Coronavirus: piden que las personas detenidas sean incluidas en el plan de vacunación
En el marco de la segunda ola, la Comisión Provincial por la Memoria elevó diversos pedidos al gobierno bonaerense y a la Suprema Corte.
Ante la llegada de la segunda ola del coronavirus, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió y reclamó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y la Suprema Corte que las personas detenidas en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires sean incluidas en el plan de vacunación contra el coronavirus que está llevando a cabo el gobierno nacional y provincial.
En el marco del alerta que ya emitió ante el crecimiento de los contagios durante la primera ola, desde el organismo provincial volvieron a advertir sobre las “condiciones inhumanas” que se presentan en muchas cárceles bonaerenses y plantearon que no se cumplen los protocolos sanitarios por falta de elementos de higiene y agua potable. También reiteraron su preocupación por la “sobrepoblación y hacinamiento extremo” y remarcaron que “existen muy pocos testeos”, aún con un caso sospechoso o con síntomas compatibles con la enfermedad.
En un informe presentado tras realizar 32 inspecciones en 27 unidades penitenciarias de toda la provincia, la CPM dio a conocer que durante todo 2020, 28 de las 178 personas fallecidas en cárceles bonaerenses fueron por covid 19.
Según señalaron, ante la situación de que una persona detenida sea caso sospechoso, las medidas sólo consisten en aislar a pabellones enteros sin testear ni brindar ningún seguimiento o atención. Es por eso que remarcan que “el esfuerzo realizado por el Estado nacional y provincial en la lucha contra la pandemia no tuvo su correlato en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires”.
A su vez, manifestaron que la cantidad de contagios presentada en las cárceles bonaerenses “es bastante difícil de calcular porque la información no ha sido ni rigurosa ni completa”: así detallaron que hasta el 12 de marzo del 2021, se realizaron 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense ante una población de más de 44 mil detenidos, lo que representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas.
En este marco, la CPM reclamó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Salud y a la Suprema Corte bonaerense que “se incluya a las personas detenidas en los planes de vacunación dispuesto por la autoridad sanitaria y priorizar, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada”.
Además, la CPM pidió que se garantice la provisión de los elementos necesarios para prevenir los contagios como son barbijos, jabón, alcohol en gel y lavandina. Asimismo, pidió que se controle el cumplimiento de los correspondientes protocolos, tanto el correcto uso del barbijo por parte del personal penitenciario, como la toma de temperatura y sanitización de las personas que ingresan.
“La emergencia de una segunda ola de coronavirus, con cepas que tienen mayores índices de transmisibilidad y que manifiestan cuadros clínicos más graves en pacientes jóvenes, hace indispensable tomar medidas para garantizar no sólo la salud de las personas detenidas sino también para evitar que una situación de contagio en las cárceles se disemine extramuros”, planteó el organismo.
“SOBREPOBLACIÓN Y HACINAMIENTO”
En su informe, la Comisión Provincial por la Memoria también reparó en la necesidad de “pensar en medidas estructurales tendientes a reducir los índices de sobrepoblación y hacinamiento”. Y detalló que en abril de este año, había en cárceles bonaerenses 44.584 personas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias existentes, lo que implica una sobrepoblación de 114%.
“Considerando las nuevas 1.222 plazas que aún no están habilitadas en su totalidad, la sobrepoblación aun estaría en un elevado índice del 102%, con pabellones donde se excede incluso estos porcentajes, llegando a triplicarlos”, alertaron, tal como lo vienen exponiendo hace años.
En este sentido, solicitaron a la Corte bonaerense que instruya a los jueces para revisen la situación de detención y controlen la condición de las personas que se encuentran detenidas a su cargo y son grupos de riesgo según las disposiciones de Ministerio de Salud y pidieron, tal como lo realizado ante la primera ola, que “instruya a los magistrados para revisar de oficio las prisiones preventivas por delitos leves y no violentos, y evaluar el otorgamiento de libertadas o medidas morigeratorias para las personas condenadas por estos mismos delitos y para aquellas que se encuentran en condición de acceder a los regímenes de libertades asistidas y condicionales”.
En mayo del año pasado, y tras una polémica con idas y vueltas judiciales, la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó un habeas corpus colectivo al que había hecho lugar el Tribunal de Casación un mes antes que ordenaba, entre otras medidas, la prisión domiciliaria para detenidos por delitos leves que integren grupos de riesgo del coronavirus. Así, el máximo tribunal dispuso “reencauzar” los alcances del fallo para que cada juez o tribunal interviniente en los casos realicen su tratamiento de manera particular, siguiendo directivas establecidas por la propia Corte.
