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07/08/2022

Predio del Faro: priorizar la iniciativa privada por sobre la educativa y comunitaria

Antes de convalidar la ocupación e impulsar la instalación de un bar en la reserva, Montenegro había recibido una propuesta de la Universidad para utilizar el espacio.

Predio del Faro: priorizar la iniciativa privada por sobre la educativa y comunitaria
(Fotos: Qué digital)
Sebastián Alí

Por: Sebastián Alí

A mediados de julio, el intendente Guillermo Montenegro presentó un expediente en el Concejo Deliberante en el que, además de convalidar la ocupación irregular y con un fin comercial del predio lindante al Faro, impulsa la instalación de un bar de la firma Burbarrel S.A -propietarios del gin Restinga– en plena Reserva Forestal Paseo Costanero Sur. Fue, además, la iniciativa que priorizó por sobre una propuesta que había recibido semanas antes: la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) había pedido que se considere ceder el espacio en cuestión para trabajarlo junto a la Secretaría de Derechos Humanos en proyectos educativos y comunitarios. Una crónica de las prioridades de la gestión municipal.

El conflicto por el terreno de dos hectáreas ubicado en el límite sur del predio que hace al centro clandestino de detención del Faro no es nuevo y tuvo su punto más intenso en 2019. En ese entonces, el exintendente Carlos Arroyo intentó ceder de manera oficial -y frente a una fuerte oposición popular– el terreno municipal que desde al menos 2005 ocupa de forma irregular la Asociación Civil Centro Recreativo Luis Piedrabuena, perteneciente a Augusto Menecier, un exmilitar de Inteligencia Naval que ofició en la Armada durante la última dictadura cívico militar.

Hoy Montenegro insiste con convalidar esa cesión del espacio no solo dándole continuidad al intento de Arroyo por dejar atrás los conflictos penales y administrativos iniciados por la propia Municipalidad por la ocupación, sino también dándole lugar a una nueva iniciativa comercial privada en medio de la Reserva, priorizándola por sobre proyectos educativos y ambientales.

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LA BÚSQUEDA DE LA UNIVERSIDAD

Con la firma del rector Alfredo Lazzeretti -y fechada el 24 de junio- la Universidad Nacional de Mar del Plata había presentado un petitorio ante el intendente (proyectaban hacerlo también ante el Concejo Deliberante) pidiendo que se contemplara a nivel ejecutivo y legislativo la posibilidad de ceder a la Universidad el predio “con el compromiso de avanzar coordinadamente en su proyección con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación” de la cual depende el Espacio de la Memoria.

Específicamente, apuntaban a generar un polo educativo, recreativo, histórico y cultural en el predio perteneciente al Municipio, ocupado por el exmilitar y considerado parte de la Reserva Forestal.

Un segundo punto del petitorio, además, manifestaba que en caso de no considerar esa cesión se arbitraran los medios “para que dicho territorio permanezca en manos del Estado Municipal para avanzar en un proyecto sinérgico” que incluya a la UNMdP y al gobierno nacional.

Para la UNMdP, el predio “posee un valor histórico imposible de disociar con la estructura represiva del Estado durante la última dictadura cívico militar”, y generar junto al Estado municipal un espacio de “recuperación testimonial, de memoria y de resiliencia democrática resulta, a nuestros ojos, fundamental”, escribió Lazzeretti en la presentación.

Para la Universidad, el valor histórico y social confluye con su carácter natural, y hace del predio una oportunidad para “ponerlo al servicio de la comunidad” a través de la conformación de un “polo o corredor educativo” donde desde la Secretaría de Derechos Humanos se promueva el acceso a derechos, formación ambiental y participación ciudadana en el espacio público.

INVESTIGACIÓN EN EL PREDIO DEL FARO

Este interés manifiesto de la Universidad, además, no es casual, sino que se inscribe en su inminente arribo al predio del Faro, pero a los 34.907 metros cuadrados ubicados hacia el norte que pertenecían al Ministerio de Defensa, y que desde 2019 fueron cedidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la construcción de un Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas (Ciimar).

El Ciimar es uno de los principales proyectos de la Universidad Nacional y se llevará a cabo en parte gracias a un convenio firmado con el Conicet y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que aportará 1.000 millones de pesos, a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El predio en el que se construirá el CIIMAR (Foto: Qué digital)

Es decir, en un futuro, en el lugar se espera que trabajen unas 350 personas entre becarios, investigadores y personal técnico, no solo como parte del Centro de Investigaciones sino que incluso se proyecta que sea futura sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

EL ESPACIO DE FORMACIÓN AMBIENTAL SOCIO COMUNITARIO

La presentación de la UNMdP al intendente se da tras un trabajo de años junto al Colectivo Faro de la Memoria. En este caso, para gestionar las hectáreas ocupadas y en conflicto, el Colectivo había propuesto a la Universidad la creación de un Espacio de Formación Ambiental Socio Comunitario, con el objetivo de trabajar en el acceso y promoción de derechos, formación ambiental y participación ciudadana en torno al espacio público, tanto con perspectiva recreativa como turística.

Los lineamientos del proyecto socioeducativo surgen de un borrador presentado a la Universidad donde, por ejemplo, se deja en claro que para el colectivo, la educación ambiental que se promueve puede contribuir a un “cambio cultural”. Por eso desde el Espacio de Formación apelan a generar recorridos interactivos por el lugar, centrados en el conocimiento de la biodiversidad, energías renovables, agroecología o investigación, como también transmitir saberes “sostenibles” fundamentados en la permacultura, e impulsar visitas guiadas o capacitaciones y eventos con participación activa en los barrios.

