Sin avances en la expropiación, la cooperativa Nuevo Amanecer otra vez en alerta
La sindicatura de la quiebra volvió a exigir el pago de un canon locatario que desde la empresa recuperada califican como “impagable”.
La falta de concreción del proceso de expropiación por parte del gobierno bonaerense y la falta de sanción por parte de la Legislatura provincial de la prórroga de la ley que declaró en 2014 los bienes sujetos a expropiación derivó en que nuevamente la cooperativa láctea Nuevo Amanecer de Mar del Plata y Tandil se encuentre en una situación de incertidumbre y “alerta”. Es que la sindicatura de la quiebra volvió a la carga desde la Justicia con la exigencia del pago de un canon locatario, a modo de “alquiler”, por los dos predios hoy destinados a la producción.
El conflicto es el mismo que el que atravesó la cooperativa a principios de 2020 cuando la falta de avances en la definitiva expropiación de los dos predios donde actualmente se concentra la producción derivó en un reclamo de la sindicatura para que se abonara un canon locatario por el uso de las instalaciones.
Ahora, dos años después, el reclamo de la sindicatura es el mismo teniendo en cuenta que el gobierno provincial no terminó los trámites correspondientes para ejecutar la expropiación e incluso una prorroga por otros cuatro años de la ley 14.663 que en 2014 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles con sus instalaciones y maquinarias de Mar del Plata y Tandil sólo recibió media sanción en 2020 por parte de la Cámara de Senadores y nunca avanzó en Diputados.
La novedad del reclamo de la sindicatura fue conocida en los últimos días por la cooperativa en el marco de una audiencia que se llevó adelante ante el Juzgado Civil y Comercial N°12 de Mar del Plata, a cargo de Andrea García Marcote. “Empezamos de nuevo con la rutina y la pelea como sucede hace diez años”, lamentó al respecto Fabio Pandiani, presidente de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer.
“La sindicatura nueva tomó una posición de un canon locatario por haberse caído la ley de expropiación y la prórroga de la misma porque no se votó en Diputados”, explicó y detalló que existe una ley sancionada en abril por medio de la cual se declaró la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio bonaerense por un año y se suspendió durante ese período “todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas”, aunque la sindicatura y la jueza sostienen que no incluye la cuestión locataria.
“La sindicatura pretende que paguemos un canon locatario muy elevado para la situación de la cooperativa que podría hacer peligrar nuestro proceso económico y lo que venimos trabajando por el crecimiento de los puestos de trabajo, la calidad de la producción y la vinculación social”, advirtió el referente de la empresa recuperada que actualmente emplea a más de cien socios. Concretamete, desde la cooperativa plantearon que sería “impagable” para su situación actual.
Al remarcar la preocupación generada, Pandiani reparó en que más allá de la situación económica y cómo podría impactar el canon en ello, la estructura de la cooperativa va más allá, porque también impulsa un importante proyecto social que incluye, entre numerosas iniciativas, contar con una escuela y un bachillerato popular para la finalización de estudios, además de estar en permanente trabajo coordinado con movimientos sociales y diversas dependencias y estamentos del Estado.
El extenso proceso por conseguir la expropiación iniciado tras la sanción de ley de 2014 incluyó a fines de 2019 la presentación de un amparo por mora en la ejecución de la norma contra la Provincia a través del cual el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 hizo lugar al pedido e instó a la Provincia a que en 20 días resolviera el reclamo de los trabajadores, para asignar la partida presupuestaria necesaria. Sin embargo, con ello el trámite tampoco avanzó.
