Se inició la prometida mesa de diálogo por la crisis en las cárceles
Estuvo encabezada por el ministro de Justicia Alak y el presidente de la Suprema Corte. Descomprimir las unidades ante una “sobrepoblación récord”, el principal reclamo.
El acuerdo de formar una mesa de diálogo que la semana pasada puso fin a la huelga de hambre que se había iniciado en la Unidad Penal N°15 de Batán -así como en otras cárceles de la provincia- se cumplió y este jueves el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, encabezó una reunión de la que también participaron el presidente de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari, y representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos su presidente Adolfo Pérez Esquivel.
La reunión de la mesa de diálogo que había sido prometida la semana pasada a los familiares de los detenidos que iniciaron la medida de protesta pacífica en distintos penales bonaerenses -entre ellos el de Batán- de llevó a cabo este jueves bajo el objetivo de “abordar la dramática situación que viven las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires” y la “grave crisis humanitaria que atraviesa el sistema de encierro”, de acuerdo a lo expuesto desde la CPM.
:: La CPM acompañó la puesta en marcha de la mesa de diálogo por la grave crisis carcelaria ::
El presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel participó del espacio impulsado el Ministro de justicia bonaerense Julio Alak.https://t.co/BqRXusFusy pic.twitter.com/dicFz5gYVF
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) December 19, 2019
Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, participó de la reunión y expuso ante las autoridades que resulta “imprescindible descomprimir las cárceles bonaerenses que tienen una sobrepoblación récord y un hacinamiento que genera condiciones inhumanas de detención, así como también luchar contra la tortura adentro de las cárceles.”
La CPM aportó información propia sobre el estado de situación que se desprende del trabajo realizado en las últimas semanas, en el marco de un plan de monitoreo de emergencia que el organismo desplegó inmediatamente después de conocerse las primeras huelgas.
Frente a este estado de gravedad que exhibe el sistema, el ministro Julio Alak sostuvo que “es imposible sostener esta política criminal” lo cual fue celebrado desde la CPM: “El ministro reconoce una de las causas fundamentales del colapso penitenciario que está íntimamente vinculado con una política punitivista que en los últimos años se promovió y profundizó desde todos los poderes del Estado”.
Asimismo, el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lazzari, expresó que “el poder judicial debe trabajar en serio para solucionar el problema”.
Por su parte, la CPM se presentó ante las autoridades como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y planteó, como primera propuesta, sumar a la mesa de diálogo a representantes de personas privadas de libertad y a las organizaciones de familiares.
La CPM también expuso que sería muy importante que la mesa no sólo aborde el tema de la sobrepoblación sino también el de la tortura sistemática. Además se planteó el rechazo a la propuesta –realizada por la Suprema Corte– de trasladar detenidos a cárceles provinciales o federales.
Finalmente, el organismo planteó que mientras el proceso de la mesa de diálogo avanza y logra afianzarse con cuestiones concretas y puntuales, hay actores que pueden tomar “medidas importantes”. Por ejemplo, plantearon que el procurador provincial Julio Conte Grand derogue resoluciones que, según remarcaron, “contribuyen a la sobrepoblación” o que el Tribunal de Casación “dicte plenarios adecuando a los estándares del sistema interamericano”.
De acuerdo a lo informado, el subsecretario de política criminal, Lisandro Pellegrini, será el coordinador de la mesa de diálogo, de la que participarán los jueces y el defensor del Tribunal de Casación, el Procurador General, la Defensoría del Pueblo, el arzobispado de La Plata, senadores y diputados, jueces de primera instancia, representantes de universidades, organizaciones no gubernamentales y comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
Además del presidente Adolfo Pérez Esquivel, por la CPM estuvieron presentes el secretario ejecutivo Roberto Cipriano García, la directora general de áreas, Sandra Raggio, y los directores Rodrigo Pomares y Marcelo Iafolla.
