Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
23/03/2019

Por el derecho al aborto legal, el 2019 “seguirá siendo verde”

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dio a conocer el nuevo proyecto de ley, que se presentará en abril en el Congreso. Las modificaciones y la importancia de la unidad y la organización federal.

Por el derecho al aborto legal, el 2019 “seguirá siendo verde”
(Fotos: ilustrativa / QUÉ Digital)

En los últimos días, y luego de un histórico 2018-año en el que la lucha de las mujeres y personas gestantes por el derecho a decidir sobre sus cuerpos se trasladó a las calles, sin posibilidad de vuelta atrás- la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dio a conocer el nuevo proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se presentará, por octava vez, a finales de abril en el Congreso de la Nación.

En ese contexto, el fin de semana pasado, la Campaña llevó adelante la plenaria en la que se debatió y consensuó el articulado del proyecto. Desde Jujuy a Tierra del Fuego y de distintos puntos del país, 190 activistas viajaron en representación de las treinta regionales que integran la Campaña, y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Socorristas en Red-Feministas que Abortamos.

Y en ese marco, Mar del Plata estuvo presente, de la mano de las integrantes de la seccional local de la Campaña, quienes participaron de la redacción del proyecto. QUÉ Digital dialogó con tres de ellas –Roxana Lefayt, Lourdes Vignolo y Valeria Crespo-, quienes hablaron sobre las modificaciones en el articulado, las expectativas de cara al tratamiento, la diferencia entre cesárea e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la importancia de los protocolos para garantizar el derecho la seguridad de los procedimientos.

En líneas generales, el proyecto 2019 establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, “entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Puntualmente, se establece que estas personas podrán acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana 14 de gestación en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura del 100% si tienen obra social, mutual o prepaga. Además el proyecto propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

En ese sentido, también, se establece un sistema mixto de plazos y causales. Más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral, ésta última entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social (tal como la define la Organización Mundial de la Salud).

En la misma línea del reclamo popular y la posición de millones de personas que acompañan la lucha de la Campaña en Argentina y el mundo, el proyecto propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar, y no incluye la objeción de conciencia, ya que consagra esta práctica de salud “como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias o posiciones personales, religiosas o morales”.

Además del derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida, “ante la permanente obstaculización y embestida contra los derechos sexuales y (no) reproductivos por parte de las jerarquías eclesiásticas y las organizaciones fundamentalistas antiderechos” la Campaña decidió reforzar en el mismo articulado del proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos que forman parte de su triple consigna desde el inicio: el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción.

MODIFICACIONES, EXPECTATIVA, CESÁREAS Y PROTOCOLOS

 ¿Cuáles son las principales modificaciones al proyecto de IVE? 

 –  Valeria Crespo: Este proyecto es producto del trabajo que se viene haciendo desde la Campaña pero que también incorpora aportes que se dieron el año pasado durante el debate en el Congreso. La primera modificación es que el sujeto de la ley es la mujer y otras identidades con capacidad de gestar, se mantienen las 14 semanas, es decir que la mujer o la identidad con capacidad de gestar puede solicitar la voluntad de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas sin manifestar causal. Y más allá de las 14 semanas, se eliminó la causal de las malformaciones graves.

– Lourdes Vignolo: Las principales modificaciones que se consensuaron son que se amplía el sujeto de derecho, no solo a las mujeres sino a todas las personas con capacidad de gestar, es un proyecto de ley más inclusivo. No se penaliza a ninguna mujer que aborte, se agrega un artículo para que la temática sea integrada a la Educación Sexual Integral (ESI) y se incluye la práctica dentro del Plan Médico Obligatorio, las obras sociales y el sistema público.

 – Roxana Lefayt: El proyecto que presentaremos en 2019 fue elaborado por una comisión redactora que trabajó cuatro meses de forma interdisciplinaria, teniendo en cuenta los aportes de las regionales. Respecto a algunas definiciones, la presente ley habla de la IVE y del aborto como términos equivalentes y el derecho se debe hacer efectivo en el servicio de los sistemas de salud en un plazo máximo de cinco días corridos. El proyecto habla sobre la cobertura y la responsabilidad del Estado nacional, las provincias y los municipios en la implementación de la ley ESI y el contenido curricular sobre el aborto debe ser enseñado como un derecho a través de contenido científico, laico, confiable, actualizado y con perspectiva de género.

