Rancho Móvil: “Hubo negligencia en los controles municipales”
Desde la Defensoría del Pueblo presentaron dos pedidos de informes en cuatro meses, y aseguran que en ninguno de los casos el Ente Municipal de Turismo dio respuestas.
El jueves pasado el gobierno municipal decretó la caducidad del permiso de uso de la unidad turística fiscal que tenía la asociación Rancho Móvil sobre el acantilado de la Ruta 11, sólo horas después de una nota publicada en el diario La Capital -enfrentado con la gestión de Carlos Arroyo por sus conocidos intereses políticos y empresarios- y cuatro meses después de conocerse las denuncias que reveló QUÉ Digital respecto a la construcción de cabañas ilegales. En el medio, hubo voces que denunciaron y entre ellas estuvo la de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, entidad que emitió dos pedidos de informes y nunca recibió respuesta.
“Evidentemente hubo negligencia en los controles municipales”. La lectura que hizo Fernando Rizzi, defensor del pueblo, en diálogo con QUÉ Digital es clara. Horas después de que la propia titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, justificara la demora en su accionar -que permitió la proliferación de las cabañas ilegales, que como mínimo se duplicaron- la Defensoría recordó que desde la dependencia solicitaron respuestas en dos oportunidades.
Conocido el decreto del intendente Carlos Arroyo, acompañado por la firma del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y de la propia Magnoler, Rizzi se sumó a la polémica en las redes sociales al denunciar que la Defensoría sigue sin tener respuestas ante los pedidos de informe presentados.
“Nunca tuvimos información, nunca nos contestaron. Estamos desde octubre con este tema. Evidentemente hubo negligencias en los controles municipales”, enfatizó Rizzi.
En concreto, el defensor detalló que se presentaron por primera vez ante la Dirección de Recursos Turísticos del Emtur, cuya titular es Mónica Rábano, en el mes de octubre: “En diez días deberían haber contestado, pero no dijeron nada”. En consecuencia, desde la Defensoría reiteraron su pedido de informes y respuestas al ente en enero de 2019, pero nuevamente no pudieron obtener respuestas, al igual que los vecinos durante tantos meses.
En este sentido, dijo no tener recuerdos de una situación similar en la que el Municipio no dé respuestas en tanto tiempo sobre una situación deliberadamente ilegal. “Ahora haremos un seguimiento para ver si efectivamente se va a intimar a la gente a que retiren las casillas que pusieron y ver que se efectivice la caducidad del permiso”, adelantó.
