Repunte, cuatro años: de una causa que no avanza al espionaje ilegal
La causa del hundimiento está estancada, una falta de avances que no se condice con los logros sociales y laborales alcanzados por las familias.
Este jueves se cumplen cuatro años del hundimiento del Repunte, un caso que sin dudas marcó el inicio de un cambio de paradigma en el Puerto de Mar del Plata pero que aún no reviste avances judiciales equivalentes a los logros sociales y laborales que alcanzaron las familias con sus años de lucha. De la causa que investiga al naufragio a la del espionaje ilegal, las deudas de la Justicia con las familias.
El 17 de junio de 2017 el buque fresquero Repunte se hundió en las aguas del sur, con doce tripulantes a bordo, de los cuales solo sobrevivieron dos y siete permanecen desaparecidos. El hundimiento despertó un movimiento organizado de familiares sin precedentes que, si bien logró poner a los hundimientos en agenda, todavía espera por una respuesta judicial que, en esta materia, parece avanzar incluso más lento de lo habitual.
“La causa judicial es la nada misma. Nada de nada. Los últimos avances fueron en diciembre, cuando nosotras pedimos hacer de nuevo las pericias del Repunte pero que nos dijeron que buscáramos los medios para hacerlo. Eso y decir que no lo vas a hacer nunca es lo mismo. Después se nos denegó el cambio de carátula. Seguimos en la etapa de instrucción y ya le hemos llevado todos los elementos que teníamos. No sé qué espera el juez Gustavo Lleral”, manifestó en diálogo con Qué digital, Gabriela Sánchez, familiar y referente de Ningún Hundimiento Más.
Más allá de la lucha que iniciaron las familias y los logros obtenidos, Gabriela sostiene que las características propias de lo sucedido deben impulsar a la Justicia a actuar con celeridad: “Yo creo que a una causa de esta magnitud, donde diez trabajadores mueren, donde Prefectura tardó más de cuatro horas en ir a buscarlos, donde hay tantas irregularidades, tendría que dedicarle el tiempo que merece. Sobre todo cuando al año pasa algo muy similar, y le estuvimos repitiendo durante un año que se iba a repetir. Queremos saber las verdaderas causas del hundimiento. Queremos que el juez trabaje como debe trabajar la Justicia“, continuó.
Sin embargo, luego de tantos idas y vueltas, Gabriela llegó a la conclusión de que la falta de avances, a esta altura, responde a cuestiones subjetivas, que dilatan la acción judicial y que hacen que la búsqueda de Justicia sea todavía más desgastante: “Me terminé de convencer cuando vi cómo trabajaron en la Junta de Seguridad en el Transporte que no se quiere avanzar en esto. Hay una decisión de encajonarla y desgastarla“, apuntó.
Las declaraciones de los dos sobrevivientes, las pericias realizadas al casco, la información aportada por familiares, los allanamientos al Grupo Caputo, las irregularidades en torno al permiso de pesca del Repunte y las reparaciones realizadas para sostenerlo son, para las familias, elementos suficientes para dar avances concretos: “La prueba está, ¿por qué no avanza? No sé. Es muy claro que la Justicia no quiere avanzar”.
“Si te ponés a pensar no es tan difícil de entender. Primero porque no hay ninguna causa de hundimiento que haya avanzado y no es casualidad. Y después yo siempre digo que cuando el juez falla sobre algo, le dice a la sociedad que hasta ahí puede avanzar, y si no falla en esto es porque hay intereses muy grandes para que esto no avance”, insistió.
Pero esa falta de avances se encontró, por si faltaba algo, con todos los impedimentos que trajo aparejada la pandemia: la imposibilidad de estar en las calles y visibilizar masivamente la falta de respuestas, también fue un golpe difícil de asimilar. “Ya es una causa compleja de llevar adelante. Nosotros hemos logrado que esto se problematice pero ahora nos encontramos con tantos limitantes como no poder salir a la calle y buscamos todas las estrategias para poder mantener vivo nuestro reclamo. No es fácil llevar una lucha así, que no es mediática ni popular. Es todo a pulmón, elegido así por nosotras para que nadie nos condicione”, sumó Gabriela, que este jueves junto a otros familiares estará en el ingreso a la zona comercial portuaria recordando a sus seres queridos.
