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25/01/2019

Rancho Móvil: tras cuatro meses de silencio, la defensa de Magnoler

Tras notificar a los concesionarios que deben abandonar el lugar, la presidenta del Emtur afirmó que trabajaron “varios meses en busca de verificar las irregularidades”, pese a la evidencia, y reconoció que “se podría haber hecho más rápido”.

Rancho Móvil: tras cuatro meses de silencio, la defensa de Magnoler
(Fotos: QUÉ Digital)

Cada denuncia sobre constantes acciones ilegales -o cuanto menos polémicas- en las playas o espacios costeros públicos encuentran un elemento común: el silencio público de las autoridades del Ente Municipal de Turismo (Emtur). Y el escándalo del Rancho Móvil no fue la excepción. Incluso, hasta luego de que este jueves se le notificara a los concesionarios acerca del quite del permiso y se les informara que deben abandonar el lugar tras el escándalo de las cabañas revelado hace meses por QUÉ Digital, los funcionarios preferían no hablar públicamente del tema.

Finalmente, tras una larga insistencia, la titular del ente, Gabriela Magnoler, accedió a hablar. “Esto se viene trabajando hace varios meses, no es que no se escuchó a los vecinos”, afirmó y reparó en que en todo este tiempo, pese a la evidencia y a que mientras tanto se multiplicaron la cabañas -dañando el espacio público-, desde el área a su cargo se trabajó en “verificar las irregularidades”. Y, además, la funcionaria reconoció que la decisión de, por fin, ordenar el levantamiento de las cabañas y decretar el quite de la concesión “se podría haber hecho más rápido”.

Este jueves a las 15 la Asociación Rancho Móvil fue notificada formalmente por el Emtur del decreto firmado por el intendente Carlos Arroyo, por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y la titular del Emtur en el que se establece la caducidad del permiso precario con el que contaban y se dispone de un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación “para proceder a la desocupación de la unidad y posterior entrega de la misma ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales dependiente del Emtur, quien tomará inmediata posesión del predio y dispondrá las medidas de resguardo”.

“Esto se viene trabajando hace varios meses, no es que no se escuchó a los vecinos”, definió, en primer término Magnoler consultada acerca de cómo funciona el procedimiento con el que cuenta el Ente, teniendo en cuenta que ya en septiembre (y antes también) se habían detectado tres casillas ilegales -una de ellas del concejal Santiago Bonifatti, después levantada– pero no se actuó en el momento, lo que permitió que se multiplicaran las construcciones afectando el acantilado, ni más ni menos, que forma parte de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.

“Existe un permiso precario que tiene condiciones y establece obligaciones y derechos. Todo este tiempo estuvimos trabajando, juntando elementos, buscando, revisando y juntando información. Hicimos paso a paso todos los seguimientos que ayudaran a contribuir a tomar una decisión”, argumentó Magnoler. Cabe recordar que a fines de septiembre el Emtur ya había confirmado en el Concejo Deliberante que las cabañas denunciadas por este medio eran ilegales.

En este marco, afirmó que el ente a su cargo “tiene un equipo de trabajo que buscó y se hizo de los elementos necesarios para hacer  un informe legal y técnico que concluyeron con una decisión de una solicitud de la caducidad”. Ya en octubre pasado también desde la Secretaría de Obras habían advertido haber constatado que las obras eran ilegales, aunque como se trataba de una unidad turística fiscal, el que debía actuar era el Emtur.

¿Quiénes con los responsables de Rancho Móvil y quiénes construyeron las cabañas ilegales, teniendo en cuenta que también hay socios que siempre cumplieron y estuvieron dentro de lo que ordena el pliego? Pese a la consulta, Magnoler no brindó esos datos. “Está identificado y es una Asociación que tiene el nombre de Rancho Móvil, que tiene una comisión, un presidente y es en donde se ha notificado”, fue una de las respuestas de la funcionaria. Y otra fue: “No tengo el registro de quiénes son los socios, nosotros otorgamos el permiso precario a una asociación que tiene socios pero nosotros no hacemos un control de quién tiene una cabaña o lo que fuere que esté en el espacio”.

Así fue mutando el terreno sobre el acantilado a lo largo de los meses.

 LA FALTA DE RESPUESTAS A LOS VECINOS DENUNCIANTES Y LAS DEMORAS 

La denuncia revelada en septiembre del año pasado estuvo respaldada por el testimonio de vecinos y organizaciones -como la Asamblea por los Espacios Públicos- que incluso tras la publicación periodística se encargaron de presentar formalmente las denuncias ante el Concejo y ante el Ente de Turismo. Sin embargo, las autoridades, pese al paso de los meses, nunca les dieron ni respuestas ni  explicaciones en relación a cómo se trabajaba o se actuaría.

“Cuando vos tenés que dar una respuesta hay que tener una respuesta técnica y legal para lo cual es importante cumplir con determinados pasos que implican verificaciones, inspecciones, solicitud de información. Cada uno de esos pasos se fue dando, nosotros como Ente, a través del Ejecutivo, tenemos que poder velar porque se cumplan los informes. Si no, no se hubiese llegado a esta instancia, hay tiempos que cumplir para poder llegar a estos resultados”, argumentó Magnoler.

Y, a su vez, reparó en por qué cada vez que fue consultada por este tema se excusó de hablar: “Si yo dije en su momento que no tenía información para otorgar no significa que no estaba trabajando. En este momento puedo decir que tengo los elementos que respaldan una decisión tomada donde se produce la caducidad de un permiso”.

Por otra parte, y en relación al accionar del ente a su cargo -que se demoró tanto en actuar que permitió que se siguiera afectado el espacio pese a la comprobación de la ilegalidad de las obras- la funcionaria afirmó y reconoció: “Se trabajó varios meses, se buscaron elementos para verificar las irregularidades, es muy importante tener elementos técnicos y legales, solicitamos informes a otras aéreas y desde ahí esta semana se tomó esta decisión como conclusión de un trabajo realizado; quizás para ustedes se podría haber hecho más rápido, puede ser. Pero hoy llegamos a este camino y llegamos a este término y hay que mirar para adelante”.

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 EL DECRETO 

El decreto firmado este jueves por las autoridades, y que fue notificado a los encargados de Rancho Móvil, a cargo hasta ahora de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco, hace foco en que en el lugar se detectó “la instalación de construcciones que distan radicalmente de constituir casillas rodantes o afines, siendo construcciones en seco ancladas a la tierra a través de pilotes de cemento, con la instalación de cocinas y baños con tuberías con destino incierto, además de la tala indiscriminada de especies forestales del sector y el incumplimiento generalizado de las demás obligaciones impuestas”.

“Dichas construcciones han sido denunciadas por diversos colectivos preocupados por la invasión del espacio público y habiéndose realizado la intimación a la permisionaria, ésta ha reconocido en forma expresa mediante nota que las construcciones que denominan “reparos y/o afines” pertenecen a sus asociados, negando que su instalación se encuentre fuera de la normativa de aplicación”, sostiene el decreto a partir del descargo formal hecho por los responsables de la asociación.

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