Sobremonte: procesan a los dueños por asociación ilícita fiscal
Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti en el marco de una causa en la que se los acusa de realizar maniobras para eludir el pago de tributos nacionales.
En el marco de una causa judicial iniciada hace más de tres años, la Justicia Federal procesó en las últimas horas a los responsables del reconocido boliche Sobremonte por el delito de asociación ilícita fiscal y a algunos de ellos también por “evasión tributaria simple” en concepto de más de $2 millones.
De acuerdo a la información oficial, el juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Nº 1, resolvió el procesamiento de diez personas -de las que por el momento no trascendieron sus identidades- por el delito de asociación ilícita fiscal: a cuatro de ellas en calidad de jefes y al resto como miembros. A su vez, decretó el procesamiento de tres por el delito de evasión tributaria simple por la suma de $2.092.842.
En la causa se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte por llevar adelante, entre 2003 a 2014, maniobras de evasión tributaria mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.
En la resolución del juez, se fijaron cauciones personales por la suma de $1 millón y de #100 mil pesos y se ordenaron embargos por la suma de $5 millones. También, se resolvió decretar la falta de mérito para uno de los acusados -ya que originalmente eran once- y el sobreseimiento por algunos períodos fiscales por aplicación de la ley penal más benigna.
En agosto de 2015 la fiscal Laura Mazzaferri, conjuntamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), habían solicitado que se citara a prestar declaración indagatoria a once imputados
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la explotación económica del complejo Sobremontese se llevó a cabo “a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas”.
De acuerdo a la acusación, los organizadores de la operatoria colocaron delante de cada una de las unidades que integran el complejo –confiterías, bocas de expendio de bebidas, restaurantes, discotecas- a diversas sociedades creadas con el objetivo de “separar su funcionamiento de los verdaderos titulares”.
El accionar de los fiscales apuntó esencialmente a desentrañar la “comunión de intereses” entre quienes figuran a cargo de las concesiones y los señalados como propietarios del complejo Sobremonte. En este sentido, los resultados de los allanamientos llevados a cabo en Sobremonte y en el estudio contable (a cargo del asesoramiento), sumado a los coincidentes testimonios brindados por ex empleados –entre otros elementos del abundante caudal probatorio- permitieron establecer esa conexión existente entre los reales beneficiarios del complejo y las personas jurídicas que se interpusieron ante los organismos fiscales.
Uno de los aspectos que sobresalió en la pesquisa es la notable inconsistencia que surgió entre el perfil patrimonial y lo declarado ante el fisco por parte de los principales acusados.
