Repunte: tres años buscando justicia y un cambio de paradigma en el Puerto
El nuevo aniversario del naufragio encontró a las incansables familias en medio de una pandemia, pero su lucha no está en cuarentena.
En los pronósticos de la postpandemia se menciona el concepto de “nueva normalidad”, pero Gabriela Sánchez y el resto de las mujeres del Repunte viven hace tres años su propia nueva normalidad, desde el 17 de junio de 2017, cuando el buque pesquero se hundió con doce trabajadores a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron. Desde ese momento el día a día de las familias cambió radicalmente, soportando las demoras en recibir asistencia, la búsqueda incesante de justicia y la lucha por cambiar justamente esa “normalidad” del Puerto marplatense, ese paradigma de los hundimientos y las condiciones de trabajo que el Repunte y sus víctimas se proponen cambiar. Tres años después, el presente de una lucha que sigue acumulando logros y objetivos a pesar del freno de la cuarentena.
Desde hace tres años que la fuerza de las locas del Repunte encontró en la calle su medio de expresión y de reclamo a las autoridades. Fue la vía a través de la cual empezaron a cambiar esas cuestiones estructurales que llevaron a naturalizar que un barco se hunda por cuestiones evitables, o que la pesca se vuelva un trabajo -todavía más- inseguro. Pero a su vez, si tal vez pudieran recorrer las calles de Rawson para que juez Gustavo Lleral les vea las caras, de la misma manera que lo hacen cada 17 de junio frente a Prefectura, los avances de una investigación inédita podrían haber sido incluso más rápidos y efectivos.
Aunque no pierden la fe, la lucidez ni la fuerza, la pandemia de coronavirus trajo consigo un freno inesperado. Desde hace tres meses que no pueden marchar, pero mientras esperan por la ampliación de las pericias al buque, homenajearán a las víctimas del Repunte desde las 14 con una transmisión en vivo desde la página de Facebook de Ningún Hundimiento Más, ese colectivo que las fortaleció frente a las estructuras del Puerto.
“La pandemia me agarró con más debilidad, con mucha incertidumbre de que no avanzaba y al no estar en la calle parecía que todo se enfriaba. La pandemia tapa absolutamente todo. Estas últimas semanas pude reflexionar y capitalizar todo lo que veníamos haciendo durante este tiempo. Para mí fue como fortalecerme otra vez”, reflexiona en diálogo con Qué Digital, Gabriela Sánchez, cara visible del colectivo formado en su mayoría por mujeres familiares de víctimas de distintos hundimientos que se consolidaron tras aquel 17 de junio.
Lo que necesitan imperiosamente las familias es que la causa penal avance con pasos significativos, pero la distancia muchas veces juega en contra. “Llevar adelante una causa a 1200 kilómetros no es lo mismo. Porque si nosotras pudiéramos marchar todos los meses en Rawson, si Lleral nos viera la cara todos los meses, por cansancio nos terminaría atendiendo. En cambio, acá logramos un montón de cosas: que se abriera el CAPPS, la Ley Repunte, los trajes de exposición. Se han logrado un montón de cosas, pero necesitamos que la causa penal avance”.
Más allá de la organización inédita y sólida que forjaron, y el intento por deconstruir de esa “cultura del riesgo” en el Puerto, entienden que para que realmente haya un antes y un después, tiene que haber una justicia que las acompañe: “Cuando un juez habla, no lo hace solo por nuestra causa, sino que les dice el resto hasta dónde pueden ir. Y no es casualidad que en ningún hundimiento haya habido una investigación hasta el final. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, Prefectura llevaba adelante las medidas de prueba pero nosotros logramos un primer avance para que lo hiciera la Armada. Y nosotros no queremos que Prefectura desaparezca, queremos que actúe como tenga que actuar. Tiene que haber un saneamiento en todas estas cuestiones”, señala Gabriela, hermana del capitán del buque, Gustavo Sánchez.
EL ÚLTIMO PASO: LA “LEY REPUNTE”
A pesar del dolor, las mujeres del Repunte se plantearon dos pilares como objetivos desde un primer momento y con una lucidez que sorprende hasta a ellas mismas: la búsqueda de justicia y cambiar la realidad portuaria. La “Ley Repunte”, como la catalogaron desde el Ministerio de Transporte tras haber puesto en funcionamiento una investigación independiente y propia de los siniestros marítimos, es parte de ese segundo pilar de su lucha.