“Hoy, el contexto de iniciativas privadas que presionan sobre el ámbito geográfico costero de la zona sur de nuestra ciudad y el respaldo de las mismas por parte de sectores políticos locales nos pone, más que nunca, a pensar y accionar para la defensa y la protección del espacio público y el ambiente. Espacio público y ambiente, entendidos como derechos humanos“, manifiesta el borrador.

En suma, proyectan que el Espacio de Formación y el vínculo con la UNMdP permitan la creación de un proyecto de extensión universitario que justamente involucre al futuro Centro de Investigaciones Marinas (Ciimar) a través de un Proyecto Sociocomunitario de Formación Ambiental.

Además del rol social, científico y ambiental, la fundamentación del proyecto tiene un fuerte componente histórico. Es que, como parte de la reconstrucción de las múltiples historias de vida que hacen al Espacio de la Memoria que funciona en la ex ESIM, el pasado, los usos y ocupaciones del predio que perteneció a la fuerza -como los bienes comunes en general- no pasan desapercibidos para el Colectivo, uno de los actores del ex centro clandestino de detención además del Aquarium -que se hizo de uno de los sectores en los ’90- y la Asociación Civil, que montó el camping y lo ocupa sin permiso municipal hasta hoy.

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Por eso, en términos históricos, desde el Colectivo Faro de la Memoria remarcan que hasta su municipalización en la década del ’80, todo el predio formó parte de alguna manera de la Escuela de Suboficiales y, en consecuencia, de la estructura represiva del Grupo de Tareas 6.2 de la Armada. Entonces, para el Colectivo, todo el terreno de Avenida de Los Trabajadores al 5.700 -incluida la parte ocupada por el camping- “no puede desprenderse de la totalidad de lo que fue la ESIM” y todo lo que eso implica a la hora de valorar el predio, sobre todo porque afirman que se busca instalar que ese sector no fue parte del accionar del centro clandestino de detención.

Incluso, para argumentar la importancia del terreno en la memoria colectiva, sostienen que el sector del camping fue el lugar donde se produjo el que consideran “el primer caso de gatillo fácil de la democracia”: el asesinato de Daniel Andrade, en octubre de 1984, un joven que salía de una fiesta estudiantil y fue alcanzado por disparos efectuados -afirman reconstrucciones– por parte de un centinela de la ESIM.

“A CUALQUIERA QUE VA A USURPAR UN PREDIO LO EXPULSAN”

Ana Pecoraro es una de las referentes del Espacio, conoce la historia del lugar y es parte activa de los proyectos por recuperar y transformar cada rincón del ex centro clandestino de detención. “Esto es histórico. En el 2014 entramos nosotros, pero el conflicto con el camping ya estaba presente porque en los ’90 cuando el predio que era de 16 hectáreas fue entregado al Aquarium y a un parque de diversiones, el militar que aún lo sigue teniendo de manera ilegal cerró la parte del camping y lo transformó en un espacio recreativo para la fuerza pero que después fue explotando y usufructuando de manera personal”, reconstruye diálogo con Qué digital en torno a la “usurpación” que el gobierno municipal busca convalidar.

Pecoraro recuerda que “siempre hubo desde los organismos de derechos humanos presentaciones ante el Municipio por este predio”, y que las iniciativas repuntaron durante el gobierno de Gustavo Pulti: “Fue con José Luis Zerillo como director de Derechos Humanos cuando se inició el juicio de desalojo, administrativo y judicial que tenía dictamen favorable pero que no se llegó a ejecutar porque hubo cambio de gobierno“.

Cuando todavía están tratando de entender el intento fallido de convalidación de la ocupación de la tierra impulsado por Arroyo, ahora se suma esta iniciativa de Montenegro que retoma ese permiso: “A cualquiera que va a usurpar un predio o un lugar lo expulsan e incluso lo sacan con la fuerza. En cambio a este señor, que está usurpando y usufructuando sin ninguna habilitación, le reconocen la posesión”, cuestionó.

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La sorpresa para los organismos, no obstante, es mayor porque afirman que desde hacía tiempo estaban articulando con la Universidad para hacer una propuesta en torno al predio, e incluso la hicieron llegar a Montenegro semanas antes de la presentación del convenio con Restinga. “Nosotros estábamos pendientes de lo que pasaba con este predio, veníamos hablando con la UNMdP. Desde los organismos de derechos humanos se le sugirió a la Universidad que pida el predio Luis Piedrabuena -como lo llama el usurpador- para armar un lugar que tenga que ver con lo ambiental, porque además de tener rasgos históricos, tiene rasgos biológicos y turísticos al ser el inicio de la Reserva Forestal”, señala.

El tema es dónde, cómo, quién controla, qué estudios de impacto ambiental se realizan para hacerlo en una reserva y en un centro clandestino de detención. Hay otros predios, otros espacios donde esto se puede desarrollar.

“A mí lo que me sorprende es que cuando la UNMdP presenta la nota al Ejecutivo, todavía no había nada presentado oficialmente en relación a un proyecto comercial. Después de que la Universidad hace la presentación y se pidieron reuniones con los bloques del Concejo Deliberante, al otro día el Ejecutivo presentó el proyecto del bar”, continuó.

De todos modos, desde el Colectivo buscan aclarar que no están en contra de emprendimientos privados “pero entendemos que el tema es dónde, cómo, quién controla, qué estudios de impacto ambiental se realizan para hacerlo en una reserva y en un centro clandestino de detención. Hay otros predios, otros espacios donde esto se puede desarrollar“, señaló Pecoraro y cerró: “Sorprende que el Municipio priorice entregarlo para hacer un bar ante la posibilidad de un proyecto público de la Universidad, que inclusive también podría trabajar el Municipio. Hay miles de posibilidades, pero no un espacio comercial“.

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