Qué dice la resolución que manda otra vez a la cárcel a Etchecolatz
Dos de los tres jueces de la Cámara de Casación decidieron revocar el beneficio al considerar que “no se advierte impedimento para que permanezca en un establecimiento penintenciario recibiendo la atención médica necesaria”. Los detalles.
Dos votos contra uno de los tres jueces de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal fueron los que dieron lugar a la resolución que revocó el beneficio de la prisión domiciliaria con el que contaba el genocida Miguel Etchecolatz y que lo llevó a alojarse a fines de diciembre pasado en una casa del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Es que, pese a la opinión de uno de los magistrados, los otros dos consideraron que “no se advierte impedimento alguno para que (Etchecolatz) permanezca en un establecimiento penintenciario recibiendo la atención médica necesaria”.
Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos fueron los que decidieron revocar la prisión domiciliaria en contra de lo considerado por el primer voto emitido por Juan Carlos Gemignani, quien argumentó en sintonía como lo había hecho en una resolución similar tomada en noviembre de 2016 cuando también estaba en discusión en ese tribunal una prisión domiciliaria que beneficiaría a Etchecolatz.
El juez Borinsky cuestionó que el sólo hecho de tener una avanzada edad como Etchecolatz -de 88 años- “no justifica la concesión automática de la prisión domiciliaria”. E hizo referencia a los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense que detallaron las patologías que padece el genocida, entre ellas hipertensión arterial, trastornos neurológicos que alteran la estabilidad y la marcha y trastornos prostáticos. De todas maneras, esos informes, según lo señalado en la resolución, establecen que las afecciones “resultan de evolución crónica e irreversible que no requiere internación al momento actual”.
A su vez, en la resolución se remarca que los peritos del cuerpo oficial “aconseja en el lugar de detención los controles cardiológicos, urológicos y neurológico” y que “se deben cumplir con los controles y terapéutica de las afecciones observadas con la alternativa de ser trasladado a un centro de mayor complejidad en el caso de que su condición clínica lo requiera”.
En ese sentido, el juez Borinsky afirmó que “de dichos informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado (por Etchecolatz) permanezca en un establecimiento penintenciario recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías”.
Por otro lado, Borinsky señaló que el Tribunal que le concedió la prisión domiciliaria valoró la edad de Etchecolatz y su estado de salud “a fin de descartar la concurrencia de riesgos procesales soslayando el análisis del planteo a la luz de la doctrina establecida” por la Corte Suprema con relación al “especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga en los procesos en los que se juzgan delitos calificados de lesa humanidad y las implicatorias que ello tiene”.
De esta manera, advirtió que el tribunal “omitió referirse a la circunstancia invocada por el Ministerio Público Fiscal en su recurso de casación referida a la revocación, con fecha 24 de octubre de 2006, del anterior arresto domiciliario de que gozaba Etchecolatz luego de verificarse que poseía armas de fuego en su domicilio en su vivienda de Mar del Plata”.
A su turno, el juez Hornos reafirmó que “más allá de la edad que tiene el interno y de las patologías que sufre, el otorgamiento de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión”.
Y, en sintonia con el voto de su par, Hornos consideró que en la resolución en la que se dispuso la prisión domiciliaria “se ha efectuado una irrazonable y arbitraria valoración de las conclusiones a las que arribó el cuerpo especialista“. Y así, sostiene que esas conclusiones “evidenciaban las posibilidades con las que cuenta Etchecolatz para permanecer detenido dentro de un establecimiento penitenciario, recibiendo la debida atención, tratamientos y controles que resultan necesarios para sus patologías”.
Por su parte, el juez Gemignani, que votó en primer lugar y consideró que debía ratificarse la prisión domiciliaria, argumentó: “Atento a que de los nuevos informes acompañados al expediente se desprende que los padecimientos de salud del imputado se mantienen incólumes, pero con un alta posibilidad de agravamiento, desde la última intervención de esta Sala IV sumado que a la fecha el imputado cuenta con 88 años es que debo reiterar mi postura en orden a que la situación de Etchecolatz encuadra, desde hace un tiempo ya, dentro de las previsiones” del Código Penal que habilitan las prisiones domiciliarias.
