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28/04/2019

Rechazan la designación de un juez denunciado por violencia y maltrato

La Comisión Provincial por la Memoria cuestionó la designación de Rodrigo Cataldo como magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y advirtió por “su falta de idoneidad y solvencia moral”.

Rechazan la designación de un juez denunciado por violencia y maltrato
(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital)

En el marco de la aprobación por parte de la Cámara de Senadores bonaerense del pliego de designación del juez Rodrigo Cataldo para ocupar el cargo vacante en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtieron sobre “su falta de idoneidad y solvencia moral”, al hacer alusión a las denuncias por maltrato y violencia laboral contra quien, además, preside del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

Esta semana, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó el pliego de designación del juez Rodrigo Cataldo -remitido por la gobernadora María Eugenia Vidal- para ocupar el cargo vacante en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, pese a las denuncias por maltrato y violencia laboral que tiene el magistrado.

Cataldo, quien se desempeñaba hasta ahora como juez en lo civil y comercial de Mar del Plata, fue denunciado en el 2012 por violencia y maltrato laboral por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Y, además, la entidad gremial también lo denunció ante el Ministerio de Trabajo por distintos incumplimientos laborales, entre ellos, violar la prohibición de tener trabajadores no registrados en el ámbito del Poder Judicial.

En ese sentido, y en el marco del tratamiento y aprobación en el Senado bonaerense de la designación del juez, desde la CPM manifestaron su oposición y por eso fue presentado un escrito a los bloques de senadores para impugnar su ascenso y designación bajo el argumento de que el magistrado ha sido “denunciado en reiteradas oportunidades por maltrato y violencia laboral”.

“El desprecio hacia las y los trabajadores judiciales, al punto de poner en riesgo la salud de los mismos, es una prueba suficiente de su falta de idoneidad y solvencia moral para ejercer la magistratura”, consideraron desde la CPM en relación al funcionario judicial quien, según expusieron, fuera denunciado años atrás por “graves hechos de violencia laboral”.

Al respecto, desde la Comisión hablaron de “sobrecarga permanente de tareas, amenazas de ser sumariados, maltrato y los pedidos para que los empleados renuncien al derecho al ascenso” a la hora de dar ejemplos en relación al accionar de Cataldo.

Y en esa misma línea, advirtieron que “la violencia laboral desplegada por el magistrado llegó, incluso, a poner en riesgo la salud de las personas que trabajaban bajo su órbita”. “Una empleada –continuaron- con problemas en la médula espinal y los huesos de la columna vertebral debía atender sola y de pie la mesa de entrada durante toda la jornada. A otra le impidió reiteradamente acompañar a sus familiares ante situaciones de intervenciones quirúrgicas o graves enfermedades”.

Al ahondar en este punto, desde la CPM cuestionaron que pese a la cantidad de las denuncias y de su extensión en el tiempo, ninguno de los pedidos de sanción contra el juez prosperó: “La Suprema Corte incluso a minimizó estas denuncias; para el Máximo Tribunal estos hechos sólo ‘configuraron rispideces o conflictos laborales inevitables acaecidos en el marco de una reestructuración de la organización del trabajo dentro del Juzgado’”.

Por todas estas razones, la CPM expresó ante los distintos bloques de senadores de la provincia de Buenos Aires su oposición a la aprobación del pliego al considerar que su designación “implica desconocer la prioridad de los valores de solvencia moral, idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos” y afectará de modo significativo la calidad de la justicia.

El organismo también expresó su preocupación por otra irregularidad en el proceso de designación: es que, según advirtieron, el pliego ya contaba con la aprobación de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos “sin haber hecho lugar al pedido de audiencia realizado el año pasado por la AJB para exponer estas denuncias”.

“Las audiencias públicas en el órgano legislativo son fundamentales para la democratización en los mecanismos de designación de los magistrados; el sistema judicial no puede mantenerse sobre la base de los acuerdos a espaldas de la sociedad”, evidenciaron desde la entidad, al tiempo que pidieron dejar de garantizar “la impunidad de algunos funcionarios judiciales” e hicieron alusión a la situación en torno al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, hoy procesado por delitos de lesa humanidad.

“Sin hombres probos e idóneos en el poder judicial, difícilmente los tribunales estén al servicio de la justicia y la defensa de los derechos humanos”, completaron.

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28/04/2019