Repunte, cuatro años: la reparación económica de las familias, la otra deuda
A cuatro años del hundimiento, solo dos de las familias de los siete tripulantes desaparecidos tienen su certificado de presunción de fallecimiento, paso clave para poder acceder, por ejemplo, a la pensión que les corresponde.
El dolor de no tener a sus seres queridos y la falta de justicia no son los únicos padecimientos que aún mantienen los familiares de los tripulantes del Repunte: a cuatro años del hundimiento, solo dos de las familias pudieron acceder al certificado de presunción de fallecimiento, paso clave para poder acceder a una pensión o cobrar el seguro y, al menos, afrontar el día a día con una mínima reparación económica a tanto daño causado.
Mientras la empresa armadora del Repunte, Ostramar, perteneciente al grupo Caputo, pudo cobrar apenas un año después el seguro por el casco del buque, sin que llegue ni un centavo a las familias, las esposas, hijos e hijas de los marineros siguen padeciendo el abandono por parte del Estado, que se traduce en el no reconcomiendo de la situación a la que, desde el 17 de junio de 2017, fueron empujadas por acción y omisión de distintos actores que rodean a una actividad pesquera que se llevó la vida de sus seres queridos.
En muchos casos, las economías familiares se sostenían en gran medida por el trabajo de los tripulantes, pero la tragedia las privó no solo de sus seres queridos, sino también de cierta estabilidad que aún hoy, sobre todo las familias de los siete desaparecidos, siguen arrastrando.
Es que, a la falta de una indemnización por parte de la empresa, parte de la reparación para las familias podría venir por parte de las pensiones que les corresponden por el fallecimiento de los tripulantes. Pero para quienes no pudieron recuperar los cuerpos, el camino hacia una pensión es más que sinuoso, principalmente por las demoras en un trámite clave como la adquisición de un certificado de presunción de fallecimiento que les abra el camino, por ejemplo, a una pensión o a cobrar el seguro.
Tan sinuoso es ese camino que a cuatro años del hundimiento solo dos de las siete familias de los desaparecidos cuentan con el certificado que se tramita ante la Justicia Civil, en tanto que otras dos familias pudieron dar avances significativos mientras que otras tres, todavía, siguen sin noticias al respecto.
Así, por ejemplo, los sobrinos de Gabriela Sánchez, referente de las familias, siguen a la espera del certificado de su papá, Gustavo Sánchez, el cual les permita acceder a sus derechos civiles: “Las otras familias están igual. Miguel Osorio (familiar de un tripulante del Rigel) me decía que ellos están igual, que tienen que demostrar hasta que su hijo tenía una familia y que necesitan ese certificado. Yo me he encontrado con viudas que hace 15 años que están esperando el certificado. No fuimos nosotros los primeros ni vamos a ser los últimos. Es un abandono total“, graficó Sánchez al respecto en diálogo con Qué digital.
Por como está establecido el procedimiento legal, en un primer momento, las familias debieron esperar seis meses para iniciar los trámites de presunción -que de todas maneras para víctimas de naufragios es un plazo inferior en comparación a otras desapariciones que llegan incluso a los tres años- y luego otros seis meses más en los que se publican edictos. Así, por ejemplo, se explicaban las demoras durante el primer año. Ahora, cuatro años después, la falta de respuestas para gran parte de las familias parece más que insostenible.
El perjuicio de esa demora es tan grande que meses atrás quedó evidenciado en el caso de Silvia de la Hoz, viuda de Marcelo Islas: su familia no pudo seguir afrontando el alquiler de la casa donde vivieron 21 años, la pandemia agudizó su situación y finalmente fue desalojada de la casa que alquilaban con el marinero desaparecido. “Solo necesito que firmen un papel”, exponía meses atrás a este medio.
De esta manera, la falta de una reparación económica para la mayoría de las familias es, quizás, junto a la falta de Justicia, una de las grandes deudas y falencias del Estado, que se suma al perjuicio mayor que fue la pérdida de sus seres queridos por acción u omisión de las instituciones estatales y privadas competentes.
El 17 de junio de 2017 el Repunte se hundió en las costas de Rawson con doce personas a bordo, de las cuales solo Lucas Trillo y Julio Guaymas lograron sobrevivir. En el operativo de búsqueda, hallaron los cuerpos de José Homs, Silvano Coppola y Jorge Gaddi, mientras que Gustavo Sánchez, Jorge Arias, Horacio Airala, Néstor Fabián Paganini, Claudio Islas, Isaac Cabanchik y Fabián Samite siguen desaparecidos. Desde ese día, las familias siguen reclamando justicia.
