Rigel: perdió a su hijo en el mar y Prefectura la denuncia por injurias
Guillermina Godoy es la mamá de uno de los ocho tripulantes desaparecidos. Hoy, a 17 meses del naufragio y mientras espera que bajen los buzos, enfrenta una causa penal.
Guillermina Godoy se convirtió, hace 17 meses y sin quererlo ni buscarlo, en la cara visible de un reclamo atravesado por el dolor y la injusticia; es también quien encabezó y todavía lo hace, junto a otros familiares, marchas y reuniones en busca de justicia pero no solo para su hijo – Nahuel Navarrete, uno de los ocho tripulantes desaparecidos tras el naufragio del buque pesquero Rigel– sino para todos los desaparecidos en el mar.
Sin embargo, e insólitamente -porque fue solo gracias a la insistencia y la lucha de los familiares que se logró, recién el mes pasado, que la Justicia federal ordenara que los buzos desciendan en busca de los cuerpos– hoy es ella quien enfrenta una causa penal.
Es que, Prefectura la denunció por injurias, por el solo hecho de apuntar hacia la fuerza como responsable “por acción u omisión” de la desaparición de los marineros. Y sin embargo, en la causa por el hundimiento y la desaparición de los tripulantes del Rigel, todavía no hay culpables o siquiera avances, ya que pese a la orden de la Justicia, los buzos todavía no bajaron.
Este viernes, a horas de cumplirse 17 meses del hundimiento del buque, Guillermina volvió a salir a la calle y a reclamar que, tal y como ordenó hace un mes el Juzgado Federal de Rawson -a cargo de Gustavo Lleral- el gobierno nacional “arbitre todos los medios necesarios”, ya sea el propio Estado o terceros, para realizar “una completa inspección interna y externa” del buque, y como parte de ella, avance de cara a la recuperación de los cuerpos que hayan quedado atrapados en el casco.
Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y muy por el contrario, esta nueva conmemoración del hundimiento del buque encontró a Guillermina –y también a su hijo Mateo Navarrete– denunciada penalmente por el prefecto mayor Gabriel Cartagénova, una de las autoridades de la Prefectura Naval Argentina (PFA).
“Tengo una denuncia penal en el fuero federal por parte del mayor Gabriel Cartagénova por injurias, por gritarle ‘asesino’, cuando como yo siempre digo por acción u omisión de él, yo estoy acá y no tengo a mi hijo”, resumió Guillermina, en diálogo con Qué digital.
Con la bronca y el dolor ante una injusticia de tal magnitud, y con la desesperación también del paso del tiempo y de la falta de avances -porque los buzos siguen sin descender en busca de los cuerpos- la mamá de uno de los tripulantes desaparecidos cuestionó duramente lo sucedido y dijo sentirse perseguida.
“Estoy denunciada penalmente por manchar el buen nombre y honor de un prefecto. Y no solo yo, está mi otro hijo también. Ya me sacaron un hijo, que no me toquen otro”, advirtió respecto a la situación y en ese marco, enfatizó: “Terminamos las víctimas siendo victimarios, por eso nuestra consigna es que las víctimas son ellos (los desaparecidos) no Prefectura, no el Estado; ellos tienen que responder”.
Notablemente conmocionada por lo sucedido, y sin comprender todavía cuál fue su “delito” – no hizo más que defender a su hijo, pedir justicia e intentar recuperar los cuerpos– Guillermina entendió que el problema es, en realidad, que el reclamo expone, de muchas formas, las falencias operativas y la falta de control dentro de la misma fuerza.
Mateo Navarrete, durante el acampe que sostuvieron en el centro. Detrás, su mamá, Guillermina (Foto: archivo / Qué digital)
“Esto molesta, esto no gusta; que el juez mande a hacer pericias internas y externas, la recuperación de los cuerpos, eso plantea un abandono de persona, habla de la inoperancia y la ineptitud de Prefectura. Yo al único que le debo respeto es a mi hijo y a los que han desaparecido. Por eso vamos a seguir”, sumó y dijo que la semana próxima se reunirán con un abogado para analizar los pasos a seguir: “Ellos tienen un uniforme y yo tengo la lucha y el dolor de haber perdido a mi hijo”.
UNA LUCHA QUE NO CESA: QUE BAJEN LOS BUZOS
Por fuera de lo expuesto en relación a la denuncia penal, los familiares de la tripulación del Rigel todavía esperan que el gobierno nacional ejecute la orden judicial y arbitre los medios para realizar la inspección del pesquero y la recuperación de los cuerpos.
“Alguien se tiene que hacer a cargo, hay que ejecutar la orden. Peleamos 16 meses por una orden, hoy está la orden, pero seguimos pidiendo que bajen los buzos”, criticó Guillermina y en ese sentido aseguró que tras haberse avanzado con todos los reclamos por la vía legal, y teniendo en cuenta que la orden fue emitida en carácter de urgente “si no responden se van a declarar en rebeldía”.
“Vamos a esperar una semana para que el Ejecutivo responda, diga en qué condiciones está y qué informe respecto a por qué no hacen lo que tienen que hacer. Y si no se declararían en rebeldía para el Juzgado”, completó y pidió celeridad, porque de no avanzarse antes de marzo o abril, las condiciones meteorológicas no permitirán que se hagan las inspecciones.
“Nuestro tiempo es limitado. Está la orden y ellos están declarándose en rebeldía, desoyendo la orden de un juez federal. Veremos cómo acciona el abogado también, porque acá hay responsables y culpables. El Estado no cumple con su rol y a 30 días de la orden urgente impartida no da respuestas”, finalizó.