 ¿Qué expectativas hay de cara al tratamiento en el Congreso? 

 –  Valeria Crespo: La idea de la campaña es presentar el proyecto en el mes de abril, coincidente con lo que viene haciendo la Campaña, ya que cada dos años vienen presentado el proyecto. El proyecto anterior se había presentado en el 2016, se trató en el 2018 y finalmente no se aprobó. Por eso, de cara a este nuevo año es que se presenta este proyecto, independientemente de la conformación del Congreso. Siempre en la Campaña a lo que se apunta es a tratar de que los legisladores que estaban en contra o indecisos finalmente se decidan a votar a favor de este proyecto y en eso siempre se trabaja, argumentando y siendo sólidas en esta presentación.

– Lourdes Vignolo: Las expectativas son buenas, sabemos que es un año electoral y difícil pero desde la Campaña queremos expresar que queremos que se hable de la temática y se legisle sobre nuestros derechos.

– Roxana Lefayt: Nosotras decimos que conocemos los tiempos electorales y si bien existe la misma composición en las cámaras legislativas, vamos a presentar el proyecto porque después del año pasado la sociedad argentina merece que haya un proyecto con estado parlamentario sobre el aborto legal. La decisión del tratamiento es de diputados y senadores, seguiremos haciendo presión en las calles y seguiremos haciendo presión para que la clase política entienda que esto es una necesidad de primer orden.

 La cesárea como procedimiento en casos donde se solicita y corresponde la ILE 

– Valeria Crespo: Obviamente nosotras entendemos que una cesárea nos es interrupción legal de embarazo. Es un término jurídico la interrupción legal de embarazo, que se aplica en aquellos casos no punibles; ahí es cuando se tiene que realizar el aborto. Particularmente en los casos que han acontecido, lo que vemos es que ha habido una obstaculización por parte del Estado para que no se realice el procedimiento legal, así que responsabilizamos al Estado por la situación que han tenido que atravesar estas niñas, niñas no madres.

– Lourdes Vignolo: Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir dijimos y nos expresamos claro, porque cesárea no es ILE. Dentro de las prácticas para interrumpir un embarazado en forma legal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no incluye las cesáreas. Sabemos que hay provincias que tienen sus particularidades, donde se dificulta que haya profesionales que garanticen la práctica. Pero creemos que los estados tienen que capacitar a los profesionales para hacer las prácticas de calidad. Vamos a seguir luchando para decir que cesárea no es ILE, porque las intervenciones del segundo semestre o de embarazos avanzados –cuando corresponden a una ILE- deben ser prácticas de calidad y no hacerse cesáreas cuando no es el procedimiento acordado ni sugerido por la OMS.

Roxana Lefayt: El término jurídico que corresponde a la ILE es dar respuesta a las prácticas. En los casos de Tucumán y Jujuy, el Estado no debe permitir que se llegue a tiempo un embarazo como el que cursaron estas niñas. La conclusión expone la ineficacia del Estado para prevenir y la profunda tortura que fue llevar a esas niñas a que tuvieran que pasar por esta situación.

 ¿Son necesarios los protocolos locales pese a la vigencia de un protocolo nacional? 

– Valeria Crespo: Habiendo un protocolo nacional legalmente no se requieren protocolos locales pero en nuestro Municipio se está trabajando en un protocolo municipal para ordenar la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el hospital. Pero claramente no es necesario que haya protocolos locales habiendo un protocolo nacional.

– Lourdes Vignolo: No hace falta que se generen protocolos internos, porque con el nacional y el artículo 86 y el fallo FAL ya tenemos la fundamentación para hacer las prácticas. Pero lo que se necesitó, en el caso de Mar del Plata, fue generar acuerdos para alguna funcionalidad interna, para ver cómo vamos a hacer las prácticas en el Municipio, pero no por algo legal sino para organizar el sistema público de salud.

– Roxana Lefayt: Es necesario que se adhiera y se elabore en cada localidad un protocolo que se enmarque en los derechos consagrados de la salud. Los profesionales de la salud que integran los servicios deben conocer las leyes y las normas para nunca más violar los derechos de ninguna persona. También se deben advertir cuáles son los recursos técnicos con los que se cuenta. En lo local hay mucho para hacer y mucho para prevenir y proceder desde la perspectiva de derechos. Es una decisión política y un quehacer para que los procesos no queden solo en letra muerta. 

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23/03/2019