La génesis de la conformación de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres estuvo en el dolor y la impotencia de Gabriela: tras el hundimiento no tenía más que una profunda angustia, que empezó a canalizar buscando en la web la forma en que se llevaban adelante esas investigaciones. “Estuve no sé cuántos días en los que no me moví de la computadora ni para comer. No hice otra cosa que leer cómo se hace en el mundo con los hundimientos. Ahí nace esto”, contó.
“Como toda ley no va hacia atrás, pero nuestra intención era que analizara todas las causas que se estaban investigando, pensábamos en ese momento en el San Antonino y en el Repunte porque el Rigel todavía no se había hundido. No sirve para acusar a nadie, es una cuestión técnica que tiene que servir para saber qué pasó, para prevenir”, explicó y graficó: “Nos dicen que no hubiera salido sin el impulso que le dimos. Nunca a nadie le interesó este aspecto de la investigación”.
“A veces me asombra la lucidez que tuvimos en semejante pérdida, semejante dolor. Tuvimos esa claridad para pedir que se sepa qué pasó con el Repunte y para que haya cambios estructurales. Esa unión -desde el principio- nos llevó a decir que las cosas no podrían seguir así”, continuó.
LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA, OTRO FRENTE DE BATALLA
La gestión de Mauricio Macri dejó vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia 145/19 a través del cual se establece la “modernización de la flota pesquera”, con plazos que no dan respuesta a las necesidades de renovación de las unidades que tanto piden las familias para que casos como el del Repunte no sigan sucediendo por causas evitables, como el estado de los barcos y la falta de inspecciones.
“Es muy importante y hay que tratarlo. En el Congreso se estaba tratando el proyecto de Pino Solanas. Se lo criticaba por los plazos cortos que, ante la imposibilidad de hacerlo por industria nacional, haría que entren los barcos del extranjero, que igual siguen entrando. Lo único que hizo ese decreto fue poner un freno real a la renovación de la flota pesquera. Estamos a más del doble de la media internacional. Renovar la flota, salvaguardar la vida de los trabajadores y fortalecer la industria naval tiene que ser política de Estado”, definió.
La renovación -insiste- es posible porque “es una industria que nunca pierde”, y que incluso gana si en el hundimiento hay víctimas fatales por las cuales pueden cobrar el seguro: “La concentración de capitales es cada vez mayor. Hay un grupo chiquito que controla casi todo. Se ha perdido el espíritu familiar de la banquina del Puerto. Ahora son grupos enormes. Esto está pasando hace 30 años. Ya está. Hay que sanear las instituciones. Aspiramos a que un laburante se suba a un barco, con todos los riesgos que tiene, pero que a todo ese riesgo no se le sumen barcos chatarra, modificados, que salgan en cualquier condición. Eso tiene nombres y apellidos. Siempre hay responsables”.
“SANEAR LAS INSTITUCIONES”
La “nueva normalidad” de Gabriela es mucho más que haber perdido a su hermano. Ella reconoce una y otra vez que desde aquel día es otra persona. Y parte de ese cambio lo llevó a su trabajo que, como socióloga, la llevó a cambiar su tesis doctoral hacia el campo de las relaciones de los funcionarios de la pesca, en lo público y lo privado, parte de esa “normalidad” portuaria que denuncian desde Ningún Hundimiento Más. Por eso, para Gabriela, “sanear las instituciones” también tiene que estar entre las metas a seguir. “En la pesca no hay ideología, con el gobierno que esté, vos vas a estar luchando siempre con los mismos. Eso en ninguna parte del mundo se puede, no pueden pasar de funcionarios a empresarios”, sostiene.
Esa complicidad es otra de las cuestiones que, para las familias, llevó al naufragio: “Esto es como la causa de Cromañón, es igual, por eso nosotras decimos que el cambio de carátula es importante. Acá hay estrago doloso. Hay un montón de actores que fueron sumando sus acciones para que todo terminara en el hundimiento del Repunte. (Luis) Caputo solo no hubiera podido sacar el barco en esas condiciones. Cronológicamente si el Consejo Federal Pesquero hubiera actuado bien con la justificación de inactividad del barco esto cambiaba, y así con todos los demás.
“Si mirás contra quién vas te inhibís, pero ellos no se merecen que no movamos ni un dedo. Sé que haga lo que haga no voy a recuperar la vida de mi hermano, ni la vida que teníamos antes de esto. Yo no soy la misma que hace tres años. Ahora soy otra. Es lo que pude hacer con lo que nos tocó. Y el mejor homenaje es esto, seguir trabajando para que estas cosas no se repitan y que los responsables paguen. No sé ni cuándo, ni cómo. Pero que hablen ante la justicia. Tendré subidas y bajadas pero voy a seguir. El día que no esté, alguien dirá que acá hubo un grupo de mujeres que dijeron que acá se tenía que terminar todo esto”.
