Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
27/04/2017

“Quinta Gareca”: asisten a las víctimas de trata laboral

La Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía General relevó la situación de las familias que siguen en el campo de Sierra de los Padres. Constataron las precarias condiciones en las que vivían. Por el caso, hay dos detenidos.

“Quinta Gareca”: asisten a las víctimas de trata laboral
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

En el campo de la zona de Sierras de los Padres, conocido como “Quinta Gareca”, donde permanecen las víctimas tras el allanamiento realizado por la Justicia y los procesamientos de los dueños del predio, el Ministerio Público Fiscal realizó un relevamiento de las familias víctimas que por su propia voluntad y ante la necesidad de seguir trabajando se mantienen en el lugar con el objetivo de brindarles asistencia y darle intervención a distintos organismos del Estado.

Semanas atrás, QUÉ contó la historia de María -que no se llama María-, quien tenía 15 años cuando el 3 de marzo del año pasado decidió ponerle fin a una historia de explotación, amenazas y violencia. Ese día se escapó de la quinta conocida como “Gareca”  para no volver nunca más. Aquel día fue encontrada por un taxista llorando en el centro de Mar del Plata, y el trabajador la llevó hasta la sala de Salud de La Peregrina, ya que confiaba en una médica que allí la atendía. A partir de ese momento, fue alojada en el Hogar Gayone y poco después pudo volver a Bolivia, desde donde había llegado para ser explotada dos años atrás. Y en paralelo una denuncia penal derivó en una investigación a cargo de la Justicia Federal, que en marzo pasado llegó hasta el procesamiento de un hombre y a una mujer, responsables de la quinta, luego de haber rescatado a nueve víctimas de trata laboral.

Mientras la investigación avanza, y de acuerdo a lo publicado por el sitio oficial fiscales.gob.ar, la licenciada en trabajo social Mila Montaldo, a cargo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía General, concurrió en los últimos días al campo con la intención de tomar contacto con las víctimas, relevar la situación de las familias y coordinar la intervención de organismos estatales para dar cumplimiento a los derechos y garantías que especifica la ley de trata 26.842, tal como lo había solicitado el juez de la causa, Santiago Inchausti.

Según se informó, desde la Oficina de Asistencia a las Víctimas se elaboró un detallado informe donde se describieron las precarias viviendas donde viven las familias. “En una de ellas pudo observarse cómo se filtra la lluvia y la humedad, las camas están armadas con colchones sobre cajones de verdura, que también sirven de mobiliario. La instalación eléctrica consta de cables a la intemperie y el espacio que funciona como baño está fuera de las dos viviendas emplazadas en el lugar y no cuenta con sistema de cloacas“, detalla el informe.

En su informe, Montaldo hizo referencia al contexto de vulnerabilidad en el que están insertas las víctimas “donde lo laboral exhibe gran fragilidad y los sujetos se desenvuelven en condiciones de extrema pobreza”.  Ante ello, planteó que el presunto consentimiento que una víctima pueda aducir en su discurso en estas condiciones “se desdibuja escaseando de contenido sustentable”. “Cuando la dignidad está dañada, porque los derechos han sido vulnerados en su matriz históricamente pero a su vez violentados al someterlos a esas condiciones de vida, la voluntad se vislumbra enajenada”, sostuvo.

Tras la inspección social se realizó una mesa de trabajo para delinear la estrategia de intervención con representantes de la Jefatura Regional XIX de Educación provincial y de la Secretaría de Salud y de Desarrollo Social del Municipio de General Pueyrredon. 

Ver más: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27/04/2017