Plaza Rocha: “El derecho al trabajo es de todos, no es delito”
Lo dijo la concejal kirchnerista Marina Santoro al ratificar que se comenzará a trabajar en una normativa para el sector. “Hay un compromiso de palabra de permitir la actividad hasta que se avance en la regulación”, señaló.
Pasados los días en los que el gobierno municipal mostró su intención de desalojar a los feriantes de la Plaza Rocha que realizan compras y ventas a través de Facebook, el Concejo Deliberante se prepara para comenzar a trabajar en una normativa que regule el sector con el impulso del Frente para la Victoria. Mientras tanto, aseguran que “hay un compromiso de palabra de permitir la actividad hasta se avance en la regulación”.
Este martes, después de la presencia de inspectores y de la policía en la plaza, se acercaron al lugar integrantes de Infantería, pero no intervinieron. Y en ese sentido, esa esperan desde el Frente para la Victoria que sea la actitud del gobierno municipal. “El diálogo que logramos y el compás de espera tiene que ver con un compromiso del Ejecutivo que nos de un tiempo para crear una nueva normativa”, explicó al concejal Marina Santoro en diálogo con QUÉ, en la radio.
En este sentido, dijo que la propuesta de regular la actividad “no tiene que ver únicamente con una iniciativa del Frente para la Victoria sino que se espera que sea acompañada por otros concejales”.
En concreto, explicó que la intención es “generar una nueva normativa que pueda permitir que los feriantes puedan trabajar y se regule la actividad”. “El precedente es el de los choripaneros, que llevó mucho tiempo de trabajo, pero que ya se está armando una propuesta legislativa en cuanto al tema y estamos convencidos de que con los feriantes podemos llegar al mismo destino”, graficó.
En referencia a qué sucederá mientras se trabaje en la normativa con la actividad de las personas que cada martes y viernes concurren a la Plaza Rocha, sostuvo: “De palabra hay un compromiso de permitir la actividad hasta tanto se confeccione esta normativa. Esperemos que realmente sea una realidad”.
Consultada respecto a la postura de Inspección General de intervenir a partir de sostener que también fueron detectados grandes comerciantes que poco tienen que ver con la economía social, señaló: “En este tipo de cosas siempre puede haber alguien de mala fe o algún oportunista. Pero es la minoría y es esencial en esto que tengamos una mirada como Estado que esto es un emergente social, que es gente que tiene una economía de subsistencia, gente que si tuviera la posibilidad de un acceso digno estaría realmente trabajando como corresponde”. De esta manera, consideró que “el derecho al trabajo es para todos, no es de ninguna manera delito”.
