Ratificaron la suspensión del aumento del gas
La Cámara Federal platense resolverá recién en agosto una apelación presentada por el Gobierno nacional. De esta manera, la Justicia se pronunciará una vez que haya terminado la feria judicial.
La Cámara Federal de La Plata ratificó la suspensión del aumento en las tarifas de gas y no dio lugar al pedido del Gobierno Nacional para que levanten la feria judicial para tratar la apelación que presentaron. De esta manera, recién terminada la feria judicial en agosto, se deberán pronunciar sobre la continuidad o no de la medida.
Gracias al fallo de la Cámara Federal de La Plata, las empresas de gas no podrán refacturar sus boletas en en base al nuevo esquema tarifario que pone un tope de 400% respecto a igual período del año pasado para los consumidores residenciales y 500% para comercios y pymes.
“La mera interposición del recurso extraordinario por el Estado Nacional, no afecta la fuerza de la sentencia definitiva de esta Cámara, ni suspende su ejecutoriedad, tal como lo ha sostenido esta Sala en los múltiples casos en los que le ha tocado pronunciarse”, enfatizó la Cámara Federal.
Una fuente judicial explicó a Télam que la Cámara se abocó al criterio de que sólo la concesión del recurso extraordinario suspende la sentencia hasta que haya un pronunciamiento firme, en este caso el de la Corte Suprema de Justicia.
El vocero detalló que cuando la Cámara dio traslado a las partes la apelación presentada por el gobierno, no habilitó levantar la feria judicial para su tratamiento, por lo que el pronunciamiento de si corresponde otorgarle el recurso recién se conocerá en agosto.
El 7 de julio, la Cámara Federal de La Plata declaró la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que autorizaron aumentos en la tarifa de gas y ordenó retrotraer la situación a la fecha previa a puesta en práctica de esas medidas.
En el fallo, los jueces César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin declararon nulas las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”.
Además, consideró que corresponde ordenar al Estado nacional – representado por el Ministerio de Energía y Minería- que convoque a una Audiencia Pública en el marco del trámite que precedió a las Resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente.
