Repunte, 2 años: entre las pericias, el Congreso y la falta de pensiones
El segundo año desde el hundimiento del buque encontró a las Mujeres del Repunte nuevamente juntas para mantener el reclamo de justicia. Un repaso por los puntos claves de doce meses más de lucha.
Este lunes se cumplen dos años desde aquel sábado 17 de junio de 2017, cuando el Repunte dejó de emitir señal con 12 personas a bordo y decenas de familiares se agolpaban en la sede local de Prefectura en la búsqueda de respuestas. Dos años en los que decidieron buscar justicia. Dos años en los que el Puerto empezó a cambiar.
Como no podía ser de otra manera, el segundo aniversario encontró a las Mujeres del Repunte en la calle, reclamando por justicia y también velando por el cambio de las condiciones de trabajo de quienes se siguen embarcando. Aunque más de una vez marcharon bajo la lluvia en estos 24 meses por las calles portuarias, esta vez se concentraron en un acto bajo techo en el Sindicato Argentino De Obreros Navales (SAON), en Paso al 2346.
A pesar de la lluvia, numerosas organizaciones sociales, políticas y feministas, colmaron el salón del sindicato adronado con banderas, las mismas banderas que acompañaron a los familiares en cada una de las movilizaciones y actos, junto a las fotos de cada uno de los tripulantes desaparecidos, y también tomaron la palabra.
Además, hubo lugar para presentaciones artísticas y tres canciones interpretadas por el grupo musical integrado por la propia Gabriela Sánchez, hermana del capitán del Repunte, quienes cantaron canciones emotivas alusivas a los hundimientos y la tragedia ocurrida hace dos años. Además, se leyó un documento final donde se expusieron cada uno de los puntos que alcanzaron a lo largo del tiempo y las luchas que afrontarán a lo largo de 2019.
Porque a pesar de todo lo logrado en los primeros 24 meses, cuando el Puerto y sus trabajadores empezaron a ser visibles, aún queda muchísimo por lograr por eso las Mujeres del Repunte se mantienen en pie de lucha. Mientras en lo personal buscan sortear situaciones económicas más que delicadas además de justicia, siguen buscando que el Repunte sea un antes y un después. Por eso, entre los puntos aún pendientes se encuentra la conformación definitiva del centro de asistencia para las familias víctimas de hundimientos que trabaje en el antes, el durante y el después de las tragedias o la puesta en funciones de la Comisión de Investigación Independiente, cuya conformación está establecida por decreto, pero la falta de iniciativa del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la mantiene inactiva.
OTROS DOCE MESES DE LUCHA: PERICIAS, RENOVACIÓN DE LA FLOTA Y PENSIONES
Los segundos doce meses de Las Mujeres del Repunte estuvieron atravesados por la lucha judicial, donde emprendieron con Lorena Arias una iniciativa inédita en la investigación de un hundimiento. Con ella, hija del maquinista de la nave Jorge Arias, insistieron y lograron que se realicen pericias al buque.
Tras idas y vueltas, y a cargo de una fuerza distinta de Prefectura como lo es la Armada, las pericias al buque se realizaron durante el mes de diciembre. Las familias tenían mucha expectativa, porque de sus resultados dependía mucho la posibilidad de elevar la causa a juicio. No obstante, aunque no se hicieron de la manera correcta porque entre el juzgado y la Armada no llevaron la cámara hiperábica para que pudieran bajar los buzos, esperan que los resultados de los informes de los peritos sobre las filmaciones –que ya deberían estar presentados en el Juzgado Federal de Rawson- puedan esclarecer el estado del buque.
En el aspecto judicial, además, cabe destacar que días atrás el juez Gustavo Lleral hizo lugar a una serie de pedidos de las familias: intimó a la empresa Ostramar a informar el vínculo contractual con el armador Alberto Martín, quien trabajó hasta 2017, a la Inspección General de Justicia para que informe la conformación societaria de Ostramar y Marsol, y al Consejo Federal Pesquero a reportar de manera urgente quién y por qué justificó la inactividad del Repunte durante cuatro años. Además, el Sindicato Marítimo Pesquero (Simape) deberá aclarar quién hizo, a qué hora y qué surgió de las últimas inspecciones, qué vinculación tuvo con la justificación de inactividad y quién actuó como “veedor”.
Pero más allá de lo judicial, y porque la lucha de las Mujeres del Repunte trasciende al dolor propio, estos doce meses de lucha también estuvieron marcados por el apoyo al proyecto del senador Pino Solanas para la renovación de la flota pesquera nacional. Por eso, viajaron más de una vez al Congreso nacional, donde incluso expusieron frente a los legisladores y les explicaron cara a cara las incongruencias del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri y su equivalente proyecto presentado por el senador Esteban Bullrich para la “modernización” de la flota, que prevé la posibilidad de que sigan navegando barcos de hasta 70 años ya que entraría en vigencia en 2040.
Sin embargo, quizás el aspecto más urgente de su lucha tenga que ver con la situación actual de las propias familias. Porque a dos años del hundimiento las viudas y los hijos de los marineros aún no tienen las pensiones que les corresponden y que las ayudaría a sortear la pérdida de lo que en muchos casos era la principal y única fuente de ingresos de la familia.
En situaciones económicas tan delicadas, las demoras en la obtención de los certificados de defunción por el desconocimiento que reinaba en la materia entre los abogados y la letra chica de la ley, que prevé un año como mínimo de trámites, prorroga aún más la posibilidad de tener las pensiones (aunque quizás los primeros certificados lleguen en agosto), y mientras tanto las familias buscan la manera de subsistir, aunque cueste, todas juntas.
A esa problemática se suma la falta de obras sociales para las familias, que tras el hundimiento pronto dejaron de tenerlas y sólo en algunos casos lograron obtener, luego de contactos con autoridades provinciales, la obra social estatal IOMA.
En ese contexto, la desidia empresarial también se hizo presente, ya que además de no haber reparado la pérdida de las familias, semanas atrás un abogado civil de las familias Nicolás Schick descubrió que los empresarios habían cobrado una cifra millonaria por el casco del barco, lo que para las familias no significa otra cosa que otro golpe y la certeza de que los hundimientos son un negocio.
