Rigel: a 41 meses, recibieron presupuestos de empresas para realizar el operativo
El gobierno pidió presupuestos a 10 empresas para cumplir con la orden judicial y dos ya respondieron que cuentan con el equipamiento para que bajen los buzos.
A 41 meses del hundimiento del buque pesquero Rigel, familiares viajaron a la localidad de Rawson donde mantuvieron una audiencia con el juez a cargo de la causa penal que investiga el naufragio y tomaron conocimiento que el gobierno recibió al menos dos presupuestos de empresas que cuentan con la tecnología necesaria para cumplir con la orden judicial para que bajen los buzos.
A 41 meses del hundimiento del buque pesquero, la familia sigue navegando entre los tres frentes que hoy en día mantiene abiertos, al menos en términos judiciales: la causa penal que investiga lo sucedido, la orden del Juzgado Federal de Rawson para que el gobierno realice el operativo, y la causa por las tareas de espionaje ilegal de las que fueron víctimas durante el gobierno de Mauricio Macri.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Rawson, Gustavo Lleral, recibió a un grupo de familiares que, como vienen realizando desde un primer momento, acuden a su despacho en búsqueda de novedades en torno a la causa penal en etapa de instrucción y caratulada como “averiguación de ilícito”, y también a un objetivo directamente relacionado con ella: la orden para que bajen los buzos, realicen inspecciones y recuperen los restos de los tripulantes.
Al respecto, Guillermina Godoy, mamá de Nahuel Navarrete, contó en diálogo con Qué digital que desde el Juzgado tomaron conocimiento que el gobierno, luego de importantes demoras, pidió presupuestos a diez empresas internaciones para saber sus requerimientos y la capacidad tecnológica de realizar las inspecciones en el casco, ubicado a 93 metros de profundidad, tareas tasadas en alrededor de un millón y medio de dólares
En ese marco, hasta hace pocos meses atrás seis empresas ya habían respondido la solicitud del gobierno nacional, entre las que se encuentra Ocean Infinity, la que estuvo a cargo de la búsqueda del submarino ARA San Juan, aunque carece de equipos de buceo de saturación.
En ese sentido, al menos en primera instancia el dato relevante es que dos de las empresas sí respondieron que cuentan con el equipamiento necesario: T&T Salvage (Estados Unidos), y Resolve Marine Group (Estados Unidos). Antes de avanzar en alguna definición, todavía resta conocer las respuestas de las cuatro empresas que -hasta donde tiene conocimiento las familias- aún no contestaron.
“Cuesta tener tanta paciencia pero ya se comunicaron con empresas para que se cumpla esta orden desde Jefatura de Gabinete de Ministros. Hay empresas que ya han respondido y constan en la causa penal. Fue importante el venir para acá para tener todo esto”, explicó Godoy en diálogo con Qué digital.
“El juez dijo que todo esto se debe a nuestra lucha, que con todo esto estamos cambiando la historia, por nuestros hijos. Todo es poco lo que podamos hacer por ellos. No estamos solos pero nos cuesta. Y sentar un precedente de este tipo, que bajen los buzos es para que no haya ni un desaparecido más“, reflexionó.
La orden, firmada el 8 de octubre de 2019 por el juez Gustavo Lleral, establece que el gobierno “arbitre todos los medios necesarios” para realizar “una completa inspección interna y externa” del buque, y como parte de ella la recuperación de los cuerpos que hayan quedado atrapados en el casco. Desde entonces, las familias esperan que se cumpla con la orden que, además, puede permitir avances importantes en la causa penal.
En cuanto a la causa por espionaje ilegal, los familiares estuvieron presentes el pasado 28 de octubre en Dolores, en la tercera de las convocatorias a prestar declaración indagatoria a la que asistió el expresidente Mauricio Macri, imputado en el marco de la investigación por el accionar ilegal desplegado contra familiares de víctimas de hundimientos como el ARA San Juan, el Repunte y el Rigel.
En ese marco, lamentaron que este viernes no podrán asistir a la audiencia que se llevará a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en la que el camarista Alejandro Tazza escuchará las razones de Pablo Lanusse, abogado de Macri, en torno a un segundo pedido de apartamiento del juez que lleva adelante la causa en Dolores, Martín Bava.
No obstante, sí estarán en la ciudad el sábado, donde se espera que reciban una copia resumida del informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que es presidida por el diputado Leopoldo Moreau, quien un mes atrás se reunió con los familiares en Mar del Plata.
