda en el sector, donde se carece, por ejemplo, de médico ginecólogo u obstetra para una unidad penal de mujeres”, sumó.
FALTA DE RESPUESTAS Y ACUSACIONES INTERNAS
En medio de la tramitación del habeas corpus, desde la CPM junto a referentes del “Proyecto Mecha” se reunieron con los participantes de los Comités de Prevención y Resolución de Conflictos de las unidades penitenciarias y la dirección de la Unidad Penal N° 15. Según explicaron, allí se les informó que desde la Dirección de Medicina Asistencial del SPB no se había dado respuesta a ninguna de las demandas.
“Uno de los problemas recurrentes es que la responsabilidad por el incumplimiento en garantizar el derecho a la atención integral de la salud corresponde a la Dirección de Salud Penitenciaria y también al Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes se acusan mutuamente de diferentes acciones u omisiones que contribuyen al desastre sanitario existente”, cuestionaron desde la CPM.
Y apuntaron: “No existe ni siquiera un sistema de coordinación efectivo, un enlace, que vincule el sistema público de salud y las unidades sanitarias dentro de las cárceles. La salud penitenciaria debiera encontrarse a cargo de la gestión del Ministerio de Salud para que las personas detenidas sean atendidas en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos”.
Ante este contexto, uno de los pedidos concedidos en el habeas corpus fue la programación de una audiencia de control de ejecución de lo dispuesto por la Justicia de la que participe el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y el subsecretario de Política Penitenciaria “a fin de buscar respuestas efectivas a lo reclamado”.
Por otro lado, desde la CPM evidenciaron una situación repetida en diversas unidades penales de la Provincia: “Durante la pandemia se instalaron hospitales modulares en diferentes complejos penitenciarios, los que se encuentran vacíos y sin uso en función de la carencia de profesionales que atiendan allí”. Así, plantearon: “Son costosas estructuras ociosas que incluso empiezan a deteriorarse luego de mas de un año sin utilizarse y por lo tanto no aportaron mejora alguna a la crítica situación sanitaria”.
