Quinta allanada: se trabaja en la asistencia integral de las víctimas
A través de la participación articulada de distintos organismos, se busca garantizar condiciones habitacionales dignas, la provisión de agua potable y la registración de los trabajadores.
Con la intención de abordar y solucionar de manera integral la delicada situación social que atraviesan las familias encontradas en la quinta ubicada en la Ruta 88 -en cercanías de Mar del Plata- allanada por el presunto delito de trata de personas, se llevó adelante este jueves una audiencia convocada por el juez federal Santiago Inchausti, de la que participaron distintas reparticiones estatales, entre ellas el Ministerio Público Fiscal, que impulsó la necesidad de dar asistencia a las víctimas.
De acuerdo a las “graves situaciones de habitación, salubridad, seguridad e higiene” verificadas en el allanamiento, se dio intervención a distintos organismos. Con el objetivo de dar cuenta de las tareas desarrolladas y asumir los compromisos de lo que se hará, se convocó a representantes de Renatea, la Municipalidad de General Pueyrredon, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el programa Atajo. Por el Ministerio Público acudieron Carlos Martínez, fiscal subrogante de Fiscalía Federal N°2, y la secretaria Paz Milano.
Por la Agencia Territorial de Acceso Comunitario a la Justicia de la Procuración General de la Nación estuvieron presentes Juan Pablo Gelemur y Pablo Carignano. Gelemur trazó la importancia del abordaje conjunto. “Atajo se piensa con intervenciones en el territorio para ser parte del fomento de que las herramientas a la víctima le lleguen efectivamente, principalmente para evitar vulneración de derechos de niños y adolescentes, propender a la conservación de los puestos de trabajo y coayudar en la tarea investigativa”, sostuvo.
Por su parte, Stella Casasola, referente regional de Renatea, dijo que se observaron “diferentes calidades de trabajadores”. Puntualizó que había cerca de 20 medieros, que le pagaban al resto de los trabajadores, “pero de eso no hay constancia”, aclaró.
Dejó en claro, junto con el abogado del Registro, Federico Ciapina, que “el organismo quiere garantizar los derechos de los trabajadores, a trabajar en un ambiente sano, contar con ART, entre otros puntos”.
Por último, planteó que Renatea puede aportar técnicos necesarios (del INTA y Senasa) para auditar la explotación del suelo. “La registración de los empelados depende de la voluntad del empleador”, repararon.
Por la Municipalidad acudió el director general de Abordaje Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social, José Ignacio Arbanessi, quien señaló que dispone de materiales de construcción, como chapas o tirantes, para colaborar con las situaciones de habitabilidad.
“En caso de solicitarlo, las asistentes sociales visitan el lugar junto con arquitectos y/o maestros mayores de obra para hacer la evaluación. El aporte está destinado a cubrir lo mínimo para que los lugares sean secos”, señaló. Para casos de urgencia, mencionó que pueden facilitarse programas habitacionales, pero el trámite demora más.
A su turno, el director general de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcelo Greco, mencionó que acudieron a la quinta y entrevistaron 15 familias. Enseguida, explicó que los responsables del predio refirieron que “los niños se encuentran todos escolarizados y/o en guarderías”; además asesoraron sobre acceso a las asignaciones universales e invitaron a los adolescentes al programa de Inclusión Social Juvenil que se desarrolla en Batán, para promover el deporte y la cultura. Por otro lado, reparó en que “en la visita quedó advertido la cercanía de deshechos de agroquímicos con algunas viviendas”.
Por el Ministerio de Trabajo bonaerense, acudió a la audiencia la abogada Gloria del Carmen León, quien apuntó que todos los años la cartera realiza el ‘Operativo quinta’ a través del cual se recorre la zona. “No sabe si en este predio lo han hecho. Si el juzgado lo requiere, presentará todos los informes que surjan de los operativos prexistentes sobre el lugar. Considera que las registraciones deben hacerse bajo supervisión del Ministerio coordinado con Renatea”, quedó constancia en el acta.
Por último, el abogado defensor Mariano Ayesa dijo que el contador de la empresa ratificó que “en el menor tiempo posible regularizaría a todos los trabajadores, medieros y empleados de medieros, a través de Renatea, anotando a cada trabajador conforme la categoría que a cada uno le corresponda”. Para ello, el Juzgado le dio un plazo de diez días.
Además, indicó que se contactó con el ingeniero agrónomo de la empresa, quien se comprometió a presentarse en el juzgado y en el predio cada siete o quince días, para asesorar respecto lo que está plantado. Para comparecer en el Juzgado, se le puso plazo de 5 días.
Por otro lado, refirió que se hizo contacto con una empresa para limpiar los tanques, sin perjuicio de la compra de agua potable, dado que se constató que no había agua apta para consumo; mencionó que finalizó la instalación para que las viviendas tengan agua caliente y ya gestionó la compra de ropa de trabajo.
