Reserva de Mar Chiquita: $3 mil de multa diarios al intendente Ronda
El juzgado que tramita hace años el amparo entendió que el jefe comunal incumple con el funcionamiento de un “comité de gestión” de la reserva de biosfera y le impuso una sanción.
Por considerar que el intendente de Mar Chiquita, Carlos Ronda, no cumple con uno de los puntos de la sentencia dictada en marzo de 2018 con respecto a la preservación de la reserva natural, la Justicia le impuso a una multa de $3 mil diarios por la falta del funcionamiento adecuado del “Comité de Gestión de Biósfera Parque Atlántico Mar Chiquito”.
La resolución fue tomada días atrás por el juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, Néstor Salas, que es quien intervine desde 2015 en un amparo presentado para la preservación de la reserva y en contra de la construcción del barrio náutico privado “Lagos del Mar”. Y se produce en medio del estado de alerta en que se encuentran los vecinos y ambientalistas por un reimpulso del proyecto del barrio privado, que ahora deberá pasar por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para realizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental, procedimiento que no se cumplió años atrás y que derivó en al intervención judicial.
La decisión del juez Salas se produce en torno al incumplimiento de uno de los puntos de la sentencia dictada en marzo de 2018 en el que se dispuso “que en un plazo de 30 días, el Sr. Intendente del Partido de Mar Chiquita, informe al suscripto en el marco de estos actuados, acerca de la conformación del Comité de Gestión de Reserva de la Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito, y que efectúe una auditoria o control sobre la totalidad de factores que pueden incidir en la preservación del ambiente, y de las eventuales medidas de mitigación que se adopten en ejercicio de las facultades que le son inherentes, a fin de llevar a cabo un eficaz ejercicio de la gestión ambiental urbana”.
Ahora, el juez entendió que si bien el comité fue creado y el gobierno informó que durante 2018 “se llevaron a cabo cinco reuniones de un Consejo Asesor Académico del Comité de Gestión” no se realizó ninguna “reunión plenaria, que es el único ámbito de toma de decisiones, donde se ejecutan acciones y se garantiza la participación comunitaria en el comité”.
“Son estas reuniones las que dan razón de ser al Comité de Gestión de biosfera. Así, e independientemente de los proyectos sobre los que se esté trabajando para la protección del ambiente, nada de ello adquiere visos de implementación en la medida en que no se lleven a cabo reuniones plenarias en las cuales -mediando participación ciudadana efectiva- se adopten decisiones vinculantes para la comunidad, referidas a los eventuales proyectos ambientales”, planteó el magistrado.
De esta manera, fue que resolvió imponerle al intendente una sanción y multa de $3 mil diarios por cada día de retardo “hasta tanto se lleven a cabo acciones que importen el funcionamiento efectivo del Comité de Gestión de la Reserva de biosfera por medio de reuniones plenarias y el sometimiento de las acciones desplegadas -en la medida que involucren a la Reserva de biosfera Parque Atlántico Mar Chiquita-, a su conocimiento y decisión”.
Según dispuso, el dinero deberá depositarse en cuenta judicial y quedará a disposición de la Secretaría de Asuntos Docentes del Partido de Mar Chiquita.
Los vecinos y ambientalistas, tras esta resolución afirmaron que presentarán una denuncia “por desobediencia e incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.
Tras conocerse la resolución, el gobierno emitió un comunicado en el que puntualizó que “el Municipio aportó toda la documentación de la labor realizada por dicho comité, pero el juez Salas consideró que no fue suficiente”. E informó: “No estando de acuerdo con la resolución el Municipio apelará y será la Cámara u órgano superior quién tendrá que resolver. Respecto a la información que circuló, sobre el incumplimiento de deberes de funcionario, aclaramos que esto no forma parte de la resolución ni fue un tema sobre el cual se haya expedido el juez”.
Asimismo, desde el gobierno señalaron que “la resolución tampoco trata ni modifica la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, la cual permite el estudio de impacto ambiental”.
