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15/02/2019

Rancho Móvil: así quedó el predio, a dos semanas del desalojo

Sólo una cabaña con vigilancia del Municipio, cables desparramados por el acantilado, tanques de agua enterrados, chapas, basura y cimientos, los últimos vestigios de la ocupación ilegal de la asociación.

Rancho Móvil: así quedó el predio, a dos semanas del desalojo
(Fotos: QUÉ Digital)

Cuatro meses después de la primera nota publicada por QUÉ Digital, ya no quedan cabañas sobre el acantilado de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur que durante más de una década utilizó la asociación Rancho Móvil hasta convertirlo en un pseudo barrio privado, ocupación que terminó dos semanas atrás con el comienzo del desalojo por parte de la Municipalidad. Mientras se pone en condiciones el predio, paralelamente da sus primeros pasos la causa judicial.

Sobre el acantilado de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco ya no quedan cabañas ilegales, sólo quedó un paisaje en el que, al menos desde lejos, predomina el verde de la reserva, una postal que los vecinos hacía tiempo no veían en el espacio lindante a la Ruta 11. Sin embargo, visto desde cerca, persisten las marcas de una ocupación que tuvo el tiempo suficiente para hacer un daño importante.

Ya no quedan cabañas ilegales, pero sí sigue en pie aquella que la asociación colocó en el ingreso al predio, donde funcionaba la “administración”, oficina que hasta que no se fueron los últimos socios fue ocupada por los propios funcionarios municipales encabezados por la titular de la Dirección de Recursos Turísticos, Mónica Rábano, quienes fiscalizaron el proceso de desalojo “pacífico”.

Hoy, mientras se sigue avanzando con el proceso de recuperación del espacio, una efectivo de seguridad privada permanece vigilando el lugar, que ya está bajo control estatal pero cerrado al público, ante el peligro que representan los últimos vestigios de la ocupación ilegal del espacio.

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El principal peligro son los cables que emergen desde el suelo a lo largo de todo el territorio y que, desparramados y enterrados por el acantilado, brindaban el tendido eléctrico a los habitantes “VIP” con vista al mar. Pero no sólo eso: como otra de las muestras de lo invasivo y dañino para el entorno natural que del accionar de una parte de los asociados, también se pueden vislumbrar grandes espacios de tierra y tosca removidas, con tanques de agua y caños enterrados.

Luego, como un patrón de asentamiento en el acantilado que fue utilizado por gran parte de los asociados, quedaron decenas de cimientos y estructuras de cemento, construidas tanto para la posterior colocación de las cabañas, como para estacionar las casas rodantes sobre un espacio estable, alterando el terreno sinuoso del acantilado.

Después, más suciedad. Basura, restos de poda -poda que proviene nada más y nada menos que de árboles de la reserva-, montículos de tierra como depósito del sobrante que dejó la construcción de los cimientos, y chapas, troncos y diversos materiales con los que estaban construidas las cabañas, también quedaron esparcidos por el terreno.

Ya sin cabañas ni socios que tengan que retirar -gran parte- de sus pertenencias, desde el Emtur ratificaron que personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) acude periódicamente al espacio para continuar con la limpieza y alcanzar el objetivo que marcó Rábano el día del desalojo: “Que el predio recupere su espíritu”.

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 LA CAUSA JUDICIAL 

La denuncia formal de la titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler –que se limitó a una carilla y media más prueba documental- comenzó a ser analizada ya por el fiscal de Delitos Económicos, David Bruna, que deberá ahora desandar el camino para establecer  si en el marco de todo el escándalo revelado por este medio desde septiembre del año pasado se encuentra la participación y alguna responsabilidad penal de funcionarios públicos o si existió algún delito por parte de privados.

“Cuando se empieza una investigación de este tipo se tiene un abanico grande y después se va afinando el embudo”, graficaron las fuentes judiciales consultadas, teniendo en cuenta que la presentación formal de la denuncia por parte del gobierno no puntualiza sobre ninguna conducta en particular que podría constituir un delito penal.

La fiscalía ya giró la denuncia hacia la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para comenzar a recabar las distintas medidas de prueba consideradas hasta el momento. El primer paso de la investigación se centra en recabar y empezar a analizar la información que surge de los organismos públicos e incluso comenzar a tomar declaraciones testimoniales de personas que estaban involucradas en el Rancho Móvil.

“El abanico es grande, hay que determinar si hay conductas contra privados o de funcionarios públicos”, señalaron las fuentes consultadas.

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