LA CAUSA PENAL: LA AMPLIACIÓN DE PERICIAS Y LAS SIMILITUDES CON EL RIGEL
Luego de estar todo un año esperando los informes de las pericias realizadas al casco en diciembre de 2018 y de manera incompleta por parte de la Armada, finalmente fueron presentados a fines de 2019. Desde ese momento, las familias están peleando por la ampliación de las pericias, es decir, que las hagan con toda la tecnología que dispone la Armada o que se contrate nueva, con el objetivo de poder peritar la zona del casco hundido a 53 metros de profundidad que, según las declaraciones de los sobrevivientes, estaba dañado y produjo que el Repunte no pasara la tormenta.
Lorena Arias, además de hija de Horacio Airala, maquinista desaparecido en el Repunte, es abogada de las familias. En diálogo con Qué digital, brindó detalles sobre la causa, que a pesar de la feria judicial anunciada por la cuarentena, pudo seguir adelante en algunos aspectos de sus dos vertientes: las condiciones del barco y el operativo de búsqueda y rescate (SAR).
En cuanto a las condiciones del barco, permanecen a la espera de que los peritos contesten cuestiones técnicas del último informe pericial. Lo que no pudo avanzar, por su parte, fueron las declaraciones testimoniales, que ya están en su tramo final pero fueron postergadas por la pandemia.
En paralelo, están esperando una respuesta de juzgado en cuando a la ampliación de pericias, ya que ante el primer pedido la respuesta de Lleral fue preguntarles a las familias cómo iban a pagar ese nuevo operativo. Esta respuesta, para las familias, no se condice por un lado con la postura que adoptó al ordenar el operativo para que bajen los buzos en el Rigel, sino también por tratarse de familias que salvo una, ni siquiera empezaron a cobrar las pensiones que les corresponden.
“Pasaron tres años, estamos así y no nos pueden decir cómo vamos a hacer con el presupuesto. De dónde vamos a sacar plata las víctimas para que se hagan las pericias”, apuntó sobre la respuesta del juez Gabriela Sánchez.
Arias, por su parte, continuó: “Deseamos que el juez replantee su postura y tenga la misma disponibilidad para ambas causas. Se puede bajar a uno y a otro con tecnología. Son situaciones similares, que están prácticamente en la misma ubicación y hasta técnicamente se podrían hacer el mismo día. Todo depende de la situación del juez”, dijo y agregó sobre la rotura que declaró un sobreviviente: “Necesitamos que lo muestren para demostrar que el estado del casco no podía resistir una tormenta. Así vamos a dejar de perder tiempo hablando de la tormenta. Porque los barcos están hechos para atravesar las tormentas pero siempre y cuando estén en condiciones”.
En cuanto al accionar de Prefectura y la Armada en el operativo de búsqueda, Arias destacó la importante cantidad de documentación que recolectaron sobre el SAR: “Estamos avanzando mucho enfocadas en la figura del abandono de persona. La verdad es que no nos dan los horarios. Nosotras seguimos sosteniendo y se está comprobando en el juzgado que, hasta que no llegó el buque María Liliana y no vieron que la balsa estaba vacía, no activaron el operativo SAR, lo cual es terrible, trágico y derivó en el resultado que tuvimos. Hubo dos sobrevivientes que aguantaron más de cuatro horas en el agua. No queremos ni preguntarnos como familias qué hubiese pasado si a la hora y media hubieran llegado a rescatarlos”, cerró.
El 17 de junio de 2017 el Repunte se hundió en las costas de Rawson con doce personas a bordo, de las cuales solo Lucas Trillo y Julio Guaymas lograron sobrevivir. En el operativo de búsqueda, hallaron los cuerpos de José Homs, Silvano Coppola y Jorge Gaddi, mientras que Gustavo Sánchez, Jorge Arias, Horacio Airala, Néstor Fabián Paganini, Claudio Islas, Isaac Cabanchik y Fabián Samite siguen desaparecidos.
Desde ese día, las familias siguen reclamando justicia, apuntando contra la empresa armadora Ostramar, que en ese momento pertenecía a Luis Caputo -hoy fallecido- y su socia Marsol, y también contra el accionar de Prefectura, tanto en las tareas de inspección como en el operativo SAR.
En la cadena de responsabilidades, además, no es menor el protagonismo que le imponen al Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) por su rol de veedor de las reparaciones, como también del Consejo Federal Pesquero y las justificaciones de inactividad del buque con las que mantuvo su permiso de pesca.
