Precarización en el Centro de Admisión de menores: “La situación sigue siendo insostenible”
Trabajadores aguardan por un pase a planta que no llega y sostienen el funcionamiento de un dispositivo clave a pesar de no cobrar hace seis meses y el reducido personal.
Desde mediados de 2019, cuando se puso en funcionamiento en Batán en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) para menores en conflicto con la ley penal, sus trabajadores -que sostienen un dispositivo clave en la asistencia- advierten por la irregularidad de su contratación. Pasado el tiempo, algunos dejaron sus puestos y otros permanecieron, pese a la crítica condición laboral. En el último año, luego de anuncios de la Provincia, algunos de esos 30 trabajadores fueron pasados a planta temporaria pero otro grupo permanece desde noviembre sin contrato y sin facturar al Estado como monotributistas, como lo hacían hasta entonces. Por eso, advierten que “la situación fue y sigue siendo insostenible” y mantienen el reclamo que comenzaron a exponer días atrás en busca de que avancen los expedientes para regularizar su situación.
Daiana es una de las trabajadoras afectadas del CAD y es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde donde la semana pasada empezaron a exponer la situación crítica que atraviesan desde noviembre un grupo de unos diez trabajadores que esperan su pase a planta temporaria y mientras tanto, no cobran sus sueldos.
En diálogo con Qué digital, diana cuenta que hoy tanto en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) como en el de Contención -que se trata de un régimen semiabierto- se desempeñan unos 30 trabajadores y trabajadoras de unos 50 que llegaron a ser cuando se abrió la institución a mediados de 2019, en el mismo predio donde se encuentra el Centro Cerrado de Menores.
“Se han caído muchos contratos a lo largo de estos dos años por la irregularidad en los pagos y de contratación interrumpida, con pagos espaciados”, describe y relata que, facturarle al Estado en calidad de monotributistas, representó tener un “sueldo paupérrimo”. “Facturábamos y el Estado nos pagaba tres meses después, nos renovaba el contrato y nos dejaba un montón de meses sin cobrar”, sumó.
Así, la trabajadora planteó que muchos trabajadores fueron dejando sus puestos, hasta que finalmente en el último año comenzó el proceso de pase a planta temporaria de las y los trabajadores, aunque hasta el momento un grupo que incluye a unos diez sigue en medio de una total incertidumbre.
Para esos trabajadores que siguen esperando el pase a planta temporaria la situación se volvió peor que antes: es que en noviembre cuando finalizaban los contratos les llegó la orden de no realizar más la facturación ya que serían pasados a planta, algo que no ocurrió. “Desde noviembre hasta hoy no se vio un solo peso de los sueldos que la Provincia adeuda”, expone la delegada de ATE y subraya: “Los otros 22 compañeros pasaron a planta y 8 no pasamos a planta y tampoco tenemos contrato, estamos en un vacío“.
“La situación fue y sigue siendo insostenible”, advirtió y pese a lo que están viviendo y la falta de explicaciones o avances concretos de los correspondientes expedientes, reparó en que los funcionarios al menos nunca dejaron de responderles. Incluso con las autoridades de la institución acordaron reducciones horarias con las cuales pudieron buscar otras formas de subsistencia, contar con una camioneta para los trasladados al no tener cómo pagar el traslado hacia el CAD y hasta acceder a bolsones de alimentos dada la crítica situación que supone trabajar y no cobrar duramente meses.
CONTRATOS PRECARIOS, MENOS TRABAJADORES, MENOS ESTADO
Las irregulares condiciones de contratación que el propio Estado impulsó desde el inicio del dispositivo hizo que, paulatinamente, la nómina de trabajadores fuera en descenso, al encontrar mejores sueldos o calidad de trabajo en otros dispositivos, en el sector privado o simplemente por necesidad de cierta estabilidad.
Así se redujo la nómina pero también la capacidad de respuesta de un dispositivo clave para la contención de jóvenes. Al respecto, Diana planteó que la situación “afectó un montón el manejo de la institución” y graficó que, por ejemplo, en lugar de tener seis asistentes quedaron tres.
“Equipo técnico nocturno no hay y tiene que venir el del día y atender a los de la noche que quedaron. Médicos no tuvimos durante mucho tiempo y no podía haber ingresos de chicos que se aprehendían en la vía publica porque no se podían hacer los controles”, remarcó y así, por ejemplo, al no poder recibirlos, el mismo patrullero que los aprehendía y los llevaba al lugar, los entregaba a sus familias.
DOS INSTITUCIONES, EL MISMO PERSONAL
Mientras por un lado se encuentra el Centro Cerrado, que alberga a jóvenes menores de 18 años en cumplimiento de medidas privativas de la libertad, los 30 trabajadores en conflicto se desempeñan tanto en el CAD, donde circulan casi permanentemente hasta seis jóvenes a la vez en conflicto con la ley penal para evitar que permanezcan en comisarías o patrulleros a la espera de una decisión del fiscal, y también sostienen el Centro de Contención, de régimen semiabierto, que contiene de manera permanente a un máximo de seis menores a la vez en términos socioeducativos y de reinserción.
Sobre la tarea en el CAD, relató: “Recibimos a los pibes aprehendidos para que no estén en el patrullero ni en la comisaría, se hace la tarea de brindarle asistencia de derechos (se les da de comer, se bañan, charlan con los padres, con los servicios de promoción) en doce horas. Se hace una evaluación psicológica y una sugerencia técnica sobre el abordaje y se pide la derivación a una institución permanente o es devuelto a sus padres o a su ámbito”.
Así, por ejemplo, frente a la pandemia y la reducción de personal, las guardias pasaron a ser de seis a tres personas. “Somos tres personas que atendemos a seis pibes que están permanentes acá, pero si se produjeran seis ingresos somos tres personas con doce pibes y sin equipo técnico (psicólogo ni trabajador social) de noche”, graficó.
No obstante, más allá de las necesidades de mejores condiciones laborales y más personal, los dispositivos están conformados por trabajadores sociales, médicos, enfermeros, psicólogos y administrativos.
