Repartidores lanzan su cooperativa en busca de recuperar derechos laborales
Trabajadores del delivery lanzaron Costa del Sol, una organización que ya trabaja para empresas y busca competir y ser una alternativa “legal” a las apps.
Un grupo de trabajadores del reparto tipo delivery realizó esta semana en la sede regional de la CGT Mar del Plata el lanzamiento oficial de su cooperativa de trabajo a través de la cual buscan recuperar derechos laborales eliminados por el avance de las aplicaciones, con las que buscan competir a través de acuerdos directos con distintas empresas. De qué se trata y quiénes la impulsan.
La precarización de las condiciones laborales es un paradigma cada vez más difundido en el mercado del trabajo y los repartidores lo saben bien, sobre todo ante la proliferación de aplicaciones como PedidosYa y Rappi que funcionan en la ciudad pero no ofrecen cobertura alguna a quienes ofrecen su mano de obra y movilidad.
En ese marco, la idea de la conformación de la cooperativa no es nueva y en el marco de la pandemia de coronavirus había tomado más fuerza ante la necesidad de tener algún tipo de cobertura, mayor a la ofrecida por las apps, sobre todo siendo considerados trabajadores esenciales.
Cristian Grobas fue dirigente del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) y ahora es uno de los referentes de Costa del Sol, la cooperativa de trabajo que comenzó a conformarse hace años, alrededor del 2017, y que ya es una realidad: 30 repartidores están trabajando tras cerrar acuerdos con tres empresas reconocidas de la gastronomía.
“Un poco surge desde que formé parte de la comisión directiva del Sicamm. Nos vimos con la necesidad de crear una nueva herramienta aparte de la sindical para contribuir al otorgamiento de derechos que se cumplan en este sector. También un poco evaluando el contexto dentro del reparto, con las aplicaciones, la forma de proceder de muchas empresas, de alguna forma permitió que el trabajo en negro y la precarización laboral aumentara”, contextualizó en diálogo con Qué digital.
Además de la decisión de organizarse, el proceso también incluyó capacitaciones y una formación constante al elegir la cooperativa como figura legal: “Al establecer una cooperativa hay ciertas normas de convivencia y de trabajo colectivo en pos de un objetivo común. Con muchos debates, hoy terminamos constituyendo las bases que van a ser el inicio de esta cooperativa que nos va a permitir tener salarios dignos, derecho a vacaciones, aguinaldo y todo el tipo de cosas que contribuyen a un mejor día a día”, destacó y enfatizó en que el proceso fue complejo porque la legislación vigente de los ’90 frenaba la creación de figuras así para la actividad.
¿Cómo funciona la cooperativa? Según explicó Grobas, Costa del Sol ofrece el servicio de reparto a distintas empresas y ya consiguieron acuerdos con la primeras tres firmas. El presupuesto del servicio acordado con los comercios no solo incluye los retornos sino también todo aquello que haga a los derechos laborales de trabajadores conveniados. Así, con vacaciones, aguinaldo y obra social, se plantea a la cooperativa como un estadio intermedio entre la precarización total de las aplicaciones y la relación de dependencia.
“Nos basamos en un convenio colectivo pactado con el sindicato y a su vez tenemos todo lo que implica un consejo de administración y asambleas, todo para que esto funcione. Hoy nos está generando un sueldo digno. Hoy un compañero que hace una jornada completa tiene que cobrar 180 mil pesos por mes. Estamos trabajando para establecer diferentes funcionamientos o generar herramientas ante accidentes y contar con obra social, que ya lo tenemos solucionado”, explicó el dirigente.
Para Grobas, las empresas acceden a contratar el servicio porque “entienden la responsabilidad que tienen al tener al trabajador sin registrar”, y porque pasan a tener una estructura que compartiría responsabilidades en cuanto a posibles accidentes, robos o derechos laborales. “Paso a paso lo que tratamos de hacer es construir los derechos que nos corresponden pero a su vez que las empresas entiendan que es un trabajo colectivo entre nosotros y ellos para que esto pueda funcionar”, señaló.
Ante esta situación, aseguró que cada vez más repartidores están interesados, entre ellos algunos que solían trabajar para aplicaciones y que ahora lo hacen para la Costa del Sol: “Cuando se empieza a ver lo que se está logrando hay compañeros que quieren formar parte”, sostuvo.
En paralelo, afirma que a las empresas también les interesa articular con ellos por complicaciones derivadas del trato con las apps. “La lectura que hago es que hay locales que ven cómo los costos que impone una aplicación terminan siendo no redituables para un comercio. También se dan situaciones o deficiencias sin soluciones que terminan con las empresas desvinculándose de las aplicaciones”, analizó en torno a una despersonalización de la mano de obra, que también afecta a los empresarios gastronómicos al momento de hacer reclamos.
Incluso, esas salidas de las apps de delivery estuvieron acompañadas de la proliferación de organizaciones y empresas independientes de repartidores que también ofrecen el servicio pero, según Grobas, sin ningún tipo de derecho laboral: “Nosotros tenemos la matrícula, pero también hay empresas que están ofreciendo un servicio similar sin cumplir con ninguna reglamentación. En realidad hacen un pasamanos, porque el compañero que va en representación de la empresa no cuenta con nada, ni siquiera un monotributo pago. Les dicen a los locales que asumen la responsabilidad pero en los hechos no cubren nada”, manifestó.
Este tipo de iniciativas, consideró, son consecuencia directa de la flexibilización que agudizaron las aplicaciones: “Hoy en Mar del Plata está sucediendo eso. Hay unas tres o cuatro empresas así aparte de las aplicaciones. Es un aprovechamiento ante la situación laboral. Las aplicaciones generaron esto. Entiendo que a algunos trabajadores esta modalidad les puede terminar siendo rentable, pero a la mayoría no. Porque te accidentás o no trabajás por algo y no cobrás nada”, continuó.
“Las aplicaciones abrieron una puerta de tercerización y precarización. Cuando arrancó PedidosYa había un porcentaje de trabajadores blanqueados, hoy no. Y hoy si un inspector del Ministerio de Trabajo va a un local a hacer una inspección tiene que diferenciar entre quienes son de PedidosYa, quienes son de Rappi, quienes están en negro. Terminan todos en la misma bolsa. Esto abre un nuevo debate que nos lleva al mismo punto: la pérdida de derechos laborales”, cerró.
