Reabrió Luna Roja a un año de la clausura: aseguran que “está todo regularizado y saneado”
Así lo aseguran quienes asumieron la dirección de la firma que concesiona el balneario, clausurado en 2020 por diversas irregularidades.
A un año de la clausura de las instalaciones por las numerosas irregularidades denunciadas por los vecinos, este lunes el balneario Luna Roja realizó un acto en la playa para anunciar oficialmente su reapertura tras el levantamiento de las restricciones por parte del Ente de Turismo (Emtur). “Está todo regularizado y saneado”, aseguran quienes asumieron la dirección de la firma que concesiona la unidad turística fiscal, a pesar de los cuestionamientos de la asamblea de vecinos.
El pasado 21 de enero de 2020 la Municipalidad clausuró el balneario ubicado en la zona sur luego de las denuncias de vecinos y vecinas (luego nucleados en la Asamblea Luna Roja) contra el expresidente de la firma que concesiona el balneario, EJC S.A., Horacio Ipucha, primero por dañar el homenaje a las víctimas de la “Masacre Luna Roja” y luego por las irregularidades detectadas en el sector público y privado.
Luego, Ipucha dio un paso al costado y la dirección de la firma fue asumida por otros administradores que realizaron trabajos en la infraestructura para lograr que el Emtur, luego de aplicar multas, finalmente habilite las estructuras mientras en paralelo se iniciaba una causa por vertido de efluentes cloacales sobre el arroyo en la fiscalía de Delitos Culposos y Ambientales.
Este lunes, ante la consulta de Qué digital, los administradores afirmaron que a pesar de los cuestionamientos de la asamblea, sobre todo en torno al espacio público, “está todo regularizado y saneado“.
“La clausura fue un tema importante a poder sanear. No era fácil. Fue un trabajo titánico en medio de la pandemia y con poco tiempo para gestionar una obra de reestructuración y puesta en valor. Más allá de lo edilicio había un tema ambiental que había que responder y se hizo hincapié en eso haciendo un trabajo de fondo de la infraestructura, el sistema sanitario cloacal, luz, agua y gas”, detalló Leonardo, uno de los administradores.
A su vez, destacaron el ida y vuelta que mantienen a través de sus representantes con la asamblea en la gestión del espacio público (a diferencia de la gestión anterior), sobre todo en lo que hace al nuevo acceso acondicionado por los propios asambleístas y los baños públicos, los cuales fueron refaccionados e instalaron otras unidades químicas con la promesa de ampliar los ya existentes tras recibir los permisos.
LAS CABAÑAS SOBRE EL ARROYO
En torno a los cuestionamientos que al día de hoy la asamblea hace en torno a la legalidad de las construcciones sobre la arena y el chiringo sobre el espacio público de la playa Luna Roja, Rodrigo González, otro de los administradores, remarcó que ambos “están dentro del pliego” y sostiene que también se encuentran dentro de las normas provinciales en torno a la ribera del arroyo aunque reconoce la falta de acuerdo con la asamblea.
“Se genera un ruido por una mala interpretación de la ley de aguas provinciales que dice que tenés que dejar un retiro de 50 metros desde la línea de ribera, una ley de 1960. Esa misma ley tiene un decreto reglamentario de un año después que dice que en las cuencas de más de 4.500 hectáreas el retiro se reduce a 15 metros. El arroyo Lobería no tiene ni 2 mil hectáreas. El Emtur lo sabe. En sus actas cita la ley y el decreto de reglamentación”, sostuvo aunque sí reconoció que se liberaron los 15 metros desde el arroyo y retiraron una estructura de madera que invadía ese espacio.
“Las cabañas están dentro del pliego y dentro del espacio que dice la ley, no invaden ninguna cuenca. La confusión se genera por la ley del año 60 y su reglamentación. Si no nos ponemos de acuerdo y tenemos que ir a la justicia que venga un juez y diga que está mal. Pero la interpretación de la ley es la misma que tenemos con el Emtur“, reiteró.
LA CAUSA POR VERTIDO ILEGAL DE EFLUENTES
En paralelo a la clausura municipal del sector privado de la playa Luna Roja, la Fiscalía N°11 había intervenido a partir de una denuncia por vertido de efluentes ilegales al arroyo Lobería, por parte de las mencionadas cabañas ubicadas a metros de la ribera.
“En esa causa está imputado el presidente anterior de la sociedad. El día que se produce el vuelco vino Obras Sanitarias y la Autoridad del Agua (ADA). Los dos organismos tomaron muestras. El informe de OSSE concluyó que no hubo contaminación al arroyo aunque el vuelco existió y fue mínimo. La ADA se lo contestó a la fiscalía en el marco de la causa y va a seguir, pero el imputado por eso es el expresidente de la sociedad. Eso no impide que hoy puedan ser utilizadas”, indicó González.
Con respecto a las obras para evitar que el vuelco vuelva a suceder indicó que anularon los pozos que “podían tener posibilidad de tener vertidos al arroyo. “Eso es una parte sanitaria muy importante porque esos pozos se rellenaron con tierra, se construyó una cámara decantadora de cuatro compartimentos para bombear todo el agua gris y de ahí volcarlo al pozo grande que está en el estacionamiento. Todo eso está probado. La ADA generó ruido también porque estuvo parada por la pandemia pero el plano del nuevo sistema sanitario está ingresado a la ADA y nosotros para mayor tranquilidad de todos mandamos a hacer un estudio de ingeniería privado”, agregó.
“Todos esos ruidos que había sobre falta de papelería están siendo subsanados. Hay demoras que son por causas ajenas a nosotros y nos demoró el levantamiento de la clausura y la Municipalidad entendió que las demoras eran ajenas a nosotros”, concluyó.