De todas maneras, la falta de avances en lo judicial y, en consecuencia, el no poder sentar un precedente clave, no impide reconocer los numerosos logros y aportes que alcanzaron con su lucha para avanzar hacia el cambio de paradigma portuario: “Si tengo que pensar en lo que hemos avanzado ha sido principalmente en dos cuestiones. En visibilizar en la sociedad -todavía no en la Justicia- que esto es un problema, que no es natural que se hundan los barcos, que no se investigue y se abandone a las familias. Y la otra cuestión son todos los cambios que hubo en materia de seguridad, como los trajes de exposición o la implementación de la doble balsa salvavidas. Todas cosas que fuimos pidiendo en virtud de lo que pasó en el Repunte, porque si los hubieran ido a buscar antes los rescataban a todos, si hubieran tenido los trajes no se moría ninguno, si hubieran tenido la doble balsa tampoco”, enumeró.
LA OTRA TRAMA JUDICIAL: EL ESPIONAJE ILEGAL
Se estima que, si llegara a presentarse en la ciudad de Mar del Plata algún funcionario nacional de gran investidura, no se descarta que nuevamente los familiares de las víctimas de la tragedia, en conjunto con representantes del sindicato mencionado, intenten manifestarse ante ellos y lograr mayor impacto mediático que ayude a avanzar con la investigación en curso. (Resolución del Juzgado Federal de Dolores en causa FMP 88/2019. Apartado XI.N. Inteligencia sobre los reclamos de familiares de los tripulantes del buque pesquero “Repunte”, pp. 850-857).
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Pasados los tres años del hundimiento, los familiares de los tripulantes que desde un primer momento exigieron respuestas al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, se encontraron con que el Estado no solo los había hecho víctimas de su propia falta de control, sino también de espionaje ilegal. Es, a cuatro años, un segundo expediente que tiene a las Mujeres del Repunte como protagonistas.
Es numerosa la información producida por la Base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre los reclamos de los familiares del Repunte, en el marco de la “conflictividad social” relevada a nivel local al menos durante 2017, según los partes dados a conocer por la Justicia.
“Cuando (Cristina, interventora de la AFI) Caamaño dijo que los familiares del ARA San Juan y del Rigel habían sido víctimas de espionaje nos parecía que por todas las movilizaciones que habíamos hecho evidentemente nosotras también habíamos estado involucradas”, consignó Gabriela, sobre una causa en la que aún no se constituyeron como querellantes por lo que, a pesar de haber hecho públicos los partes de inteligencia, desde la AFI les negaron el acceso a mayor información.
Gabriela Sánchez, junto a otros familiares, durante la manifestación en la Pastoral Social. (Foto: Qué digital)
“Llamé por teléfono al juzgado de Mar del Plata, me dijeron que se iban a comunicar. A esa altura ya habían tomado declaración a familiares del ARA San Juan y del Rigel. Escribí a un mail disponible para quienes sospechaban haber sido víctimas de espionaje. En ese interín, la causa cambiaba de juzgado. No tuve ninguna respuesta”, lamentó.
El impacto de saberse espiadas, para las familias, fue muy fuerte: “Hasta ese momento eran solo suposiciones por el rol que tomamos después del hundimiento, un rol muy crítico como cuando apuntamos contra el Consejo Federal Pesquero por haber permitido que el barco saliera. En el informe cuenta por ejemplo cuando fuimos a nuestra primera marcha a la Pastoral Social. No había pasado una semana desde hundimiento, y es impresionante porque parecían que estaban ahí. Hay detalles exactos de quién nos recibió y qué nos dijeron”.
El aporte de los datos a la causa judicial en curso -ahora en manos del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava- es la razón citada por la AFI para negar mayor información a las familias, a pesar de que algunos de los partes fueron hechos públicos por la Justicia: “Es muy sensible. Nosotros solo somos familiares, personas comunes. Y saber que un gobierno usó un aparato para espiarte es muy fuerte. Yo me siento doblemente victimizada. Porque por un lado un gobierno usa recursos para espiarte cuando buscás justicia y el fin de la corrupción en el puerto. Por otro lado, un gobierno que sale a decir una parte y después no nos dice nada más. No lo entiendo“.
Este jueves los familiares se reunirán a las 11 en el monumento al Hombre de Mar, ubicado en 12 de Octubre y avenida de los Trabajadores, para seguir recordando a sus seres queridos y mantener vivo el reclamo de justicia.
En un comunicado oficial, expresaron que “las graves irregularidades que terminaron produciendo el hundimiento y llevaron a la muerte a nuestros familiares no pueden quedar impunes. Es necesaria una muestra clara de que avanzamos a una sociedad donde los trabajadores tienen derechos y se los respeta“.
En ese sentido, plantearon que “se tiene que terminar la cultura de la anomia y la corrupción. Se tiene que terminar una Justicia armada para los poderosos. Se tiene que terminar que la vida de los trabajadores no valga nada”.
