Prostitución: un informe sobre la ordenanza y el impacto en las trabajadoras sexuales
Fue realizado por un grupo de estudio de la Facultad de Humanidades a partir de 35 testimonios y presentado en un encuentro nacional que se realiza en Mar del Plata.
Con la presentación de un informe sobre las consecuencias de la nueva ordenanza que regula la prostitución en Mar del Plata y el impacto sobre las condiciones de vida de las trabajadoras, este jueves se inauguró el III Encuentro Nacional de Trabajadorxs Sexuales que tendrá lugar hasta este domingo en la ciudad con diferentes propuestas abiertas a cualquier persona interesada. Se lleva a cabo bajo la consigna: “Basta de criminalización hacia las trabajadoras sexuales, la solución es con derechos”.
En medio del conflicto por la aprobación e implementación de la Ordenanza 25.590 que generó a lo largo de estos meses denuncias por criminalización hacia las trabajadoras, la ciudad de Mar del Plata fue elegida como sede del tercer Encuentro Nacional de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual (RRTS) que se lleva a cabo desde este jueves con diferentes actividades y propuestas en la casa de la Red de Personas Viviendo con VIH (Santiago del Estero 1356) y en el Hostel “Mar y Juana” (9 de Julio 2463).
Desde la organización adelantaron que el encuentro tendrá la participación de trabajadoras sexuales de todo el país que arribaron desde Córdoba, Capital Federal, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chaco, La Plata y Fiske Menuco. Y explicaron que incluye talleres, conversatorios y jornadas culturales y artísticas abiertas a toda persona interesada.
La ordenanza 25.590, impulsada por el gobierno municipal para regular la prostitución en Mar del Plata, limita las zonas de demanda y oferta de sexo en la vía pública con la habilitación puntual de una sola zona comprendida por la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay. Quienes incumplen con el espacio estipulado, la norma fija sanciones y multas con valores que oscilan entre los $181 mil y $909 mil o arrestos de 5 hasta 30 días.
Luego de su entrada en vigencia en septiembre, el colectivo de trabajadoras sexuales nucleadas en la RRTS de Mar del Plata denunció públicamente haber sufrido discriminación, xenofobia, persecución policial además de detenciones arbitrarias en el marco de la normativa que sanciona a quienes ejercen el trabajo sexual por fuera de la zona delimitada. “Caminar no es un delito”, reclaman desde la aprobación además de exigir la apertura de nuevas zonas.
Es en ese contexto que se presentó como parte de la primera actividad del encuentro una investigación elaborada por el Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Allí se abordó, junto a las trabajadoras, las consecuencias de la “zona roja” en Mar del Plata.
La investigación a cargo del Grupo de Género en conjunto a la RRTS y Mujeres Transmigrantes relevó datos sociodemográficos, trayectorias migratorias, condiciones habitacionales, acceso a programas sociales, condiciones de trabajo y situaciones de violencia vividas previo y posterior a la implementación de la ordenanza que regula la prostitución en Mar del Plata. Lo hicieron a partir de 35 encuestas a trabajadoras que ejercen el trabajo sexual en la vía pública de Mar del Plata.
Los resultados preliminares, como parte de una primera etapa de investigación que -anticipan- continuará, relevaron que aproximadamente la totalidad de las personas encuestadas son personas trans y/o travestis de las cuales solo 4 de cada 10 tienen su DNI acorde a su identidad de género.
La edad promedio de las trabajadoras sexuales se ubicó en los 36 años y la gran mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual desde hace más de 13 años aunque, aclara el estudio, hay trabajadoras que ejercen hace un año y otras que superan los 30.
Solo un tercio de las trabajadoras encuestadas nacieron en Argentina mientras que la gran mayoría son migrantes internas de otras localidades de la Provincia de Buenos Aires con excepción de trabajadoras provenientes de Ecuador, Paraguay y Perú.
PERMANECER EN LA CALLE, ¿MOTIVO DE DETENCIÓN?
Aunque las situaciones de violencia vividas por las trabajadoras sexuales son históricas y comenzaron mucho antes (y más allá) de la implementación de la nueva ordenanza, 9 de cada 10 trabajadoras sexuales afirman haber observado un incremento del control y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad a partir de la vigencia de la norma. De igual manera, 6 de cada 10 indica que se incrementó el control y la violencia percibida por parte de los vecinos.
Las feminidades trans y travestis -agrega la investigación- también señalaron que las fuerzas de seguridad les impiden circular libremente por el espacio público al asumir que su presencia se debe a que están ofreciendo servicios sexuales. Por ello, resalta el informe, desde la implementación de la ordenanza las trabajadoras sexuales son detenidas por el solo hecho de estar en la calle, mientras se les indica que “no pueden circular de noche, independiente de la razón por la que lo hagan”.
A su vez, el estudio pone de manifiesto un empeoramiento de las condiciones de trabajo: las trabajadoras sexuales aceptan clientes o prácticas que consideran “más riesgosas” mientras que la zona roja produce, entre sus consecuencias, el “ganar menos” y “tener menos clientes”. Incluso, 8 de cada 10 trabajadoras encuestadas aseguraron tener dificultades para pagar el alquiler y comprar alimentos y 6 de cada 10 dejaron de trabajar “por un tiempo” a partir de la ordenanza.
“Los efectos económicos de la ordenanza sobre la vida de las trabajadoras sexuales cobran dimensión cuando observamos que solo dos de las personas encuestadas indican que sus ingresos no provienen principalmente del trabajo sexual y que los ingresos de prácticamente la totalidad de las personas encuestadas no alcanzan el monto del salario mínimo“, describe la investigación en la que se afirma que un tercio de las trabajadoras realiza otro trabajo además del sexual (de carácter también informal y precarizado entre el que se destaca el trabajo doméstico).
Por último, solo 1 de cada 10 trabajadoras sexuales cuenta con algún programa social (el Potenciar Trabajo y/o la Tarjeta Alimentaria) mientras que la mitad de las encuestadas posee una persona a su cargo o familiar al que le envían dinero y un tercio de ellas vive con niñeces o personas adultas que requieren cuidados: “Este último dato es muy significativo porque la localización de la zona roja en una zona tan distante a sus lugares de residencia implica la imposibilidad de garantizar el cuidado de quienes están a su cargo”.
En ese sentido, el informe concluye en que la creación de una zona roja en Mar del Plata tuvo un impacto negativo sobre las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, especialmente sobre aquellas femenidades trans y travesti por sobre mujeres cisgénero. No solo aumentó la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, describe el documento, sino que “empeoraron las condiciones de vida” de las trabajadoras debido a que el trabajo sexual es su principal fuente de ingresos. A su vez, señala que la normativa “restringe su derecho a circular por el espacio público” y en el caso de transfemenidades y travestis “su sola presencia en la calle es motivo para que la policía las detenga”.
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